Todas las personas estamos hechas de la misma pasta y da igual que nuestra tendencia política se decante hacia la izquierda, el centro o la derecha. Todo ser humano es capaz de lo mejor y también de lo peor, sin importar su afiliación política o los ideales que marcan el rumbo de su vida. Por eso, no nos debe extrañar el cambio de actitud que algunas personas experimentan ante la posibilidad de alcanzar un protagonismo político o el giro radical que dan a sus vidas cuando son investidos con algún cargo político, sindical o empresarial.
Ahí tenemos los gravísimos casos de corrupción que salpican a los dos grandes partidos, y otros menos conocidos que afectan a las demás agrupaciones políticas y sindicales, o esos injustificables cambios de criterio a la hora de elegir una vivienda, dar un cargo ministerial a la madre de sus hijos, colocar a un miembro del legislativo al frente de la fiscalía, reformar el código penal en los casos de sedición o de priorizar la eutanasia ante el problema crucial del desempleo.
Si somos capaces de mirar en nuestro interior, seremos sabedores de nuestra propia mezquindad y ya no nos atreveremos a juzgar a los demás. Si nosotros estuviéramos en su misma situación, si nos jugáramos el pan que alimenta a los nuestros, también seríamos capaces de extorsionar a un compañero de partido para subir más arriba en la lista y ser así elegido coordinador, concejal o diputado.
Eso sí, que tratemos de justificar a la persona, siendo conscientes de nuestra propia debilidad, no significa que su vil acción no deba ser reprobada y sancionada según marque la ley. Obrando así, aplicando el justo castigo, estaremos ayudando a esa persona para que sea consciente de su mala acción y pueda, de este modo, rectificar y recuperar el buen rumbo que es el que nos hace verdaderamente felices.


El Gobierno progresista de Pedro Sánchez nos está sorprendiendo más cada día que pasa. Muchos pensaban que derogaría la ley de educación, aprobaría la eutanasia, subiría pírricamente las pensiones o que incrementaría de forma mísera el sueldo a los funcionarios. Pero se ve que el progresismo de nuevo cuño es creativo a más no poder y es capaz de asombrar a todas y a todos. Y ahí tenemos la amonestación financiera al Gobierno Andaluz, el requerimiento judicial a la Consejería de Educación de Murcia, el nombramiento de una ministra socialista como fiscal general del Estado, el pacto de los presupuestos navarros con Bildu, el cambio de ley para reducir la pena en los delitos de sedición, la reunión con un presidente autonómico sancionado por la Junta Electoral Central, el rechazo a que una comisión europea investigue los asesinatos de la banda terrorista ETA aún sin resolver…
Este Gobierno de extremo progreso es un especialista en jugar con medias verdades para conseguir el beneplácito de la opinión pública. Dijo que en su nuevo proyecto de ley el área de religión sería de elección voluntaria por parte de las familias, cuando ya lo viene siendo desde hace cuarenta años. Ahora nos viene con la exaltación de las actividades complementarias escolares, como si fueran el único momento donde los discentes reciben educación en el respeto, la igualdad, la libertad, la solidaridad… Unas sesiones que suelen ser impartidas por personal no docente y ajeno al centro escolar, con unos objetivos y contenidos que no aparecen descritos en la Programación General Anual y, por lo tanto, desconocidos para las familias, los docentes y el alumnado.
Este Gobierno progresista se cree de verdad que tiene el derecho primigenio para educar a los menores de este país. Y ese ilegítimo derecho nace de una soberbia desorbitada, pues piensa que puede realizar esa labor educativa mejor que las propias familias. En vez de programar un plan de formación familiar que dote de herramientas eficaces a los padres, ha decidido inundar las aulas de actividades complementarias y académicas que abarquen una educación integral (e ideológica) que, a buen seguro, se quedará coja sin la colaboración de los progenitores.
Nuestra ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá, lo tiene más que claro: “Los hijos no pertenecen a los padres”. Por eso, será este Gobierno progresista el que ejercerá la patria potestad por mandato legislativo, y también judicial, y velará con un “amor de Estado” por que los derechos de los menores no sean menoscabados por sus padres; esos seres interesados que solo buscan su propio bien y jamás el de los hijos que han parido.
Resulta indignante el descaro que muestran algunos miembros de este nuevo Gobierno progresista ante las interpelaciones incómodas de los periodistas. Ahí tenemos al vicepresidente Pablo Iglesias que, ante la pregunta de Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, de qué le parecía que su pareja también formara parte de este Gobierno, respondía que ya estaba bien de discriminar a las mujeres por el hecho de serlo o por ser parientes de determinados hombres. ¿Será posible semejante majadería? Pues no, señor Iglesias. La crítica sería la misma si usted hubiera colocado en este Gobierno a cualquier miembro, que no miembra, de su familia. Sí, y si su pareja, en vez de ser Irene Montero, fuera un noble y capaz varón, también hubiera sido recriminado por enchufismo dictatorial.
Algunos ciudadanos están perplejos por la falta de espíritu crítico existente entre los diputados socialistas ante las continuas y graves contradicciones de su líder Pedro Sánchez. Y todo es por su falta de libertad, pues el que se mueva no saldrá en la foto. Y todo porque algunos dirigentes políticos no saben hacer otra cosa, su currículo no da para más, y quedarse fuera del Parlamento puede suponer engrosar las listas del paro hasta el día de su jubilación.