La otra crisis: Fariseísmo abortivo

           Irene Montero, nueva ministra de Igualdad y actual pareja del vicepresidente Iglesias, ha decidido reformar la actual ley del aborto para permitir de nuevo que las chicas de dieciséis y diecisiete años puedan abortar sin contar con el consentimiento de sus progenitores. Y claro, algunos seguidores del expresidente Rajoy se han rasgado las vestiduras ante semejante barbaridad. ¡Menudo escándalo más que progresista!

            Los que ahora critican esta iniciativa de la señorita Montero, olvidan cuál fue el motivo de la dimisión del ministro Gallardón cuando el Gobierno de Rajoy contaba con la mayoría absoluta. Rajoy decidió que la ley de Zapatero, la que considera el aborto como un derecho y no como un delito despenalizado en tres supuestos, debía perdurar por siempre. Y se negó a que la nueva ley prevista por Gallardón, la que negaba ese vil derecho y que fue aprobada por unanimidad por su Consejo de Ministros, iniciara su periplo parlamentario. Rajoy renunció a cumplir con una de sus promesas electorales, Gallardón dimitió por coherencia y dignidad, y se sacaron de debajo de la manga esa ridícula reforma del consentimiento paternal para las menores de edad.

            Algunos se escandalizan ahora, cuando el verdadero escándalo lo fraguó la cobardía de un gobierno popular que no se atrevió a derogar ni una sola de las leyes progresistas de Zapatero. ¡Qué vergüenza!

La otra crisis: El mercantilismo de Correos

          Es admirable la cultura religiosa que tienen en la oficina de correos de mi ciudad. A diferencia de muchos, saben que el tiempo litúrgico de Navidad finaliza el domingo siguiente a la celebración de la Epifanía, con el Bautismo de Jesús, que este año cae el domingo, 12 de enero. Por eso, no les ha pesado lo más mínimo entregar las felicitaciones navideñas de sus humildes clientes, enviadas a mediados de diciembre, durante los días 9 y 10 de enero. Y es que… ¡aún era Navidad!

            Eso sí, los paquetes que Papá Noel y sus Majestades mandaron a través de Amazon llegaron puntuales al máximo y sin queja ninguna. Ahí se ve qué mueve hoy en día a Correos y cuáles son sus prioridades. Y es que, aunque sea Navidad, “la pela es la pela”.

La otra crisis: Religión y falsedad

            Los dos partidos progresistas que forman el nuevo Gobierno de España han decidido que la asignatura de religión sea de elección voluntaria por parte del alumnado, no tenga alternativa y no compute para el boletín de notas. Y con solo esta propuesta ya queda más que patente su incapacidad para gobernar este país.

            Resulta que existen unos acuerdos “inter Apostolicam Sedem et Nationem Hispanam”, firmados en el año 1979, donde en el Artículo II del segundo acuerdo se afirma lo siguiente: “Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”. ¿Será verdad que ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias son sabedores de esta realidad educativa pretérita? ¿O más bien pretenden aprovecharse de la buena fe de las personas desconocedoras de esta verdad, para que vean comprensible la degradación que va a sufrir esta asignatura?

            La asignatura de religión es voluntaria desde hace cuarenta años, y no por el explícito deseo de la coalición progresista que nos pretende gobernar, y se incumplirán los acuerdos de carácter internacional si se la trata de forma discriminatoria con respecto al resto de asignaturas, eliminando una alternativa que también tiene valor académico.

            Queda clara la pretensión de este nuevo gobierno: transformar la asignatura de religión en una especie de actividad extraescolar que acabe desapareciendo por inanición. Pero la solución está en nuestras manos, en la de los profesores de religión que han de lucirse aún más si cabe y en la de las familias que, aunque suponga un plus de esfuerzo, han de seguir matriculando a sus hijos en esta asignatura. Es mucho lo que está en juego, de ahí el empeño ciego de todos aquellos que no creen ni en la verdad ni en la libertad.

La otra crisis: ¿Generosidad sin justicia?

            Si la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, la generosidad será ir aún más allá y colmar con creces lo que en justicia nos es merecido. Por eso, cuando el nuevo Gobierno de España afirma que va a aumentar hasta un 5% del PIB el presupuesto dedicado a la Educación, nos quiere vender una generosidad que no es tal. En este caso solo podemos hablar de propaganda y del mantenimiento de una ideología progresista que solo trata de beneficiar a la escuela pública.

Este nuevo Gobierno atenta contra la justicia, contra el derecho que toda familia tiene para elegir en libertad la educación que desea para sus hijos, ya sea pública o privada. Si al final solo prevalece un tipo de educación, la escuela pública y laicista, desaparece la libertad. Para que esta exista, las familias sin recursos también han de poder elegir.

            Este nuevo Gobierno nos quiere vender una generosidad sin justicia, una falacia dictatorial que se asemeja a aquel otro totalitarismo que adormecía a sus súbditos con “circo y pan”.

La otra crisis: Un boicot político surrealista

            El día 3 de diciembre se constituyen las Cortes y también se formará la Mesa del Congreso. Y Vox, la tercera fuerza política en estas últimas elecciones generales, se va a quedar fuera de esta Mesa porque así lo ha decidido Pedro Sánchez, sus socios de extrema izquierda y también los partidos separatistas.

            Esto parece el mundo al revés, pues los partidos políticos que desean y jalean la derogación de nuestra Constitución, el cambio del sistema parlamentario y la proclamación de una república y la desmembración de España en diferentes estados nacionales son los que llevan la voz cantante en el Congreso y los que van a decidir que Vox, un partido que aboga por el cumplimiento de las leyes, por la unidad de España y la aceptación del marco constitucional, quede excluido del órgano rector de la Cámara Baja. Ver para creer.

            Y no nos engañemos, pues si esto mismo lo hubieran hecho Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, impidiendo la presencia de Podemos, no faltarían ya los altercados callejeros, las amenazas sindicales y hasta el anuncio de una huelga general indefinida. Porque la extrema izquierda solo concibe una cosa: regentar el poder, ya sea por las buenas, con la fuerza de los votos, o por las malas, con “la fuerza del pueblo”. Y ahí tenemos, por desgracia, el ejemplo de algunos países sudamericanos, donde la derecha ganó las elecciones y la izquierda ha decidido “asaltar” el poder al precio que sea, con el uso de la violencia y cueste el tiempo que cueste.

La otra crisis: Conversión de género

            Era el primero que se ponía la pulsera morada y exigía que todo el mundo, mujeres y hombres, firmaran los manifiestos que denunciaban el trato denigrante que las mujeres habían sufrido a lo largo de la historia por culpa de esta sociedad patriarcal. Y por supuesto, estaba a favor de la discriminación positiva de la mujer y de la criminalización del hombre, por el mero hecho de serlo, prevista en la ley de violencia de género del presidente socialista Rodríguez Zapatero.

            Una tarde llamó alguien a su puerta y al cabo de unos minutos salió de su casa esposado, camino del calabozo. Tiempo después, pudo demostrar que la denuncia interpuesta por esa mujer era falsa, pero quedó marcado para siempre por la vergüenza y la constante sospecha de los desconfiados.

            Pasaron los meses, llegó otro 25 de noviembre, y esta vez solo se le ocurrió leer los programas electorales de los diferentes partidos políticos, a ver si alguno de ellos tenía prevista la derogación de esa ley desigualitaria aprobada por Zapatero y ratificada por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

La otra crisis: Ignorancia perpetua

          El sistema penitenciario español optó en su día por conseguir la reinserción social de las personas encarceladas. Se basa en la creencia cierta de que todos, si encontramos una motivación justa, – y también si nos da la gana-, podemos cambiar y aportar nuestro granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor donde vivir.

            Por eso, los que en nuestro país defienden ciegamente la cadena perpetua demuestran su falta de formación antropológica y un desconocimiento propio alarmante. Más aún, alardean de una superioridad moral henchida de soberbia. Pues, como bien dijo san Agustín en sus Confesiones, “no hay pecado ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi fragilidad; y si aún no lo he cometido es porque Dios, en su misericordia, no lo ha permitido y me ha preservado del mal”. Ahí queda eso para los que quieran leer.

La otra crisis: Toma de desposesión

       Dentro de nada, todos los políticos electos quedarán en evidencia cuando en el Congreso de los Diputados sean interpelados con estas palabras: “¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?”. Si nuestra clase política fuera seria, consecuente y respetara las normas establecidas, su respuesta solo debería contener dos palabras, con dos posibles opciones: “Sí, juro” o “Sí, prometo”. Si nuestro Parlamento fuera serio y su autoridad no fuera cuestionada y tomada a pitorreo, su presidencia consideraría como un “no” a toda respuesta que no se ciñera al protocolo establecido, perdiendo el político de turno la posibilidad de ocupar su escaño hasta que no cediera en su empeño colorista, independentista, progresista, nacionalista o republicano.

            España no se puede permitir que los primeros que incumplan las normas sean sus representantes políticos. El Parlamento pierde toda su credibilidad ante el pueblo español y el resto de países democráticos cuando algunos de sus políticos maltratan y se mofan de la Constitución y de nuestra Monarquía Parlamentaria sin sufrir represalia alguna por ello. ¿Que no estás dispuesto a contestar con un simple “sí, juro” o con un “sí, prometo”? Pues deja el móvil, la Tablet y la nómina y, como diría mi padre, ¡vete a tu pueblo!

La otra crisis: Adiós a la libertad de educación

            Muchos son los que se han escandalizado al escuchar las declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas. Allí se atrevió a afirmar que el derecho de las familias para elegir el centro educativo no viene refrendado en la Constitución. Porque según ella, una cosa es la libertad de educación, la posibilidad de abrir un colegio o matricularse donde cada uno le venga en gana si tiene dinero para ello, y otra bien distinta es la libertad de elección utilizando unos recursos públicos que son limitados.

            Pues resulta que la frustración de tantos ante las palabras de la señora Celaá se debe a la ignorancia o a la falta de información. Lo único que ha hecho es recordar un aspecto que la LOMLOE recoge. ¿Que qué es eso de la LOMLOE? Pues la ley educativa socialista que deroga la LOMCE del Partido Popular y modifica la LOE de Zapatero. Una ley que fue aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, 15 de febrero de 2019 y que aún no ha entrado en vigor, pues las Cortes se disolvieron enseguida al convocarse las elecciones generales en el mes de abril.

            Esta ley, en su artículo 109, deja de considerar la demanda social como uno de los motivos para seguir con los conciertos educativos en los centros privados y establece el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se prioriza el llenar las aulas de los colegios públicos, para aprovechar sus recursos, y que los centros privados solo recibirán el concierto económico si sus aulas son precisas para acoger a todos aquellos alumnos que la pública no pueda asimilar. Así de claro.

            Lo único que ha hecho la ministra Celaá es anunciar lo que va a venir y que ya quedó aprobado como ley: la desaparición de la libertad de elección de centro por la asfixia económica que van a sufrir todos los colegios privados concertados. Porque los progresistas, que se creen dueños y señores de lo público y dotados de una inteligencia superior, tienen claro que el que quiera una educación diferente a la que ellos ofertan a través en la enseñanza pública, la tendrá que pagar de su propio bolsillo. ¿Y qué pasa entonces con las familias sin recursos? ¿Dónde queda la libertad educativa para esas familias? ¿Será que quieren retomar la ya superada “lucha de clases”?

            Eso sí, ahora que ninguna de esas familias que llevan a sus hijos a colegios concertados, y que han votado “progresista”, se quejen lo más mínimo. Y aún menos los profesores de la concertada que gracias a su voto siniestro se van a ir al paro. Cada uno tiene lo que se merece, ¿o va a ser que no?

La otra crisis: Nacionalismo electoral

            Cada vez son más los catalanes, vascos, navarros, gallegos, valencianos, canarios, turolenses, cántabros… que optan en primer lugar por su tierra, por defender lo suyo y hacer valer sus intereses particulares, sin ser conscientes de la interdependencia que existe entre todas las comunidades autónomas españolas.

            Tal es el afán independentista de algunos, que parece que les va la propia vida en ello. Como si eso de pertenecer a España fuera una auténtica desgracia o les impidiera desarrollar todo su potencial económico, social y cultural. Y esa desesperación, que es inexplicable en nuestro actual estado de derecho, hace que algunos estén dispuestos a utilizar la violencia y la coacción para hacer realidad ese sueño que, en el caso de conseguirlo, sería más bien efímero.

            Ante esta insistencia nacionalista ciega, irracional, terrorífica y palurda, está la tentación de dejarlos ir, de concederles esa anhelada independencia y dejar que se hundan del todo cuando se topen de frente con la cruda realidad. Pero esto no es posible, pues además de que la ley está para cumplirse, no podemos olvidar que en esos territorios hay innumerables personas que piensan diferente, que están orgullosas de su comunidad y de su país. Y esas personas, si los independentistas se salieran con la suya, serían las siguientes en padecer su violencia desaforada y no les cabría otra que marcharse de su hogar o vivir un auténtico calvario.

            Por eso, el próximo Gobierno de España tendrá que imponer el orden constitucional con la ley en la mano, pues su deber primero es velar por los derechos y deberes de todos los españoles y mantenerse firme para que no cunda el caos independentista.