Irene Montero, nueva ministra de Igualdad y actual pareja del vicepresidente Iglesias, ha decidido reformar la actual ley del aborto para permitir de nuevo que las chicas de dieciséis y diecisiete años puedan abortar sin contar con el consentimiento de sus progenitores. Y claro, algunos seguidores del expresidente Rajoy se han rasgado las vestiduras ante semejante barbaridad. ¡Menudo escándalo más que progresista!
Los que ahora critican esta iniciativa de la señorita Montero, olvidan cuál fue el motivo de la dimisión del ministro Gallardón cuando el Gobierno de Rajoy contaba con la mayoría absoluta. Rajoy decidió que la ley de Zapatero, la que considera el aborto como un derecho y no como un delito despenalizado en tres supuestos, debía perdurar por siempre. Y se negó a que la nueva ley prevista por Gallardón, la que negaba ese vil derecho y que fue aprobada por unanimidad por su Consejo de Ministros, iniciara su periplo parlamentario. Rajoy renunció a cumplir con una de sus promesas electorales, Gallardón dimitió por coherencia y dignidad, y se sacaron de debajo de la manga esa ridícula reforma del consentimiento paternal para las menores de edad.
Algunos se escandalizan ahora, cuando el verdadero escándalo lo fraguó la cobardía de un gobierno popular que no se atrevió a derogar ni una sola de las leyes progresistas de Zapatero. ¡Qué vergüenza!

Es admirable la cultura religiosa que tienen en la oficina de correos de mi ciudad. A diferencia de muchos, saben que el tiempo litúrgico de Navidad finaliza el domingo siguiente a la celebración de la Epifanía, con el Bautismo de Jesús, que este año cae el domingo, 12 de enero. Por eso, no les ha pesado lo más mínimo entregar las felicitaciones navideñas de sus humildes clientes, enviadas a mediados de diciembre, durante los días 9 y 10 de enero. Y es que… ¡aún era Navidad!
Los dos partidos progresistas que forman el nuevo Gobierno de España han decidido que la asignatura de religión sea de elección voluntaria por parte del alumnado, no tenga alternativa y no compute para el boletín de notas. Y con solo esta propuesta ya queda más que patente su incapacidad para gobernar este país.
Si la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, la generosidad será ir aún más allá y colmar con creces lo que en justicia nos es merecido. Por eso, cuando el nuevo Gobierno de España afirma que va a aumentar hasta un 5% del PIB el presupuesto dedicado a la Educación, nos quiere vender una generosidad que no es tal. En este caso solo podemos hablar de propaganda y del mantenimiento de una ideología progresista que solo trata de beneficiar a la escuela pública.
El día 3 de diciembre se constituyen las Cortes y también se formará la Mesa del Congreso. Y Vox, la tercera fuerza política en estas últimas elecciones generales, se va a quedar fuera de esta Mesa porque así lo ha decidido Pedro Sánchez, sus socios de extrema izquierda y también los partidos separatistas.
Era el primero que se ponía la pulsera morada y exigía que todo el mundo, mujeres y hombres, firmaran los manifiestos que denunciaban el trato denigrante que las mujeres habían sufrido a lo largo de la historia por culpa de esta sociedad patriarcal. Y por supuesto, estaba a favor de la discriminación positiva de la mujer y de la criminalización del hombre, por el mero hecho de serlo, prevista en la ley de violencia de género del presidente socialista Rodríguez Zapatero.
El sistema penitenciario español optó en su día por conseguir la reinserción social de las personas encarceladas. Se basa en la creencia cierta de que todos, si encontramos una motivación justa, – y también si nos da la gana-, podemos cambiar y aportar nuestro granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor donde vivir.
Dentro de nada, todos los políticos electos quedarán en evidencia cuando en el Congreso de los Diputados sean interpelados con estas palabras: “¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?”. Si nuestra clase política fuera seria, consecuente y respetara las normas establecidas, su respuesta solo debería contener dos palabras, con dos posibles opciones: “Sí, juro” o “Sí, prometo”. Si nuestro Parlamento fuera serio y su autoridad no fuera cuestionada y tomada a pitorreo, su presidencia consideraría como un “no” a toda respuesta que no se ciñera al protocolo establecido, perdiendo el político de turno la posibilidad de ocupar su escaño hasta que no cediera en su empeño colorista, independentista, progresista, nacionalista o republicano.
Muchos son los que se han escandalizado al escuchar las declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas. Allí se atrevió a afirmar que el derecho de las familias para elegir el centro educativo no viene refrendado en la Constitución. Porque según ella, una cosa es la libertad de educación, la posibilidad de abrir un colegio o matricularse donde cada uno le venga en gana si tiene dinero para ello, y otra bien distinta es la libertad de elección utilizando unos recursos públicos que son limitados.
Cada vez son más los catalanes, vascos, navarros, gallegos, valencianos, canarios, turolenses, cántabros… que optan en primer lugar por su tierra, por defender lo suyo y hacer valer sus intereses particulares, sin ser conscientes de la interdependencia que existe entre todas las comunidades autónomas españolas.