La otra crisis: del dicho al hecho en la educación valenciana

                  Los docentes valencianos de los centros públicos siguen adelante con su huelga indefinida y con las concentraciones multitudinarias, pues desean mostrar su descontento con la situación educativa actual. De todos modos, para evitar posibles críticas de la ciudadanía, insisten en que su mayor preocupación son sus alumnos y sus familias, no su precariedad salarial, pues se merecen una educación de calidad.

                  Por eso, para que nadie tenga ninguna duda, sugerimos a la Consellera de Educación, la señora Carmen Ortí, que acepte de una vez por todas las exigencias que le están planteando los sindicatos de enseñanza pública. Bueno, mejor dicho, todas menos una: la del aumento de sueldo. Así, desprendidos de la única reivindicación que parece que sólo les beneficia a ellos, los docentes valencianos demostrarán con los hechos que los discentes y sus familias son realmente su prioridad.

La otra crisis: una huelga hasta el infinito y más allá

                  Algunos mal pensados afirman que los docentes de los centros públicos valencianos se pueden permitir una huelga indefinida, pues su cuenta bancaria está en números negros. De ahí que, por ejemplo, aprovechen las manifestaciones convocadas en la ciudad de Valencia para fomentar la economía local, almorzando en sus bares y comprando en sus comercios.

                  Pero la realidad quizá sea bien distinta, pues muchos de ellos, si los días de huelga se prolongan, tendrán que poner en alquiler sus segundas residencias, cancelar ese viaje a un país del tercer mundo o a un lugar paradisíaco, posponer la fecha de su jubilación anticipada o pedir el alta voluntaria para solidarizarse con los compañeros que no están recibiendo sueldo alguno.

                  Con el pan de los tuyos no se juega, por eso el Gobierno valenciano debería tomarse muy en serio las reivindicaciones de estos educadores y, acto seguido, aplicarlas también a los que trabajan en los centros privados concertados. Y, por supuesto, que ni por asomo piensen que uno de los motivos de esta huelga indefinida es preparar el camino para que la coalición progresista del Botánico recupere el poder en las próximas elecciones autonómicas… ¿o va a ser que sí?

La otra crisis: huelga indefinida de la calidad educativa

                  Los funcionarios docentes valencianos han convocado una huelga indefinida porque, según parece, la situación es insostenible: aulas masificadas y ratios inasumibles, exclusividad en la escolarización del alumnado inmigrante y con necesidades educativas, pérdida de poder adquisitivo, jubilaciones anticipadas a los 60 años puestas en cuestión por otros colectivos, inversión de fondos públicos en los colegios privados concertados, imposibilidad de instaurar la inmersión lingüística del valenciano, presencia de la religión católica en el currículo, falta de inversión en las infraestructuras, supresión de módulos de formación y cierre de unidades…

                  En cambio, los docentes valencianos de los colegios privados concertados continúan con su desempeño diario en esta recta final de curso y eso que su lista de reivindicaciones podría ser aún más abultada que la de los centros públicos. Quizá sea porque ellos son capaces de mirar más allá y también estiman y quieren a la escuela, sea pública o privada.

                  La demanda creciente que tienen los centros privados por parte de las familias nos muestra que para alcanzar la calidad educativa es necesario ir más allá de los aspectos administrativos, materiales, burocráticos o curriculares. Se debe poner en primer lugar a la persona, docente, discente o progenitor, y velar por su desarrollo integral. Para ello se necesita echar mano de la esperanza, del entusiasmo, y desear el bien del otro aunque esto suponga un esfuerzo extra sin recompensa material aparente. Y un ejemplo de esto se puede observar, o quizá no, un sábado cualquiera en las instalaciones de los colegios.

La otra crisis: regularización progresista

                  Ellos también podrían ser una esperanza para nuestro país, aunque la ley actual no les ampare, pues les impide acceder del todo a una vida digna o indigna. Representarían la garantía para el mantenimiento de nuestro sistema educativo, laboral, social y el de pensiones. Su integración tampoco sería un problema, pues desde su mismo nacimiento podrían ser considerados españoles a todos los efectos y, a buen seguro, a la hora de votar no olvidarían qué partido político fue el que les regaló su don más preciado.

                  Y es que nuestro actual Gobierno podría implementar una regularización sostenible y ecológica que pondría a España a la cabeza del progresismo mundial: la de todos los niños que están por nacer. Eso sí, para ello tendría que derogar la ley más cruel que existe: la ley del aborto. Hay que confiar de nuevo en Sánchez, pues ya ha demostrado que se atreve con todo lo habido y por haber… ¿o esta vez va a ser que no?