La disposición adicional cuarta de la LOMLOE aborda la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. La idea es dotar a los centros ordinarios de las herramientas y del personal docente especializado necesario para atender de forma eficaz a los niños con diversidad funcional. Se trata, tal y como se indica en el artículo 74 de la ley respecto a la evaluación del grado de consecución de los objetivos establecidos, de “proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo”.
El Gobierno pretende poner en práctica, y así lo indica de forma explícita en la misma Ley, el artículo 24.2.e) de la Convección sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El artículo 24 empieza diciendo lo siguiente: “Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida”. Y más adelante se indica que se ha de asegurar que “las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”.
Y la cosa no queda ahí, pues esta Ley también pretende hacer cumplir el cuarto Objetivo de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Esta nueva ley educativa insiste en la equidad, en la inclusión, en la no discriminación. Pese a todo, trata de evitar el calificativo de “segregada” para denominar a las escuelas que hoy en día atienen al alumnado con necesidades educativas diversas. Porque en el fondo esto es lo que piensan algunas familias cuando se les sugiere que saquen a sus hijos de un centro ordinario para que los atiendan “mejor” en otro sitio.
Esta ley pretende llevar a la práctica los acuerdos internacionales y las demandas de muchas familias, tomando como base y referencia el articulado de la LOE del año 2006 y centrándose en las adaptaciones, en los refuerzos y en las ayudas que han de recibir los alumnos con necesidades diversas para lograr esa ansiada inclusión. Pero el currículo es el mismo. Y tampoco cambia con esta ley la forma de evaluar, la agrupación del alumnado, la disposición de las aulas, la metodología de trabajo, el plan de formación de los futuros docentes o la formación permanente de los que ya lo son. No se dice nada del papel imprescindible de los compañeros de aula de estos niños con necesidades diversas y que será fundamental si queremos pasar de una inclusión formal a una integración real.
Por eso, tal y como opinan ya algunas familias implicadas, lo que de verdad necesitamos para que esa inclusión sea real es una auténtica revolución en nuestro sistema educativo. Una revolución que la LOMLOE no trae, pues es más de lo mismo con una mayor inversión en personal docente y en la adaptación material de las aulas.
Por eso, visto lo visto desde la implantación de la LOE, será mejor que las cosas se queden como están y que los niños con necesidades diversas permanezcan escolarizados en sus colegios. Pues si ahora esa segregación sólo afecta a los centros escolares especiales en su conjunto, en el plazo de diez años se dará de forma masiva dentro de las aulas de los centros escolares ordinarios.
Más de uno aún se preguntará por qué la ministra de Educación, la señora Celaá, afirmó en su día que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Pues en el preámbulo de la nueva ley educativa podemos encontrar la respuesta: “Entre los principios y los fines de la educación, se incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas”. Es decir, la Administración se otorga el papel de protector y defensor de los derechos de la infancia, pasando por encima del derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos tal y como dice la Constitución, el derecho natural y el sentido común.
La experiencia de la vida nos demuestra que una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica, que una cosa es redactar desde un despacho un listado de normas muy deseables y otra que éstas se puedan llevar a la práctica en un centro educativo.
Una vez pasado el tiempo establecido, veinte días desde su publicación en el Boletín oficial del Estado, entra ya en vigor la nueva ley educativa, la LOMLOE de la ministra Celaá. También empieza la cuenta atrás para que el alumnado de los centros de educación especial se integre en los centros ordinarios y, de ese modo, impere la igualdad en todo nuestro sistema educativo. Parece ser, y este es uno de los argumentos que esgrime nuestro Gobierno, que si se mantienen abiertos esos centros especiales se perpetúa la discriminación y se fomenta la creación de guetos educativos.
La nueva ley de Educación ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 30 de diciembre. Y es que nuestro Gobierno se ha marcado unos plazos irrenunciables para que sus leyes estrella se apliquen lo antes posible: la ampliación del aborto, la eutanasia, la memoria democrática, la reforma judicial, la censura política a los medios de comunicación, los indultos sin arrepentimiento, el cambio de las penas por una condena por sedición, el acercamiento de los presos etarras… y la ley de la ministra Celaá.
Ya llegó el año 2021, el año del principio del fin de esta terrible pandemia gracias a las vacunas y al mantenimiento de esas medidas de higiene y prevención.
La Historia es maestra de vida y por eso es conveniente que no se descuide su estudio en el currículo que se desarrollará tras aprobarse la nueva ley de Educación. Y así, si somos capaces de escarmentar de los errores cometidos en el pasado, avanzaremos por el buen camino de tratar a cada persona con la dignidad que se merece.
Finalizó ya el año 2020, no sin que antes el Gobierno aprobase y publicase en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Educación. Ése ha sido el aguinaldo que ha regalado a toda la comunidad educativa y los deberes que ha impuesto a los docentes para este año 2021. Ahí se ve la confianza que nuestro Gobierno tiene en la eficacia de las vacunas que todavía están por administrar. Y es que, según da a entender esta actitud legislativa exprés, la pandemia y los contagios estarán más que superados antes de que finalice el presente curso. Por eso, y por mucho más, ven factible que la comunidad educativa esté predispuesta y con ganas de poner en marcha una nueva ley el próximo mes de septiembre.