El día 3 de diciembre se constituyen las Cortes y también se formará la Mesa del Congreso. Y Vox, la tercera fuerza política en estas últimas elecciones generales, se va a quedar fuera de esta Mesa porque así lo ha decidido Pedro Sánchez, sus socios de extrema izquierda y también los partidos separatistas.
Esto parece el mundo al revés, pues los partidos políticos que desean y jalean la derogación de nuestra Constitución, el cambio del sistema parlamentario y la proclamación de una república y la desmembración de España en diferentes estados nacionales son los que llevan la voz cantante en el Congreso y los que van a decidir que Vox, un partido que aboga por el cumplimiento de las leyes, por la unidad de España y la aceptación del marco constitucional, quede excluido del órgano rector de la Cámara Baja. Ver para creer.
Y no nos engañemos, pues si esto mismo lo hubieran hecho Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, impidiendo la presencia de Podemos, no faltarían ya los altercados callejeros, las amenazas sindicales y hasta el anuncio de una huelga general indefinida. Porque la extrema izquierda solo concibe una cosa: regentar el poder, ya sea por las buenas, con la fuerza de los votos, o por las malas, con “la fuerza del pueblo”. Y ahí tenemos, por desgracia, el ejemplo de algunos países sudamericanos, donde la derecha ganó las elecciones y la izquierda ha decidido “asaltar” el poder al precio que sea, con el uso de la violencia y cueste el tiempo que cueste.
Era el primero que se ponía la pulsera morada y exigía que todo el mundo, mujeres y hombres, firmaran los manifiestos que denunciaban el trato denigrante que las mujeres habían sufrido a lo largo de la historia por culpa de esta sociedad patriarcal. Y por supuesto, estaba a favor de la discriminación positiva de la mujer y de la criminalización del hombre, por el mero hecho de serlo, prevista en la ley de violencia de género del presidente socialista Rodríguez Zapatero.
El sistema penitenciario español optó en su día por conseguir la reinserción social de las personas encarceladas. Se basa en la creencia cierta de que todos, si encontramos una motivación justa, – y también si nos da la gana-, podemos cambiar y aportar nuestro granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor donde vivir.
Dentro de nada, todos los políticos electos quedarán en evidencia cuando en el Congreso de los Diputados sean interpelados con estas palabras: “¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?”. Si nuestra clase política fuera seria, consecuente y respetara las normas establecidas, su respuesta solo debería contener dos palabras, con dos posibles opciones: “Sí, juro” o “Sí, prometo”. Si nuestro Parlamento fuera serio y su autoridad no fuera cuestionada y tomada a pitorreo, su presidencia consideraría como un “no” a toda respuesta que no se ciñera al protocolo establecido, perdiendo el político de turno la posibilidad de ocupar su escaño hasta que no cediera en su empeño colorista, independentista, progresista, nacionalista o republicano.
Muchos son los que se han escandalizado al escuchar las declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas. Allí se atrevió a afirmar que el derecho de las familias para elegir el centro educativo no viene refrendado en la Constitución. Porque según ella, una cosa es la libertad de educación, la posibilidad de abrir un colegio o matricularse donde cada uno le venga en gana si tiene dinero para ello, y otra bien distinta es la libertad de elección utilizando unos recursos públicos que son limitados.
Cada vez son más los catalanes, vascos, navarros, gallegos, valencianos, canarios, turolenses, cántabros… que optan en primer lugar por su tierra, por defender lo suyo y hacer valer sus intereses particulares, sin ser conscientes de la interdependencia que existe entre todas las comunidades autónomas españolas.
Uno recuerda que fue en el año 1985 cuando el gobierno socialista de Felipe González despenalizó el aborto en tres supuestos. Según parece, existía una gran demanda social y eran cientos de miles las mujeres españolas que se desplazaban a otros países o arriesgaban su vida, la de su bebé se perdía sin remedio, si se sometían a un aborto clandestino. Después resultó que ese clamor popular, que justificó la aprobación del aborto en España, no se reflejó en las frías estadísticas. Ese mismo año y en el siguiente, poco más de quinientas mujeres decidieron poner punto final a su embarazo.
En España cada vez son más los pueblos abandonados a su suerte y condenados a desaparecer. La falta de trabajo es la razón que todos los jóvenes esgrimen para dejar sus raíces y emigrar a la ciudad. Pero más bien tendríamos que especificar que la verdadera causa es la falta de un puesto de trabajo… cómodo.
No hace muchos años, cuando el Partido Popular se regía por los pilares morales del humanismo cristiano, era normal que sus dirigentes y simpatizantes hablaran de la derogación del aborto, del derecho de todo niño a tener una mamá y un papá, de la regulación de las uniones sentimentales entre dos hombres o dos mujeres como parejas de hecho, de la legitimidad de la educación diferenciada, de la unidad de España y la ilegalización de partidos políticos con terroristas o delincuentes entre sus filas, de la primacía de los padres a decidir si sus hijos asisten o no a las charlas sobre educación sexual que se imparten en los colegios, de la posibilidad de atender a las personas homosexuales que se sienten infelices, del control de la inmigración ilegal, de la grandeza de aquel pacto de amnistía que nos brindó una nueva Constitución…
Cada año, miles de maestros que en su día ganaron una oposición se jubilan nada más cumplir los sesenta. Muchos de ellos están en el mejor momento de su vida laboral, con una experiencia dilatada, unos conocimientos asentados y, si la enfermedad les ha respetado, con una vitalidad que no tenían las personas de su misma edad en la década de los noventa. Hay que dejar paso a los jóvenes, suele ser la sentencia que dan cuando alguien les pregunta si ya tienen ganas de jubilarse o si desearían continuar hasta los sesenta y cinco años.