Este Gobierno progresista se cree de verdad que tiene el derecho primigenio para educar a los menores de este país. Y ese ilegítimo derecho nace de una soberbia desorbitada, pues piensa que puede realizar esa labor educativa mejor que las propias familias. En vez de programar un plan de formación familiar que dote de herramientas eficaces a los padres, ha decidido inundar las aulas de actividades complementarias y académicas que abarquen una educación integral (e ideológica) que, a buen seguro, se quedará coja sin la colaboración de los progenitores.
Este Gobierno pretende cargar sobre la conciencia de los docentes con una responsabilidad inconmensurable: la de educar a su alumnado en todos los aspectos de la vida humana. Y por eso deberán ser expertos en educación vial, bucal, alimentaria, higiénica, deportiva, sensorial, afectiva, familiar, cósmica, digital, virtual, ética, ecológica, cultural, literaria, musical, teatral, matemática, social, natural, química, física, en igualdad, en diversidad de género, en libertad (sexual)…
El Gobierno sabe que no habrá ninguna queja por parte del profesorado, pues a cambio de todo esto les va a eximir de una gran responsabilidad: la formación religiosa de sus discentes. Esta sí que va a desaparecer de la escuela. Serán los padres los que lleven a cabo esta labor en su propia casa, y solo dentro de ella, por supuesto. ¡Faltaría más!