La otra crisis: Libertad y uniformidad

         Los españoles de hoy en día debemos reconocer el valor y el arrojo de todas aquellas personas que, bajo la dictadura de Franco, arriesgaron sus vidas por la libertad. No se cansaron de exigir una “libertad sin ira” y al final lo consiguieron. Gracias a ellos, gozamos de un sistema democrático consolidado. Cierto es que no se cumplieron todas sus reivindicaciones, pues algunos hubieran preferido una república antes que una monarquía parlamentaria. Pero también es verdad que el camino para conseguir ese cambio no está cerrado, pues la Constitución establece qué pasos hay que seguir para hacerlo efectivo.

            Es esa misma libertad la que ha permitido a algunos partidos políticos alcanzar unas cuotas de poder inimaginables en otros tiempos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Unidas Podemos con varios ministerios y una vicepresidencia. Y aquí surge un problema, pues ese poder ha transformado su forma de pensar, sus anhelos y prioridades. Les ha alejado de la verdad que rige la condición humana. Ahora, cuando son ellos los que legislan, ha desaparecido de su discurso la palabra libertad. Ya no la necesitan y parece que tampoco la desean para los demás, para los partidos de la oposición o para todos aquellos ciudadanos que no piensan como ellos.

            Ahora se han enseñoreado de la palabra igualdad, que para ellos es un simple sinónimo de uniformidad. Nos quieren vender que existe un derecho que está por encima de cualquier otro: el derecho a la igualdad. Y claro, esa igualdad solo la conseguiremos si todos nos regimos bajo una misma ideología, bajo un pensamiento único. Y será el Estado, que para ellos es lo mismo que decir el Gobierno, el que tendrá derecho a regir nuestras vidas de un único modo, a través de la institucionalización obligatoria de lo público: los medios de comunicación, la banca, las empresas, los campos y granjas, la escuela y la universidad, las viviendas y hasta los automóviles pertenecerán al Estado. Nadie echará de menos el derecho a la libertad, pues no existirá la opción de elegir: la oferta será única y estatal.

Pasará el tiempo y es más que seguro que una nueva generación de valientes volverá a alzar su voz, al igual que hicieron otros durante la dictadura de Franco o los que propiciaron la caída del Muro de Berlín, exigiendo de nuevo y sin ira esa libertad que el Gobierno actual nos quiere arrebatar.

La otra crisis: Exaltación irracional de lo público

            El Gobierno ha decidido que el curso escolar presencial ha terminado. Si todo va según lo previsto, será ya en el mes de septiembre cuando los centros educativos abran sus puertas para recibir a sus docentes y a sus discentes. Y este osado Gobierno pretende que, tras seis meses de parón obligatorio, la comunidad educativa retome su actividad bajo la regulación de una nueva Ley de Educación, la llamada LOMLOE. De ahí que sigan, sin importarles el confinamiento de toda la población, acortando plazos parlamentarios para aprobarla cuanto antes sin consenso alguno.

            ¿A qué es debida esa urgencia legislativa del Ejecutivo progresista? ¿Qué eso tan grave que aparece en la ley actual que es preciso derogar cuanto antes, sin importar el estado de desamparo que sufrimos los españoles? ¿Será porque la Religión es evaluable y tiene como alternativa una asignatura de valores sociales que hay que eliminar? ¿Será porque es imprescindible implantar otra asignatura con “sus valores”, obligatoria para todo el alumnado de Primaria y de Secundaria? ¿O estamos hablando de lo injustas que son para las escuelas públicas las evaluaciones externas previstas por la LOMCE? ¿O más bien les molesta que los centros privados concertados se beneficien de una “demanda social” amparada por la ley que es cada vez mayor?

            El pensamiento único que guía a las personas progresistas va mucho más allá de las cuestiones antes planteadas: hay que derogar la ley educativa del Partido Popular porque sus postulados son neoliberales, mercantilistas, capitalistas y enemigos de lo público. Los miembros del Gobierno y sus asesores ven en el texto de la LOMCE una amenaza seria y cierta hacia todo lo estatal. La capacidad de autogestión de los equipos directivos, las evaluaciones externas que fomentan la competitividad y la sumisión a intereses que van más allá de lo educativo y hasta el fomento del emprendimiento entre el alumnado. ¿Cómo es posible que una ley se atreva a fomentar y proponer entre sus discentes una iniciativa privada que es enemiga del Estado? Porque a este Gobierno progresista solo le interesa fomentar una cosa que siempre va a estar bajo su control: lo público. Todo aquello que huela a privado es corrupto, solo busca un beneficio económico ilícito, pues se obtiene explotando a la clase obrera. Entonces, ¿qué? ¿Nos hacemos todos funcionarios o más bien la idea es nacionalizar toda actividad privada para que sea Papá Estado el único que ordene y mande?

            Olvida este Gobierno que en las instituciones públicas trabajan también personas, que no ángeles, con la misma condición humana que tienen los empleados y los empleadores de la empresa privada. O sea, capaces de igual modo de lo mejor y de lo peor. ¿O acaso creen los expertos legisladores de esa nueva ley educativa que lo público está preservado de toda corrupción? No se puede ser tan ingenuo. No es posible que “los de arriba” aprueben unas leyes que no partan de la realidad, de la verdad. No es de recibo que, con la excusa de una supuesta búsqueda de la igualdad universal, nos priven de nuestro derecho a vivir en libertad.

La otra crisis: La dictadura de la igualdad

           Nuestro Gobierno está empeñado en sacar adelante unas leyes que promueven una supuesta igualdad. Una igualdad que se sitúa por encima de la libertad y que supone una afrenta a la diversidad y a la equidad. Algunos dirán que la ideología progresista de este Ejecutivo sí que permite la libertad de pensamiento. Pues claro, siempre y cuando no te salgas de lo políticamente correcto.

            ¿Y qué está pasando en el campo de la educación durante este estado de alarma? Pues, como el Ministerio no puede ni sabe ayudar a las familias más desfavorecidas, se ha decretado “la igualdad en la mediocridad”: nada de impartir contenidos nuevos en este tercer trimestre y aprobado general para todo el alumnado de las etapas de la educación obligatoria.

            ¿Y qué va a pasar con los centros de educación especial tras la aprobación de la LOMLOE? Pues que solo se mantendrán algunos colegios para atender a los alumnos con una grave diversidad funcional. El resto deberá cerrar sus puertas, pues su alumnado se incorporará a los centros escolares ordinarios.

            Y es que la nueva Ley de Educación progresista pretende imponer una supuesta igualdad, aun en contra del criterio de las familias afectadas y de los expertos en la materia. Y ahí no quedará la cosa, pues para atender con ciertas garantías al alumnado de los centros especiales, el Gobierno deberá dotar a los colegios ordinarios de recursos humanos y materiales imprescindibles. Sí y justo ahora que nos encontramos en plena debacle económica. Y también arreciarán las críticas por parte del cuerpo docente, reconociendo su falta de formación para atender debidamente a un alumnado con una diversidad amplísima. Tampoco tardarán en aparecer las quejas y los lamentos de algunas familias cuando el Ministerio sea consciente de su equivocación e incapacidad y vuelva a echar mano de esa “igualdad en la mediocridad” que tan injusta es para todos.

La otra crisis: Una ideología inmunizada

   Esta terrible pandemia está acabando con la vida de miles de españoles y también está finiquitando la esperanza que anida en el corazón de toda la población. ¿Y qué hace nuestro Gobierno ante semejante desastre sanitario, social y laboral? Nadie podrá negar que ha tomado decisiones acertadas, pero también es verdad que se niega a reconocer sus errores y que es incapaz de dejar a un lado su proyecto ideológico progresista en estos momentos de emergencia nacional.

            ¿Cómo es posible que este Gobierno, eludiendo su parte de responsabilidad en la muerte de decenas de miles de personas por el coronavirus, siga adelante con la tramitación de la Ley de la Eutanasia? ¿Cómo es posible que, ante semejante panorama de duelo, mantenga su interés en aumentar el número de muertes y no se centre en conseguir que se realicen test masivos a toda la ciudadanía?

            ¿Cómo es posible que este Gobierno, cuando los discentes llevan meses sin ir a clase y van a pasar de curso por un aprobado general, solo esté interesado en aprobar cuanto antes su ley educativa? ¿Acaso pretenderá que la comunidad educativa retome las clases en septiembre, tras seis meses de parón, con una legislación diferente a la actual? ¿Cómo se atreven a imponer semejante dislate?

            Dice la sabiduría popular que “en tiempo de crisis no conviene hacer mudanza”. Y ahí tenemos a nuestro Gobierno, como si nada pasara, decidido a aprobar unas leyes orgánicas que atentarán gravemente contra nuestros derechos constitucionales. Estas leyes progresistas ponen en jaque la dignidad de la vida de toda persona, sin importar su edad o su condición física, y también el derecho a la libertad de educación.

            Este Gobierno no da puntada sin hilo y está aprovechando esta época de crisis para imponer unos cambios legislativos que van a limitar nuestros derechos y libertades. Este modo de actuar, durante un estado de alerta que nos tiene a todos confinados, deja en evidencia su sectarismo y su incapacidad para gobernar. Los españoles no nos merecemos un Gobierno que está más preocupado en imponer su ideología que en buscar el bienestar de sus ciudadanos. Ojalá no nos falle la memoria en las próximas elecciones generales.

La otra crisis: Trabajo duro e ineficaz

            A más de uno le hace gracia cuando, ante un asunto de calado, escucha en boca de algún dirigente político eso de que “estamos realizando un gran esfuerzo para solucionar el problema”. Tras oír esta expresión, uno se imagina a Pedro Sánchez sudando la gota gorda, trabajando de sol a sol en un campo, o examinando su cuenta bancaria para saber cuánto tiempo podrán aguantar si donan parte de sus ahorros a alguna ONG.

            El problema es que no se trata solo de hacer un gran esfuerzo o de trabajar duro para poder superar la terrible crisis sanitaria y económica que sacude a nuestro país. Seguro que la mayoría de los españoles son conscientes de que, tal y como afirmó la ministra María Jesús Montero, este Gobierno está trabajando “desde la noche hasta el final del día”. La cuestión no está en hacer grandes esfuerzos, en arrimar el hombro sin estar pendientes del horario, sino en trabajar con eficacia. Y para ser eficaces no basta con querer, hay que saber. Y en este punto, por desgracia, flojean la mayoría de los ministros de nuestro actual Gobierno.

            Para hacer frente a la pandemia que nos azota y a sus catastróficas consecuencias necesitamos a los mejores, sin que importe qué ideología les mueve o a qué partido pertenecen. Por eso, si Pedro Sánchez se ve incapaz de ceder en este punto, si no está dispuesto a dar un paso a un lado y dejarse aconsejar por expertos sin carné, será mejor que presente su dimisión y convoque con urgencia unas nuevas elecciones generales. Y aquí surge un segundo problema, pues para tomar una decisión como ésta es necesario gozar de una sincera humildad. Y si Sánchez carece de ella, no nos quedará otra que confiar en el sentido común de Pablo Iglesias… ¿o también va a ser que no?

La otra crisis: Un Gobierno infantil

            Parece increíble, pero la misma persona que está en contra de la sucesión hereditaria de la monarquía, no tiene ningún problema para exigir que una mujer, la que es madre de sus hijos, ostente un cargo ministerial por el simple hecho de ser su pareja. Porque uno puede estar a favor o en contra de la monarquía, o de la república, preferir o no que el jefe del Estado sea un presidente, o un rey, pero hay algo que es evidente para todos: si los miembros de este Gobierno tuvieran una mínima parte de la formación y de la preparación que tiene nuestro Rey Don Felipe VI, la situación actual de crisis sería muy distinta.

            Los políticos que presumen de ser progresistas han de saber que también ellos necesitan instrucción. Uno no recibe ciencia infusa cuando se rebela contra la tradición y decide retomar el ideario marxista. El vicepresidente Pablo Iglesias olvida que forma parte de este Gobierno, que su papel de papá lo ha de ejercer en su casa, que ya no es el profesor que adoctrinaba en las aulas universitarias a tiernos y fascinados estudiantes, y que quizá su itinerario académico diste mucho de su actual cargo político. Por eso causa sonrojo y estupor que todo un vicepresidente del Gobierno de España pida perdón a los niños y que la disculpa se deba simplemente a la confusión generada a la hora de decidir cómo y cuándo serán sus paseos por la calle.

            Señor Iglesias, si otra vez le da por dirigir unas palabras de consuelo a los niños españoles, tenga usted claro que el verdadero pesar lo tienen por haber perdido a un ser querido y no por no poder salir de casa para dar una vuelta. Está muy bien que pida disculpas, que pida perdón, pero que sea por causas serias: por no haber podido, o no haber sabido, evitar la muerte de más de veinte mil personas.

La otra crisis: Un Día del Libro sin librerías

            Esta terrible pandemia, este estado de alarma sanitaria que parece no tener fin, nos ha privado de muchas cosas, aunque solo una sea importante de verdad. Y es que la vida de un solo ser humano vale más que todo el coste económico provocado por esta inactividad comercial. Y ya superamos con creces los veinte mil fallecidos y son cientos de miles los contagiados. Después viene todo lo demás: el confinamiento obligatorio, la pérdida del empleo, el cierre de los comercios, la suspensión de las clases, la cancelación de todos los actos festivos y religiosos…

            Y ahora, como no podía ser de otro modo, ha llegado también el momento de la “no celebración” del Día del Libro. Porque este 2020 también va a significar un antes y un después para muchas librerías. Y más todavía para aquéllas que carecen de una página web que les permita vender algún libro durante el confinamiento obligatorio.

            Quizás sea una paradoja, pero justo ahora que la gente tiene más tiempo para leer, y realmente lo está aprovechando para devorar un libro tras otro, va a ser el momento en que muchas librerías echen el cierre definitivo. Y todo porque, como nunca encontrábamos un momento para dedicarlo a la lectura, los libros se amontonaban ya en nuestra mesita de noche y en la estantería del salón. Y todo porque ahora leemos más libros, pero no compramos ninguno.

            Algunos afirmarán que es ley de vida, que son innumerables los oficios que han ido desapareciendo a lo largo de la historia y que otros nuevos aún están por llegar. Eso está claro, pero esto no quita que a uno, antiguo librero, le cause una profunda tristeza esta cruda realidad: el cierre definitivo de muchas librerías tradicionales. Y sí, por supuesto que las echaremos de menos. ¿No creen?

La otra crisis: Igualdad en la mediocridad

             El estado de alarma por la crisis sanitaria se ha vuelto a ampliar hasta mediados del mes de mayo. Pese a que los niños ya van a poder salir de casa para dar un paseo, el pesimismo puede hacer mella en el ánimo de los adultos e impedir que vean la luz al final de un túnel que quizá se prolongue hasta más allá del 2020.

                Y parece ser que esa misma desesperanza ha invadido el ánimo de nuestra ministra de Educación, la señora Celaá, y también el de la mayoría de los consejeros autonómicos del ramo. Todos ellos se han topado con la cruda realidad: la brecha educativa que ya existía previamente entre su alumnado se mantiene durante este confinamiento en casa. Algunos quieren hacernos creer que la culpa de esa desigualdad educativa la tiene la llamada “brecha digital”. Y por eso, para frenar esa supuesta injusticia mediática, han ordenado a los docentes que en su labor online se centren en repasar los contenidos que ya se habían trabajado previamente en clase, sin plantearse siquiera empezar temas nuevos de alguna de las materias.

                Nuestros representantes políticos han optado por la solución más fácil, pero también por la más injusta: una igualdad en la mediocridad. ¿Y qué decidirán después, una vez se reinicien las clases presenciales? ¿Aplicar el mismo criterio y seguir repasando, un año tras otro, los contenidos que se dieron hasta el mes de marzo de 2020? Porque la desigualdad educativa es un hecho que va mucho más allá de la supuesta “brecha digital”. Dejen ya de buscar soluciones cómodas y discriminatorias a unos problemas académicos que son profundos y que están arraigados en nuestro sistema educativo. Dejen de buscar una igualdad de mínimos que a todos perjudica y preocúpense de indagar en la equidad: dar y exigir a cada alumno según sus posibilidades. No se trata simplemente de dotar de material informático y conexiones wifi a todos los hogares españoles, sino de realizar una educación personalizada que vaya más allá del aula y logre influir también en el buen hacer de las familias.