Ya son cerca de un millón y medio de españoles los que han firmado un manifiesto de la Plataforma Más Plurales y que exigen la apertura de un tiempo de reflexión plural antes de que se apruebe la Ley de Educación de la ministra Celaá.
En estos tiempos que corren no hay que perder la esperanza, pero también hay que ser realistas. Y es que, visto lo visto, va a dar igual si a ese millón y medio de refrendos se le suman veinte, treinta o cincuenta millones de firmas más. El Gobierno de los señores Sánchez e Iglesias no va a dar un paso atrás y la Lomloe se va a aprobar sin consenso alguno y gracias al apoyo de unos partidos políticos que desean tumbar nuestro actual sistema parlamentario.
Tras la aprobación de la Ley llegarán los reglamentos que la desarrollarán. Y si éstos son fieles a la legislación vigente, uno de los grandes perjudicados van a ser los centros privados concertados. Van a perder alumnado, pues a partir de ahora se tienen que cubrir todas las plazas públicas disponibles, aunque sea a costa de los centros concertados cercanos. Van a perder todos sus ingresos, pues a partir de ahora no podrán recibir ni un solo euro por parte de las familias o de la fundaciones afines, aunque el Estado sólo se encargue de pagar las nóminas de sus docentes y no se preocupe de subvencionar gastos de mantenimiento, de compra de material o de mejora de las instalaciones.
Los centros concertados no pueden quedarse de brazos cruzados, esperando que dentro de tres años haya un cambio de Gobierno y se derogue la Lomloe, pues lo más probable es que ganen los mismos y la situación empeore un poco más si cabe. Es hora de ser audaces y buscar nuevas formas de financiación que permitan becar a los alumnos de las unidades que pierdan el concierto económico y también mantener los puestos de trabajo y la calidad educativa que los define.
Llegó el momento de volver a las raíces, a los inicios, cuando familias sin recursos sacrificaban toda comodidad para poder llevar a sus hijos a ese colegio que comulgaba con sus creencias. Llegó el momento de averiguar de verdad, sin el humo de las encuestas de conveniencia, qué ideales anidan en el corazón de sus docentes, de los discentes y sus familias. Todo lo bueno cuesta y ahora se verá hasta qué punto se considera buena la educación que se da en cada uno de los centros privados concertados cuando ya no se les conceda concierto alguno.
El mundo entero espera con un anhelo estresante la llegada de la vacuna que nos libre del contagio del terrible virus Covid-19. En España lamentamos la muerte de decenas de miles de personas, de seres queridos que han fallecido antes de hora y, en muchos casos, sin contar con la compañía de sus familiares y de sus amigos.
Un año más vamos a celebrar en los centros escolares el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. Se realizarán todo tipo de talleres, lecturas de manifiestos, confección de murales o recomendaciones bibliográficas para el alumnado y sus familias donde, entre otras cosas, quede bien claro que el varón, por el mero hecho de serlo, ejerce la violencia contra la mujer, por el mero hecho de ser mujer.
A nuestro Gobierno le pierde su impaciencia progresista y trata de aprovechar este nuevo estado de alarma, no para poner freno al número creciente de víctimas y personas contagiadas, sino para aprobar unas leyes ideológicas que le permitan perpetuarse en el poder.
Los partidos progresistas que sostienen el Gobierno del señor Sánchez no van a aceptar ni una sola de las enmiendas presentadas por la oposición y por las asociaciones que representan a la educación privada concertada. Y así, gracias al apoyo de los grupos independentistas vascos y catalanes, aprobarán la Lomloe, también llamada “la Ley Celaá”, una nueva Ley educativa que pretende ensalzar la enseñanza pública y retirar los conciertos económicos a los centros privados.
Durante el primer confinamiento total que sufrimos, fueron muchos los que se abonaron a esas plataformas audiovisuales que ofrecen infinidad de películas y de series. Y ahí siguen la mayoría, dejando a un lado a esas cadenas de televisión que nos bombardean cada dos por tres con infinidad de anuncios publicitarios.
Ante la realidad política actual, la perplejidad tendría que ser el estado normal de la mayoría de los ciudadanos españoles. Este Gobierno no lleva ni un año de legislatura y ya nos ha impuesto dos estados de alarma, con el baile de cifras de víctimas, el uso o no de las mascarillas y su IVA dichoso. También está en trámites de aprobar las leyes de memoria democrática, de eutanasia o de la “educación totalitaria”. Se ha hecho con el control de la fiscalía y de los jueces y va a establecer la censura a los medios de comunicación, y a todo ciudadano que pretenda ejercer la libertad de expresión, con un “gabinete de la verdad” novelesco.
Nuestro Gobierno no da puntada sin hilo y continúa ratificando leyes y normas en pleno estado de emergencia. Esto significa que la ciudadanía no puede manifestarse en las calles para protestar por la aprobación de leyes tan injustas como la de memoria democrática, la de eutanasia, la ampliación del aborto o la ley educativa de la señora Celaá.
Dicen los más antiguos y progresistas del lugar que durante la dictadura franquista les estaba prohibido la utilización y el estudio de su lengua autóctona. Hasta en la hora del recreo, si un niño osaba hablar a otro en su lengua materna, si ésta no era el español, recibía la reprensión de sus maestros y la burla de sus compañeros esbirros. Pero su espíritu no se amilanó y siguieron usando con valentía, desafiantes, la lengua que los vio nacer, la que inspiraba su pensamiento y sus ideales.
Nuestro Gobierno se siente omnipotente, pues nada ni nadie puede parar sus iniciativas ideológicas mal llamadas “progresistas”. Alguno pensaba que la gestión de la pandemia le iba a pasar factura, pero ahí está ese cálculo a la baja del número de víctimas mortales, un portavoz que acapara todas las críticas y un ministro de Sanidad que de filosofía sabe un montón, pues encuentra respuesta a cualquier cuestión que se le plantee.