La otra crisis: el negocio de la educación

            Llegó el verano y ya se pusieron en marcha las múltiples ofertas lúdicas que se ofertan a las familias para entretener a los niños que tienen a sus padres castigados sin vacaciones. Porque no todo el mundo se va de vacaciones durante el mes de julio o el mes de agosto. Y aunque uno de los objetivos de esos cursos de verano es mantener ocupados a los niños en actividades formativas, otro cometido, no menos importante, es servir de guarda mientras sus padres están trabajando.

            Alguno dirá que las asociaciones y los centros educativos que ofertan los cursillos veraniegos sólo buscan ganar dinero, tener un ingreso extra que les permita mejorar sus instalaciones o dar trabajo como monitores a sus familiares y amigos. Y quizá ahí esté la clave de la intención principal que mueve a sus organizadores, vista la rentabilidad o no de esa actividad lúdica y formativa.

            Nadie pone en duda que es lícito buscar la mayor rentabilidad posible en las actividades que uno organiza y que está en su pleno derecho si las suspende cuando no se alcanza la ganancia económica prevista. Pero también es verdad que todavía existen colegios donde el objetivo principal de toda su labor es servir y formar a las familias, con la intención de que éstas aporten su granito de arena en la mejora de nuestra sociedad. Y por eso muchas veces se conforman con cubrir los gastos, e incluso ni eso, de los cursos y actividades que realizan. Y todo porque la educación es un negocio que no se puede pagar con dinero.

La otra crisis: La tumba del progresismo conservador

           Los centros educativos privados están muy preocupados por el avance negativo de la natalidad en España y por la desaparición en la Lomloe del concepto de “demanda social”, ése que les permitía ampliar el número de aulas para cubrir todas sus solicitudes de matrícula. En cambio, los centros educativos públicos están menos inquietos ante ese descenso de la natalidad, pues los puestos de trabajo de sus maestros funcionarios están asegurados, en un centro o en otro, y porque gracias a la nueva Ley de educación se ha eliminado la posibilidad de que haya una desbandada masiva de alumnado en busca de una educación privada que, a priori, asegura una formación moral y religiosa más acorde a la tradición cultural de las familias españolas.

            Algunas personas progresistas presumen de las bondades legislativas aprobadas durante la vigencia de la Segunda República española. Y uno se pregunta por qué nada dicen de una de las leyes sancionadas por la Generalitat de Cataluña el 25 de diciembre de 1936 y que después haría suya el gobierno del presidente Largo Caballero. El día de Navidad del año 1936, como un adelanto demoniaco a la sentencia de muerte dictada por el rey Herodes, se aprobó en Cataluña el aborto libre durante las doce primeras semanas de embarazo. Una ley que se aplicaría en 1937 en el resto de la España republicana y que sería derogada por el dictador Franco al llegar al poder.

            Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno ansían el regreso de un tercer periodo republicano en España, pero no para liberalizar el aborto. Zapatero ya fue un poco más allá de la crueldad dictada por la ley republicana de 1936 y liberalizó el aborto durante las catorce primeras semanas de embarazo en el año 2010, modificando la ley de 1985 que lo despenalizaba en tres supuestos.

            Muchos de los centros educativos públicos y privados de nuestro país no existirían en la actualidad de seguir vigente aquella ley del aborto del año 1936. Tampoco Pedro Sánchez podría aspirar a repetir como presidente del Gobierno español si pudieran votar el millón de ciudadanos españoles mayores de 18 años que se vieron privados de su derecho a la vida entre los años 1985 y 2005 por culpa de la ley del aborto. La cuestión es que, de seguir con esta premisa, tampoco el señor Núñez recibiría el voto de ese millón de españoles víctimas del aborto. Cosas que pasan a aquellos políticos conservadores que lo son por su empeño en “conservar” todas esas leyes retrógradas de los mal llamados progresistas.

La otra crisis: la pena de muerte acabará con Sánchez

            Ya pasó el debate entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno y toda España pudo escuchar de boca del señor Núñez la canallada más vil que Sánchez y los suyos han perpetrado: la condena a muerte de los enfermos de ELA.

            El 8 de marzo del año 2022 se aprobó en el Congreso de los Diputados, por unanimidad parlamentaria, la proposición de la Ley ELA que iba garantizar la extensión de los cuidados paliativos a todos los enfermos, sobre todo a aquéllos que, por el elevado coste de los tratamientos no subvencionados por el Estado, se ven abocados a dejarse morir. Una ley que no entró en vigor jamás, y ya no lo hará, porque el PSOE amplió hasta en treinta ocasiones el plazo para presentar enmiendas a esta Ley.

            La respuesta a esa desidia socialista condenatoria está en esa otra propuesta de ley presentada un año antes, el 18 de marzo de 2021. Ese día se aprobó, promovida por el PSOE, por 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la proposición de ley de la eutanasia. Una ley que entró en vigor a toda prisa tres meses más tarde, el 25 de junio. Una ley pensada para poner punto final a las demandas de los enfermos de ELA sin recursos. Una ley de eutanasia que perdería en parte su razón de ser si se aprobara otra para hacerse cargo de los cuidados paliativos de estas personas enfermas de ELA que optan por la vida.

            Sólo por esa decisión, por esta orgullosa maldad que se niega a reconocer errores y a rectificar con humildad, Pedro Sánchez debería perder claramente la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 23 de julio de 2023.

            En esta España progresista de mediados del siglo XXI sigue vigente la pena de muerte. Que no se nos olvide esto cuando vayamos a depositar nuestro voto en la urna el próximo domingo.