La otra crisis: El amargo futuro de la educación pública

            Los partidos progresistas que sostienen el Gobierno del señor Sánchez no van a aceptar ni una sola de las enmiendas presentadas por la oposición y por las asociaciones que representan a la educación privada concertada. Y así, gracias al apoyo de los grupos independentistas vascos y catalanes, aprobarán la Lomloe, también llamada “la Ley Celaá”, una nueva Ley educativa que pretende ensalzar la enseñanza pública y retirar los conciertos económicos a los centros privados.

            En la Lomloe ya no aparece el concepto de “demanda social” para conceder conciertos a todos aquellos centros privados que han sido elegidos libremente por las familias. A partir de la aprobación de esta Ley, la distribución del alumnado la realizará la administración pública, cuya primera opción será siempre completar la ratio de los centros públicos, aunque tenga que contar con los alumnos de los centros concertados cercanos. Cuando las aulas de los colegios públicos ya alcancen el número de alumnos permitido, según la etapa educativa pertinente, será cuando se concedan conciertos educativos y sólo a las aulas de los centros privados que sean necesarias para acoger a todo aquel que no encontró cabida en la pública.

            Los miembros de nuestro Gobierno andan tan ensimismados con su mayoría progresista independentista que ni se han molestado en escuchar las sugerencias de los maestros y profesores que trabajan en la educación pública. Quizá la ministra Celaá, como sus hijas ya dejaron atrás la infancia y la adolescencia, ignore cómo está la juventud de hoy en día. Y por eso, los docentes de la pública, que se las ven y se las desean para controlar clases con nueve o diez alumnos, se están echando a temblar ante el panorama de tener que dar clase a más de treinta alumnos que tienen de todo, menos ganas de atender y de aprender. Por eso, no nos extrañará ver que, tras aprobarse la Lomloe, miles y miles de maestros de la pública se manifiesten ante el Ministerio de Educación junto a esos otros miles de docentes de la concertada exigiendo su derogación.

            Que sí, que la Ley también prevé la construcción de nuevos centros educativos públicos y en un futuro lejano la ratio será menor, pero del “dicho al hecho hay un buen trecho” y más ahora que nos espera una gravísima crisis económica.

Los miembros de nuestro Gobierno andan tan ensimismados con su mayoría progresista independentista que ni se han molestado en escuchar las sugerencias de los profesionales que trabajan en los centros de educación especial. Los docentes de la pública, ante su falta de preparación terapéutica y sabedores de lo que ocurre en sus aulas hoy en día, se ven incapaces de atender con la dignidad que merecen a todos esos alumnos con necesidades varias que llegarán a sus aulas. Y es que, tal y como prevé la Ley, la mayoría de los centros de educación especial se cerrarán en el plazo de diez años.

Por eso, ante el panorama tan variopinto que les espera, no será nada extraño que las quejas más amargas a la Lomloe provengan de los funcionarios que, hasta la aprobación de esta Ley, trabajaban sin excesivos agobios en los centros públicos y con la vista puesta en su feliz jubilación a los sesenta años. Que se vayan preparando, pues gracias a Pedro Sánchez ya no les espera ni una cosa ni la otra.

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