La otra crisis: Al servicio de la verdad

            El pueblo de Cataluña, al menos la mitad de su población, ha decidido con sus votos que el nuevo gobierno autonómico siga siendo el mismo que ya tenían: el compuesto por los partidos nacionalistas independentistas.

            Para nada ha funcionado la nueva táctica del Partido Popular, ésa de amoldar su ideario a las habladurías de la calle, y ha quedado por detrás de Ciudadanos y muy por detrás de Vox. La nueva cúpula popular no cree en su ideario, pues está dispuesto a amoldarlo al pensamiento reinante y cambiante de la opinión pública. Los populares se creen indignos de tratar de imponer unos ideales que la gente corriente ya ha abandonado casi del todo. Creían que si se acomodaban a lo políticamente correcto iban a conseguir un resultado histórico, inmejorable. Pues ya se ha visto que no, que ese acercamiento al relativismo sólo le va a conducir a la desaparición.

            Un partido político no es una veleta ideológica que se mueve sin sentido buscando la aceptación de la gente y unos puestos públicos que le aseguren el sustento. Tampoco debe ser una apisonadora que trate de imponer su ideología por las buenas o por las malas, a través de reales decretos en un estado de alarma. Un partido político ha de tener visión de futuro y tratar de servir a los ciudadanos para que éstos vivan con dignidad y, a ser posible, con esa satisfacción que nos acerca a la felicidad. Y para ello sólo se ha de preocupar de una cosa: estar al servicio de la verdad, de la realidad que es y rodea a todo ser humano.

La otra crisis: Guetos escolares

            En la nueva ley de Educación no aparece de forma explícita, pero una de las razones primeras que ha llevado a la ministra Celaá a determinar el traspaso del alumnado de los centros de educación especial a los centros ordinarios es que se quiere acabar con una supuesta segregación, con unos guetos que clasifican a los alumnos según su capacidad física o intelectual.

            Los niños, desde muy temprana edad, son apartados de sus familias y llevados a unos centros donde se les encasilla por edades y hasta por apellidos, se les numera y se les etiqueta la ropa, los libros y los utensilios de aseo, se les obliga a formar en filas, guardar las distancias, a permanecer sentados o a levantarse cuando los adultos así lo determinen, se les evalúa su rendimiento físico e intelectual, se programan y planifican al minuto todas las actividades que han de realizar o se les alimenta según un menú que ha elaborado una empresa externa

            Así es, los centros de educación especial son auténticos guetos, y los centros ordinarios… ¡también!

La otra crisis: La falsa generosidad progresista

            Nuestro Gobierno no cabe en sí de gozo, pues ni el actual estado de alarma ni la cresta mortal de esta tercera ola ni la crisis económica que nos rodea le están haciendo mella en las encuestas sobre la intención de voto. Tanto es así que hasta es probable que los socialistas ganen las próximas elecciones en Cataluña.

            Más de uno se estará preguntando cómo es posible que Pedro Sánchez y sus socios mantengan intacta su popularidad en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo. ¿Será porque han sacado adelante unos presupuestos que prevén el mayor gasto social de la historia de la democracia? ¿Será porque no les importa gastar hasta endeudarse como nunca?

            No es extraño contemplar la satisfacción que algunas personas sienten al recibir alguna de las ayudas presupuestadas: dependencia, ayuda vital, regulaciones temporales de empleo… Tanto es así que ya les puedes mostrar los errores garrafales de los miembros de este Gobierno, que ellos encontrarán siempre una justificación razonable y su fidelidad política no sufrirá desgaste alguno.

            Y la satisfacción puede dar paso a la admiración ignorante. ¡Qué generosidad la de este Gobierno para con los más menesterosos y los descartados por esta sociedad aburguesada! ¿Generosidad? Para que un acto sea considerado generoso ha de buscar el bien del otro y no un descarado rédito político. No podemos considerar, a simple vista al menos, que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son personas generosas, pues los actos de generosidad conllevan un desprendimiento de algo propio y no de algo ajeno. Y, como bien sabemos, a nadie le cuesta desprenderse de algo si ese algo no es suyo, sino de todos los españoles. ¡Qué fácil es ser “generoso” con lo bienes de los demás! ¡Así cualquiera!

La otra crisis: ¿Instruir o socializar?

            Algunos políticos piensan que la escuela existe para solucionar todos los problemas que van surgiendo en la vida cotidiana de la gente y también, ya de paso, para crear entre la comunidad educativa una corriente de opinión afín a su ideología que les perpetúe en el poder.

            Ahí tenemos todas esas actividades que diferentes asociaciones realizan en los centros educativos sobre los más diversos temas: tiempo libre, aficiones deportivas, musicales o artísticas, diversidad sexual, consumo de alcohol y de drogas, salud corporal, ecologismo, educación vial y en valores o contravalores… De ahí que uno entienda cada vez más esa afirmación de la ministra de Educación, la señora Celaá, cuando soltó que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Porque la función primera de un centro educativo debería ser la de instruir, la de impartir conocimientos, y la familia es la que tendría el deber y el derecho de educar a su prole en aquellos valores y creencias que considerase oportuno. Pero claro, si la ministra Celaá despoja a los padres de su potestad educativa, ese deber y ese derecho recaen sobre la escuela por su decreto legislativo.

            Y por eso mismo la LOMLOE pretende la inclusión del alumnado con diversidad funcional en los centros ordinarios. Se deja a un lado la finalidad primera de instruir, la que da sentido a la existencia de todo centro educativo, y se centra en la socialización, un valor que de siempre se ha hecho virtud en el seno de las familias. Pero claro está, si a las familias se les niega toda responsabilidad educativa, no quedará otra que cargar a la escuela con obligaciones que no deberían ser de su total incumbencia.

            No podemos olvidar que la vida escolar, esa “reclusión académica” de los niños y jóvenes, es un invento humano que para nada sigue los dictámenes de la naturaleza. Un invento que perseguía un objetivo claro: instruir y formar. En cambio, la vida familiar es de origen natural y se da antes, durante y después del periodo escolar de los niños. Por eso, al ser la realidad escolar una realidad forzada y diferente a la realidad de la vida, no es el lugar idóneo para pretender una socialización que no se da ni va a dar fuera del ambiente escolar. Es en el seno de las familias y en su interacción con otras, donde se debe trabajar la socialización de los niños. Más aún, pues es en las familias, cosa que no pasa en la escuela, donde se le quiere a cada uno por lo que es y no por lo que hace o podría hacer. Por lo que la inclusión, la integración y la socialización está mucho más asegurada si se trabaja en el seno de las familias que en cualquier centro educativo por muy especializado u ordinario que sea.

La otra crisis: Todos somos mujeres

            Nuestro Gobierno estaba orgulloso de la reforma penal que se aprobó para castigar con dureza la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres. Y así, ante cualquier denuncia que una mujer interponga contra un hombre, éste será detenido inmediatamente y a continuación tendrá que demostrar su inocencia, que no los tribunales su culpabilidad.

            Pero va y parece ser que la ministra de Igualdad, la señorita Irene Montero, al disponer de demasiado tiempo libre por culpa de tanto confinamiento, ha desempolvado los apuntes de su carrera universitaria y ha vuelto a repasar aquella Declaración Universal de los Derechos Humanos del lejano año 1948. Por eso ha caído en la cuenta del grave error de aquella reforma penal y de la terrible injusticia que se comete contra los hombres por el mero hecho de serlo. Ahí está ese artículo 7 que dice que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. Y también el artículo 11, donde se afirma que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.

            ¿Cómo va a ir un Gobierno progresista en contra de la declaración de derechos más famosa del mundo mundial? Por eso, como rectificar es de sabios, o sea, de progresistas, la ministra Montero se ha aplicado aquel otro dicho de “a grandes males, grandes remedios” y se ha sacado de la manga esa nueva ley transgénero que pondrá todas las cosas en su sitio. Porque gracias a esta ley, todo hombre que así lo desee podrá declararse mujer sin más, sin necesidad de un examen médico previo y sin tratamiento hormonal o quirúrgico alguno. De ese modo, cuando una mujer acuse a un hombre por una presunta agresión, éste podrá decirles a los policías que vayan a detenerle que él también es una mujer. Y así, gracias a Irene Montero, en España se va a dar un recto cumplimiento a esos derechos universales que dejan bien a las claras que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. ¿No les parece?

La otra crisis: ¿Un progresismo eterno?

            Algunos miembros de nuestro actual Gobierno están convencidos de que su permanencia en el poder se va a prolongar durante un buen número de legislaturas. Alardean de tal superioridad moral que hasta se permiten dejar a un lado el relativismo que impregna su ideología. Y es que sí que creen en la existencia de algunas verdades absolutas. Unas verdades basadas en sus opiniones y que se fundamentan en el sentimentalismo ocurrente de cada individuo.

            Esa verdad, su verdad, es la que debe impregnar el ideario de todos los centros educativos que reciban fondos públicos. Esa es la razón de que en la nueva ley educativa se dé prioridad a la escuela pública; se prevé la construcción de más colegios públicos; y se trate de prescindir de las escuelas privadas concertadas que no estén dispuestas a claudicar de su ideario fundacional.

            Parece ser que este Gobierno es tan progresista que es incapaz de mirar atrás y aprender de la historia. Resulta que, en el año 1948, tras la terrible Segunda Guerra Mundial y las purgas efectuadas en los países comunistas, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que ningún régimen totalitario pudiera seguir actuando impunemente. Y ahí está el artículo 26, que en su punto 3 afirma que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

            Pablo Iglesias quiere que el Gobierno controle la educación que se imparte en los centros públicos y que éstos sean los únicos que sobrevivan gracias a la retirada progresiva de los conciertos económicos a los centros privados. Y todo porque cree que los partidos progresistas van a seguir ostentando el poder indefinidamente y que su ideología es la única que se va a impartir dentro de las aulas. Y otra vez queda demostrado su ciego progresismo que le impide aprender de la historia y caer así en la cuenta de que “no hay mal que cien años dure”. Porque llegará el día en que su Gobierno caerá y serán otros los que empezarán a gobernar. Y serán ellos los que tendrán el control absoluto de la educación y podrán imponer su ideología a la única comunidad educativa que habrá subsistido: la de la enseñanza pública.

La otra crisis: Revolución o segregación

            La disposición adicional cuarta de la LOMLOE aborda la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. La idea es dotar a los centros ordinarios de las herramientas y del personal docente especializado necesario para atender de forma eficaz a los niños con diversidad funcional. Se trata, tal y como se indica en el artículo 74 de la ley respecto a la evaluación del grado de consecución de los objetivos establecidos, de “proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo”.

El Gobierno pretende poner en práctica, y así lo indica de forma explícita en la misma Ley, el artículo 24.2.e) de la Convección sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El artículo 24 empieza diciendo lo siguiente: “Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida”. Y más adelante se indica que se ha de asegurar que “las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”.

            Y la cosa no queda ahí, pues esta Ley también pretende hacer cumplir el cuarto Objetivo de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

            Esta nueva ley educativa insiste en la equidad, en la inclusión, en la no discriminación. Pese a todo, trata de evitar el calificativo de “segregada” para denominar a las escuelas que hoy en día atienen al alumnado con necesidades educativas diversas. Porque en el fondo esto es lo que piensan algunas familias cuando se les sugiere que saquen a sus hijos de un centro ordinario para que los atiendan “mejor” en otro sitio.

            Esta ley pretende llevar a la práctica los acuerdos internacionales y las demandas de muchas familias, tomando como base y referencia el articulado de la LOE del año 2006 y centrándose en las adaptaciones, en los refuerzos y en las ayudas que han de recibir los alumnos con necesidades diversas para lograr esa ansiada inclusión. Pero el currículo es el mismo. Y tampoco cambia con esta ley la forma de evaluar, la agrupación del alumnado, la disposición de las aulas, la metodología de trabajo, el plan de formación de los futuros docentes o la formación permanente de los que ya lo son. No se dice nada del papel imprescindible de los compañeros de aula de estos niños con necesidades diversas y que será fundamental si queremos pasar de una inclusión formal a una integración real.

            Por eso, tal y como opinan ya algunas familias implicadas, lo que de verdad necesitamos para que esa inclusión sea real es una auténtica revolución en nuestro sistema educativo. Una revolución que la LOMLOE no trae, pues es más de lo mismo con una mayor inversión en personal docente y en la adaptación material de las aulas.

            Por eso, visto lo visto desde la implantación de la LOE, será mejor que las cosas se queden como están y que los niños con necesidades diversas permanezcan escolarizados en sus colegios. Pues si ahora esa segregación sólo afecta a los centros escolares especiales en su conjunto, en el plazo de diez años se dará de forma masiva dentro de las aulas de los centros escolares ordinarios.

La otra crisis: Vínculos ideológicos

            Más de uno aún se preguntará por qué la ministra de Educación, la señora Celaá, afirmó en su día que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Pues en el preámbulo de la nueva ley educativa podemos encontrar la respuesta: “Entre los principios y los fines de la educación, se incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas”. Es decir, la Administración se otorga el papel de protector y defensor de los derechos de la infancia, pasando por encima del derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos tal y como dice la Constitución, el derecho natural y el sentido común.

            Los padres, que trajeron a la existencia a sus hijos, son los primeros que desean lo mejor para ellos. El afecto y el cariño mutuo entre padres e hijos crean una serie de vínculos que son imprescindibles para no desfallecer en la ardua tarea de la formación continua y el crecimiento personal. Ese vínculo afectivo, esa motivación que nace de un amor que es recíproco, no existe entre la Administración y los infantes ni, en más de un caso, entre los docentes y los discentes. Entonces, ¿de dónde nace ese afán por defender supuestamente los derechos de los niños, aun pasando por encima de la autoridad legítima de sus padres? Porque si los vínculos existenciales y afectivos son inexistentes, si no se tiene en cuenta el parecer de sus padres, solo cabe pensar en la existencia de un interés ilícito por parte de este Gobierno: la imposición ideológica.

            La ideología que impregna a nuestros gobernantes otorga a los deseos y a las ocurrencias el rango de ley, aunque su fundamentación sea falsa y alejada de la realidad. Porque, por ejemplo, uno de los derechos que esta Administración otorga a los infantes es el poder cambiar de sexo si así lo desea el menor. Y como la ley sentencia que el Estado ha de velar por “el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia”, los padres no tienen nada que decir al respecto. Y esta injusta e incomprensible imposición se da porque este supuesto derecho solo se sostiene por el deseo, por el capricho del momento, y no tiene ninguna fundamentación científica. Como el argumento del deseo no se sostiene y es indefendible, se ha de imponer para que se pueda hacer efectivo.

            Y lo más triste de este “derecho infantil a cambiar de sexo” es la burda manipulación que sufren muchos niños, sin que sus padres puedan hacer nada por evitarlo. Una manipulación que bendice y promueve la Administración y que oculta a los menores una cruda realidad: el cambio de sexo les va a impedir el ser padre o el ser madre en el futuro.

Los supuestos defensores de los derechos de los niños, cuya vinculación con los mismos solo es ideológica, argumentarán que el sufrimiento de los infantes que no se identifican con su sexo es insoportable y que por eso no cabe pensar en las consecuencias irreversibles de su decisión. Pues resulta que, para combatir la ansiedad infantil, si ésta se diera por un deseo irracional de cambiar de sexo, existen los ansiolíticos. Y como esa decisión va a provocar una esterilidad irreversible en su adultez, lo mejor será esperar a que ese niño sea mayor de edad y pueda sopesar la conveniencia o no de un cambio de sexo que le va a marcar de por vida. ¿No creen?

La otra crisis: ¿Una inclusión sin integración?

            La experiencia de la vida nos demuestra que una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica, que una cosa es redactar desde un despacho un listado de normas muy deseables y otra que éstas se puedan llevar a la práctica en un centro educativo.

            Y es que ya tenemos vigente la nueva ley de Educación, la llamada Lomloe o Ley Celaá, con ese deseo explícito de instaurar la inclusión educativa y de integrar al alumnado de los centros de educación especial en los centros ordinarios. Y si una cosa es la teoría y otra es la práctica, la diferencia es todavía mayor si esa teoría no se basa en la realidad de las cosas. Y la realidad más palpable es que el papel de las familias de esos alumnos con necesidades especiales es primordial e imprescindible. Y a esas familias no se les ha consultado si les parece bien o mal esa medida prevista por la ley y tampoco van a tener la posibilidad de impedir que sus hijos cambien de centro cuando lo dictamine la Administración.

            Otra realidad, que tampoco se aprecia desde un despacho, es que los maestros de los centros ordinarios, en su inmensa mayoría, no están preparados para atender con garantías de éxito a todos esos niños con unas necesidades diferentes al resto de los alumnos de la clase. Y a esto hay que añadir que, por culpa de la situación económica, tampoco va a ser posible contratar a los miles de docentes especializados que van a hacer falta para que esa inclusión se convierta en una posible integración. Porque incluir en las aulas ordinarias a todos esos alumnos, distribuir sin más, se podrá hacer si se realiza una planificación correcta. Pero otra cosa va a ser que esos alumnos logren integrarse en la vida escolar, pues la realidad, ésa que no se ve desde el despacho ministerial, nos demuestra que los docentes siempre están por la labor, pero que los alumnos, sobre todo los de Infantil y los del primer ciclo de Primaria, suelen ignorar y dejar a un lado a los niños con los que no pueden interactuar en sus juegos. Y es que en este caso nos encontramos con la barrera de la inmadurez afectiva de estas edades y el desuso de su razón.

            Sería una grata noticia que dentro de algunos años pudiéramos felicitar a la ministra Celaá por el éxito de esta iniciativa de inclusión e integración de niños con necesidades especiales en centros ordinarios. Pero aún sería más de agradecer, si se diera el caso de no poder poner en práctica su teoría, que se permitiera a las familias implicadas elegir con libertad si prefieren que sus hijos vayan a uno o a otro centro escolar. ¿No les parece?

La otra crisis: Padres, maestros y ángeles

            Una vez pasado el tiempo establecido, veinte días desde su publicación en el Boletín oficial del Estado, entra ya en vigor la nueva ley educativa, la LOMLOE de la ministra Celaá. También empieza la cuenta atrás para que el alumnado de los centros de educación especial se integre en los centros ordinarios y, de ese modo, impere la igualdad en todo nuestro sistema educativo. Parece ser, y este es uno de los argumentos que esgrime nuestro Gobierno, que si se mantienen abiertos esos centros especiales se perpetúa la discriminación y se fomenta la creación de guetos educativos.

            La nueva ley insiste una y otra vez en la calidad y la equidad. Nuestro sistema educativo alcanzará la calidad deseable si tenemos en cuenta las necesidades personales de cada uno de los discentes. Por eso, si los centros ordinarios han de acoger al alumnado de los centros especiales, se ha de incrementar la plantilla docente en todos los centros educativos. Un alumno con necesidades especiales, si queremos que saque provecho y que no se disperse ni paralice la marcha de una clase ordinaria, necesitaría tener a su lado y en todo momento a un maestro que le supervise. Solo así se pondrá en marcha esa equidad que la ley persigue y, en suma, aumentará la calidad de nuestro sistema educativo.

            La LOMLOE también habla de ejercer la solidaridad. Es bien cierto que los alumnos de los centros ordinarios van a tener la oportunidad de agrandar su corazón al ser conscientes de la realidad distinta de alguno de sus compañeros de pupitre. Es más que seguro que los tutores acogerán con los brazos abiertos a todos esos niños y que se preocuparán para que se integren en la clase junto a todos los demás. Hablarán con cada uno, sobre todo con los líderes del grupo, para que los hagan partícipes de sus juegos y les ayuden en sus tareas escolares.

            Sí, así será cuando los alumnos sean capaces de razonar y puedan desarrollar una empatía que no aparecerá hasta los 10 u 11 años. ¿Y qué hacemos hasta entonces? ¿Qué hacemos mientras estos niños de educación especial estén en Infantil y en los primeros cursos de Primaria y sientan el rechazo y la indiferencia de sus compañeros?

            Es muy loable que esta ley educativa persiga la integración, la igualdad, la calidad y la equidad, pero ha de partir de tres realidades:

1) Hay que contar con el parecer de las familias, pues su papel es primordial y fundamental en toda labor educativa.

2) Estamos inmersos en una crisis económica que imposibilitará la contratación de decenas de miles de docentes.

3) Los alumnos de los centros ordinarios no son ángeles.