La otra crisis: Una muerte natural asegurada

            Nuestro Gobierno progresista y sus socios nacionalistas e independentistas han aprobado en pleno estado de alarma una ley de la eutanasia que la sociedad española ni demandaba ni esperaba. A la hora de elaborar esta ley no se ha tenido en cuenta el parecer de ninguna asociación médica ni tampoco el informe negativo del Comité de bioética que asesora a las instituciones públicas.

            Gracias a Pedro Sánchez y a sus secuaces la vida de una persona se valorará según su productividad y su proyección en el tiempo. Y que no digan que a nadie se le va a obligar a hacer uso de la eutanasia, pues el mero hecho de que ésta esté aprobada hace que la población asuma que hay vidas que no merecen ser vividas. Ahí está, por ejemplo, el parecer de una niña de once años, que espetó a sus compañeros de clase el siguiente razonamiento: “¿Por qué tienen que vacunar contra el virus a las personas mayores y no a los niños? ¡Ellos ya han vivido suficiente y nosotros tenemos toda la vida por delante!”.

            Y la cosa no queda ahí, pues la ley prevé que los suicidios asistidos y las muertes provocadas por el personal sanitario constarán en los informes médicos como “muertes por causas naturales”. Y uno se pregunta, porque la pela es la pela, qué van a hacer las aseguradoras con semejante falacia. ¿Aceptarán que los herederos de sus asegurados cobren el seguro de vida cuando recurran a la eutanasia porque se tratará de una “muerte por causas naturales”? ¿Exigirán el pago de una prima superior a aquellas personas que estén dispuestas a poner punto final a su vida si la incapacidad o el sufrimiento se cruzan en su camino? Ante semejante despropósito legislativo cabe esperar un recurso o una impugnación de parte de cualquier persona o asociación con un poco de sentido común. ¿No creen?

La otra crisis: Una infancia sufriente

Irene Montero, ministra de Igualdad, como madre previsora que es, ya entrevé el sufrimiento que les espera a sus hijos cuando se matriculen en un centro escolar si gobierna la derecha en la Comunidad de Madrid y no se aprueba una Ley de Igualdad progresista. Ahí se ve que hace muchos años que no pisa una escuela, pues la causa del sufrimiento de su alumnado no suele ser la negación de una terapia de conversión de género. Aquí se demuestra también su ignorancia legislativa, pues a nivel comunitario hay leyes de Igualdad, también bajo gobiernos del Partido Popular, que priorizan los deseos de los hijos sobre el parecer de sus padres. Y hasta pueden perder la patria potestad si se niegan a iniciar esa terapia de conversión que su hijo pide, aunque éste no haya cumplido ni los siete años. Así que la falta de libertad la tienen los progenitores y no los niños que, en su inmadurez e ignorancia, o en la de algunos políticos, piensan que la causa de su infelicidad está en su confusión sexual.

            Cuando los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias vayan al colegio, si es que no optan por educarlos en casa con profesores particulares, sus padres y abuelos caerán en la cuenta de qué asuntos son los que hacen sufrir a sus pequeños: el acoso escolar, la falta de generosidad o el aislamiento causado por algún compañero, los castigos injustos, las normas que impiden hacer lo que a uno le viene en gana, una enfermedad que les imposibilite jugar con los demás… Aunque es bien cierto que mucho antes de esa supuesta escolarización, y quizás ya ahora, habrán experimentado qué es lo que de verdad más hace sufrir a un niño: la falta de muestras de cariño entre su papá y su mamá, que son las personas que el pequeño más quiere en este mundo.

La otra crisis: El eclipse de los centros de Educación Especial

            La nueva Ley de Educación, la llamada Lomloe, apuesta por la plena integración en las aulas de Centros ordinarios de todos aquellos discentes con alguna diversidad funcional física o psíquica. Y es que nuestro Gobierno considera que los Centros de Educación Especial son una especie de gueto donde se discrimina a las personas que no se ajustan a los cánones que se consideran normales.

            Pero va y resulta que donde de verdad se aplica esa supuesta discriminación, esa selección eugenésica que debería causarnos espanto, es tras un diagnóstico prenatal desfavorable. Esa persona que tendrá todo el derecho del mundo a ser integrada en Centros ordinarios cuando alcance la edad de escolarización, no tiene derecho a existir si su diversidad funcional es detectada en el seno materno. De hecho, por ejemplo, y aunque la película “Campeones” nos emocione hasta la lágrima, el nacimiento de un niño con Síndrome de Down es algo excepcional hoy en día.

            Y la cosa no queda ahí, pues dentro de unas cuantas semanas entrará en vigor esa ley que permite aplicar la eutanasia a todos aquellos que aleguen una enfermedad crónica o un sufrimiento insoportable. En otros países, donde la eutanasia está vigente desde hace algunos años, la ley ha degenerado para que también puedan hacer uso de ella los bebés, los niños y las personas discapacitadas de cualquier rango de edad. Eso quiere decir que aquí en España, de seguir el mismo camino, se podrá acabar con la vida de las personas con diversidad funcional que se libraron en su día, por el motivo que fuere, de ser abortadas.

            España ha apostado fuerte por la cultura de la muerte y por eso será una realidad, más pronto que tarde, ese franco deseo que tiene la Lomloe por cerrar los Centros de Educación Especial. Aunque, claro está, el motivo principal de este cierre no será la plena integración de los discentes con diversidad funcional en los Centros ordinarios.

La otra crisis: Una promoción incoherente y estéril

El periodo de matrícula en los centros educativos dará comienzo en unas pocas semanas. Aquí en la Comunidad Valenciana ya se ha publicado qué aulas de Infantil y de Primaria se suprimirán si no se alcanza un mínimo número de alumnos inscritos. Es por eso por lo que algunos claustros y asociaciones familiares han iniciado en las redes sociales una campaña de promoción “a la desesperada”, pues cada vez son menos los niños en edad escolar. Para colmo, el índice de natalidad está disminuyendo aún más por culpa de la crisis social y económica que está provocando la pandemia.

            En algunos colegios públicos se han puesto manos a la obra en esto de la promoción. Ya no hay actividad que no se fotografíe y se publicite en todo tipo de red social y con esa petición explícita que anima a compartir la noticia y dejar algún comentario que ayude a su mayor difusión. Pero ese afán se está topando con la cruda realidad: hay más oferta que demanda y la motivación de su profesorado, aún siendo mucha, es menor que la que se da en los claustros de los centros privados concertados. Y es que los maestros funcionarios de la pública sólo se juegan el disfrutar de un destino cerca de su casa y los maestros de la privada se están jugando su puesto de trabajo y el sustento de su familia.

            Quizá por eso los maestros de la privada han dado un paso más en eso de la promoción y predican con el ejemplo: matriculan a sus hijos en los centros donde imparten clase. En cambio, se da el caso en algunos colegios públicos, necesitados como agua de mayo de nuevas matrículas, en que ni uno solo de los hijos de sus docentes estudia allí. Con esa actitud, ¿cómo van a convencer a otras familias del barrio para que cambien de opinión y matriculen ahí a sus hijos y no en aquel colegio concertado cercano? Lo más probable es que alguna de esas familias, echando mano del refranero, les salga con un “no quieras para los demás lo que no quieras para ti”. ¿No creen?

La otra crisis: Luto progresista

Si uno analiza la ideología denominada “progresista”, puede llegar a la conclusión de que su programa solo pretende una cosa: la propagación de la cultura de la muerte.

            Ahí tenemos el divorcio exprés, esa separación de una mujer y de un hombre sin necesidad de que haya causa alguna y con la posibilidad de que se produzca de forma unilateral. Y al sufrimiento de los hijos implicados en esa ruptura se le suma la predecible decisión de ese hombre y de esa mujer de no tener más hijos con su futura pareja.

            La ley del aborto española, que consagra como un derecho fundamental la posibilidad de acabar con la vida del no nacido, es la constatación de la sinrazón de una ideología que, para imponerse en la sociedad, pisotea la dignidad de las personas.

            La ideología de género, donde el sentimiento y el deseo nublan la razón y las evidencias científicas, está condenando a la infertilidad perenne, a la infelicidad y a la amargura constante, a todos esos niños que están recibiendo tratamientos hormonales desde su más tierna infancia. Y todo ello sin que sus padres puedan hacer nada por impedirlo, pues se arriesgan a perder su custodia si no se pliegan a esta ideología de la esterilidad.

            Y ahora, al igual que lo hiciera el terrible régimen nazi, acaban de aprobar la ley de la eutanasia, ésa que abrirá las puertas de la muerte a todos esos ancianos y enfermos terminales que se sientan como una carga para el pretendido “estado del bienestar”. Es del todo macabro que el objetivo implícito de la eutanasia sea acabar con el elevado coste de los tratamientos médicos y de las pensiones. También borrará de un plumazo el supuesto agobio y preocupación filial de algunos hijos. Y así, en los centros médicos donde antaño se luchó sin descanso por salvarles la vida, se les inoculará a nuestros ancianos no ya esa vacuna que recibieron en primicia, sino una sustancia mortal que les producirá, según establece esta nueva ley de la eutanasia, una “muerte natural”.

            Por eso, y por algunas cosas más, sería conveniente que toda esta gente que se autodenomina “progresista”, fieles seguidores de la cultura de la muerte, vistieran siempre enlutados. De ese modo, hasta los más despistados serán sabedores de a qué se exponen si les dan su voto en las próximas elecciones generales. ¿No les parece?

La otra crisis: Un falso derecho a decidir

            Aún resuenan en el Parlamento los aplausos entusiastas de los diputados que aprobaron la Ley de la eutanasia hace unos pocos días. Parece ser que han descubierto que el derecho a decidir está por encima de todo y de todos. Por eso resulta inexplicable que hayan establecido que el personal sanitario que plantee su objeción de conciencia, que decida no aplicar la eutanasia a sus pacientes, aparecerá registrado en una “lista negra” de objetores y a la espera de saber qué consecuencias tendrá para su futuro desarrollo profesional en la carrera médica.

            Y es que nuestro Parlamento, de mayoría progresista, tiene más que claro que todos los españoles tenemos derecho a decidir… sólo lo que ellos decidan que decidamos. Por eso uno puede decidir vacunarse, siempre y cuando se encuentre encuadrado dentro del grupo de candidatos que las autoridades sanitarias han establecido. Y también al revés, uno puede decidir no vacunarse… y atenerse a las consecuencias laborales y sociales.

            Los españoles, gracias a nuestro Gobierno, también podremos decidir si poner punto final a nuestra vida o aguantar con lo que haya. Eso sí, siempre y cuando estemos al borde de la muerte, con sufrimientos insoportables o con una depresión que no nos deje ver más allá del abismo. Aunque, claro está, no nos estará permitido decidir si nos ponemos o no el casco de la moto o el cinturón de seguridad del coche, si nuestros hijos van a ese o a otro colegio o si reciben o no esa charla de contenido extracurricular que, por ejemplo, les va a poner al día de cómo usar los métodos anticonceptivos. Porque este Gobierno ha encumbrado con propaganda falsaria el “derecho a decidir”, pero es él el que dictamina los contenidos y los límites de ese siniestro derecho a decidir.

La otra crisis: Una educación progresista reprimida

            Más de uno se echó las manos a la cabeza cuando escuchó a la ministra de Educación, la señora Celaá, afirmar que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Y este supuesto escándalo no lo fue aún mayor porque la ministra Celaá es socialista y debe guardar las formas para no espantar a una buena parte de sus simpatizantes.

            Y es que nuestro presidente Sánchez tenía claro que no iba a ceder las competencias educativas a un miembro de Unidas Podemos. ¿Se imaginan lo que hubiera dicho Pablo Iglesias si ostentara él el cargo de ministro de Educación? Pues quizá algo así: “Es hora de reestablecer el gran principio, tan incomprendido, de que los niños pertenecen a la República más que a sus padres (…) Debemos decir a los padres: no os arrebatamos a vuestros hijos, pero no debéis apartarlos del influjo de la nación (…) Es en escuelas nacionales donde los niños deben ser amamantados con la leche republicana”. Y lo sorprendente es que estas supuestas palabras de Iglesias no podrían ser consideradas “ideas modernas”, pues fueron pronunciadas por Georges-Jacques Danton, el que fuera Presidente de la Convención Nacional francesa, en el año 1793.

            Aunque tampoco el señor Danton pudo presumir de “moderno progresista” al esgrimir estos pensamientos; latentes en la ideología de la parte más “progresista” de nuestro Gobierno. Resulta que La Chalotais, Parlamentario Bretón, ya afirmó en el año 1763 “el derecho de exigir para la nación una educación que dependa exclusivamente del Estado, porque a él pertenece esencialmente; porque toda nación posee el derecho inalienable e imprescriptible de instruir a sus miembros; y, finalmente, porque los hijos del Estado deben ser educados por miembros del Estado”.

            Por eso, tras escuchar a la ministra Celaá y ser sabedores del trasfondo ideológico de sus palabras, estamos advertidos de lo que nos espera en un futuro próximo si el desarrollo de la nueva Ley de Educación, la llamada Lomloe, viene influenciado por los socios más “progresistas” del Gobierno de Sánchez. Aunque, como ya quedó dicho, los socialistas sí que temen perder parte de su electorado si se dejan avasallar por las ideas de la extrema izquierda. Ellos verán qué deciden al final y serán las urnas las que, finalmente, dictarán una sentencia.

La otra crisis: Orgullo de padre

            Ya ha transcurrido un año desde el inicio de aquel confinamiento que cerró todos los centros educativos de España durante varios meses y les obligó a celebrar un final de curso virtual. Y este nuevo curso ya presencial, pese a las limitaciones impuestas por los protocolos para evitar los contagios, está transcurriendo con cierta normalidad. Tanto es así que, dentro de lo que cabe, se están logrando los objetivos mínimos de la Programación General Anual. Y entre esos objetivos mínimos, como no podría ser de otro modo si se pretende vivir en la realidad circundante, está la conmemoración de las fiestas civiles y religiosas que jalonan el calendario escolar.

            Una de esas fiestas señaladas, y más que en ningún sitio en la Comunidad Valenciana en pleno mes de marzo, es el día de San José, el día del Padre. Y es que José, un simple carpintero, fue el elegido para ser el padre adoptivo de Jesús, el hijo de Dios y de María. Y por eso podría ser el modelo para ser imitado por todos esos hombres que desean ejercer su paternidad con humildad, laboriosidad, obediencia, generosidad…

            En estos tiempos que tanto se incide en los centros escolares sobre la nueva masculinidad y se imparten esas charlas sobre modelos masculinos paritarios, empáticos, serviciales, amorosos o sensibles, no vendría mal poner de relieve a la figura de san José. ¡Cómo cambiaría el ambiente de las familias si muchos padres de familia trataran de comportarse como este santo varón! ¿Que cómo lo sé? Pues porque he sido testigo de ello en mi propia casa, con el ejemplo de mi padre. Por eso, junto a mis hermanos, podemos afirmar que estamos muy orgullosos de nuestro padre… al igual que lo estarán la inmensa mayoría de los docentes y de los discentes que pisan nuestras aulas. Así que, le pese a alguien o no, ¡feliz día de San José y felicidades a todos los papás!

La otra crisis: Un Día de la Mujer empático

Este año es diferente, especial quizás, pues la celebración del 8 de Marzo, Día de la Mujer, se ha adaptado por fin a los tiempos que corren. Alguno dirá que es por culpa de la pandemia, de ese virus que no nos deja expresar nuestros sentimientos con plena libertad. Pero no, pues el cambio esencial se está dando en los centros educativos.

Que sí, que todavía se alza la voz demandando unos derechos justos, pero ahora el centro de atención está en el reconocimiento de todas esas mujeres que han aportado su granito de arena para mejorar nuestro mundo. Ahí está, por ejemplo, ese colegio que ha realizado un mural con mujeres que han sido relevantes en el campo profesional, científico, social y religioso.

Este 8 de Marzo también es un buen momento para celebrar la liberación de esas 279 niñas nigerianas que fueron secuestradas hace un par de semanas. En un día como hoy, nuestras voces se deben alzar para denunciar la trata de personas que se da también en nuestras ciudades.

Y miremos un poco más allá, hacia la India y la China, y allí nos encontraremos con ese infanticidio femenino, por culpa del aborto selectivo, que clama al cielo, pues el primer derecho de toda mujer es el derecho a la vida.

Este año no habrá manifestaciones feministas en nuestras calles, pero no por ello se va a dejar de recordar, un día tras otro, que los hombres y las mujeres son iguales en dignidad, en derechos y en deberes.

La otra crisis: Subsidiaridad pervertida

            Ya nadie ignora las consecuencias totalitarias que devienen de aquellas palabras de la ministra de Educación, la señora Celaá, cuando afirmó que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Está claro que los hijos no son objetos, cosas que los padres poseen para manipularlas a su real antojo. Pero esa no es la idea que subyace en la aseveración de la ministra, sino que va más allá: despojar a las familias del derecho primigenio de educar a sus hijos. Un derecho natural que se fundamenta en que son los padres los que los han traído a la existencia y los mantienen en ella.

            Cuando el derecho a la educación recae en las familias, éstas son las que pueden elegir con legitimidad qué tipo de educación desean para su prole. Por eso, en esta realidad, es el Estado el que asume un papel subsidiario y ha de ayudar a las familias para que éstas puedan acceder al tipo de educación que han elegido. Pero si el derecho a educar a los niños no recae sobre sus padres, alguien tendrá que asumir esa responsabilidad. Y ese papel, gracias a la nueva ley de la ministra Celaá, se lo ha apropiado el Estado: se elimina de la ley el término de “demanda social”, el que colocaba a la Administración como subsidiaria de las demandas de las familias, y será el Estado el que asuma de primeras el derecho a la educación, quedando las familias y los colegios privados como subsidiarios. Éstos atenderán sólo al alumnado que no pueda acoger la escuela pública.

            Ante semejante panorama, digno de países con gobiernos totalitarios que desprecian la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surge la voz de personas sensatas que tratan de acercar las posturas de unos y de otros para que el sistema de conciertos educativos siga como hasta ahora. Porque la culpa del fracaso y del abandono escolar no deriva de la atención subsidiaria a esa “demanda social”. Tal es el deseo de acercar posturas por parte de las asociaciones de centros privados, que hasta están dispuestas a cambiar el término “subsidiario” por el de “complementario”. De ese modo, ya no estarán las familias o el Estado por encima o por debajo en el derecho a la educación de los niños, sino que ambos se complementarán en la búsqueda de lo que de verdad importa: una educación de calidad que beneficie tanto al alumnado de la escuela pública como al de la privada y, por ende, a la sociedad entera.