Nuestro Gobierno progresista y sus socios nacionalistas e independentistas han aprobado en pleno estado de alarma una ley de la eutanasia que la sociedad española ni demandaba ni esperaba. A la hora de elaborar esta ley no se ha tenido en cuenta el parecer de ninguna asociación médica ni tampoco el informe negativo del Comité de bioética que asesora a las instituciones públicas.
Gracias a Pedro Sánchez y a sus secuaces la vida de una persona se valorará según su productividad y su proyección en el tiempo. Y que no digan que a nadie se le va a obligar a hacer uso de la eutanasia, pues el mero hecho de que ésta esté aprobada hace que la población asuma que hay vidas que no merecen ser vividas. Ahí está, por ejemplo, el parecer de una niña de once años, que espetó a sus compañeros de clase el siguiente razonamiento: “¿Por qué tienen que vacunar contra el virus a las personas mayores y no a los niños? ¡Ellos ya han vivido suficiente y nosotros tenemos toda la vida por delante!”.
Y la cosa no queda ahí, pues la ley prevé que los suicidios asistidos y las muertes provocadas por el personal sanitario constarán en los informes médicos como “muertes por causas naturales”. Y uno se pregunta, porque la pela es la pela, qué van a hacer las aseguradoras con semejante falacia. ¿Aceptarán que los herederos de sus asegurados cobren el seguro de vida cuando recurran a la eutanasia porque se tratará de una “muerte por causas naturales”? ¿Exigirán el pago de una prima superior a aquellas personas que estén dispuestas a poner punto final a su vida si la incapacidad o el sufrimiento se cruzan en su camino? Ante semejante despropósito legislativo cabe esperar un recurso o una impugnación de parte de cualquier persona o asociación con un poco de sentido común. ¿No creen?

Irene Montero, ministra de Igualdad, como madre previsora que es, ya entrevé el sufrimiento que les espera a sus hijos cuando se matriculen en un centro escolar si gobierna la derecha en la Comunidad de Madrid y no se aprueba una Ley de Igualdad progresista. Ahí se ve que hace muchos años que no pisa una escuela, pues la causa del sufrimiento de su alumnado no suele ser la negación de una terapia de conversión de género. Aquí se demuestra también su ignorancia legislativa, pues a nivel comunitario hay leyes de Igualdad, también bajo gobiernos del Partido Popular, que priorizan los deseos de los hijos sobre el parecer de sus padres. Y hasta pueden perder la patria potestad si se niegan a iniciar esa terapia de conversión que su hijo pide, aunque éste no haya cumplido ni los siete años. Así que la falta de libertad la tienen los progenitores y no los niños que, en su inmadurez e ignorancia, o en la de algunos políticos, piensan que la causa de su infelicidad está en su confusión sexual.
La nueva Ley de Educación, la llamada Lomloe, apuesta por la plena integración en las aulas de Centros ordinarios de todos aquellos discentes con alguna diversidad funcional física o psíquica. Y es que nuestro Gobierno considera que los Centros de Educación Especial son una especie de gueto donde se discrimina a las personas que no se ajustan a los cánones que se consideran normales.
El periodo de matrícula en los centros educativos dará comienzo en unas pocas semanas. Aquí en la Comunidad Valenciana ya se ha publicado qué aulas de Infantil y de Primaria se suprimirán si no se alcanza un mínimo número de alumnos inscritos. Es por eso por lo que algunos claustros y asociaciones familiares han iniciado en las redes sociales una campaña de promoción “a la desesperada”, pues cada vez son menos los niños en edad escolar. Para colmo, el índice de natalidad está disminuyendo aún más por culpa de la crisis social y económica que está provocando la pandemia.
Si uno analiza la ideología denominada “progresista”, puede llegar a la conclusión de que su programa solo pretende una cosa: la propagación de la cultura de la muerte.
Aún resuenan en el Parlamento los aplausos entusiastas de los diputados que aprobaron la Ley de la eutanasia hace unos pocos días. Parece ser que han descubierto que el derecho a decidir está por encima de todo y de todos. Por eso resulta inexplicable que hayan establecido que el personal sanitario que plantee su objeción de conciencia, que decida no aplicar la eutanasia a sus pacientes, aparecerá registrado en una “lista negra” de objetores y a la espera de saber qué consecuencias tendrá para su futuro desarrollo profesional en la carrera médica.
Más de uno se echó las manos a la cabeza cuando escuchó a la ministra de Educación, la señora Celaá, afirmar que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Y este supuesto escándalo no lo fue aún mayor porque la ministra Celaá es socialista y debe guardar las formas para no espantar a una buena parte de sus simpatizantes.
Ya ha transcurrido un año desde el inicio de aquel confinamiento que cerró todos los centros educativos de España durante varios meses y les obligó a celebrar un final de curso virtual. Y este nuevo curso ya presencial, pese a las limitaciones impuestas por los protocolos para evitar los contagios, está transcurriendo con cierta normalidad. Tanto es así que, dentro de lo que cabe, se están logrando los objetivos mínimos de la Programación General Anual. Y entre esos objetivos mínimos, como no podría ser de otro modo si se pretende vivir en la realidad circundante, está la conmemoración de las fiestas civiles y religiosas que jalonan el calendario escolar.
Este año es diferente, especial quizás, pues la celebración del 8 de Marzo, Día de la Mujer, se ha adaptado por fin a los tiempos que corren. Alguno dirá que es por culpa de la pandemia, de ese virus que no nos deja expresar nuestros sentimientos con plena libertad. Pero no, pues el cambio esencial se está dando en los centros educativos.
Ya nadie ignora las consecuencias totalitarias que devienen de aquellas palabras de la ministra de Educación, la señora Celaá, cuando afirmó que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Está claro que los hijos no son objetos, cosas que los padres poseen para manipularlas a su real antojo. Pero esa no es la idea que subyace en la aseveración de la ministra, sino que va más allá: despojar a las familias del derecho primigenio de educar a sus hijos. Un derecho natural que se fundamenta en que son los padres los que los han traído a la existencia y los mantienen en ella.