La otra crisis: Las tardías caceroladas conservadoras

            Nuestro Gobierno progresista se ha acomodado muy pronto en la poltrona del poder y, pese a su irregular gestión de la pandemia, hasta las encuestas de intención de voto le son favorables. Y es que, antes de tomar una decisión intrascendente desde el punto de vista ideológico, trata de ver qué rédito político le va a proporcionar marcar un camino u otro y qué pretextos ha de esgrimir para justificarse si yerra. En cambio, cuando se trata de imponer su ideología de izquierda mediante normas y leyes, no se para a pensar nada, sino que trata de acelerar el proceso para que esté vigente cuanto antes y con la única justificación del “ordeno y mando porque sí”.

            El regodeo mandatario de este Gobierno le ha hecho olvidar el pasado reciente de sus dirigentes. Ya no se acuerdan de los asedios a las sedes del Partido Popular, de sus asentamientos en pleno centro de Madrid, de sus proclamas exaltadas contra las supuestas mentiras de los gobernantes conservadores o su moción de censura a Rajoy tras hacerse pública una sentencia por un caso de corrupción.

Por eso ahora, cuando ya han transcurrido más de dos meses desde que Sánchez decretara el estado de alarma sanitaria, les ha pillado por sorpresa esas concentraciones ciudadanas que protestan contra su gestión de esta terrible crisis. Pensaban que sólo ellos podían tomar las calles y que nadie más lo haría mientras ostentaran el poder los únicos defensores posibles del pueblo llano.

La paciencia de muchos españoles se ha agotado tras más de sesenta días contemplando con impotencia las idas y venidas del Gobierno, sus decisiones arbitrarias y ajustadas a lo políticamente correcto, justificando una cosa y la contraria en cuestión de horas sin importarle quedar mal ante la opinión pública. Y ahí está la gran cacerolada que, cada vez en más ciudades, exige a Sánchez su dimisión y la convocatoria de elecciones. Una petición de dimisión que se basa sobretodo en la incompetencia e incapacidad de este Gobierno y menos en una mala fe que no se ha de presuponer por simple sentido común.

La otra crisis: Adiós al espíritu crítico

            Algunas personas creen, sobretodo cuando son los de su cuerda los que ostentan el poder, que todo lo que el Gobierno dice y hace está bien, pues es infalible e incapaz de tomar una mala decisión, a sabiendas o no. Y por eso, para ser coherentes con su línea de pensamiento, tragan con leyes como la del aborto, la ideología de género, la eutanasia, el divorcio exprés, el matrimonio homosexual o la memoria histórica. Es más, se dejan embaucar por el discurso ideológico del Gobierno, que afirma que esas leyes eran necesarias porque defienden derechos fundamentales de la ciudadanía. Aceptan sin rechistar, también porque andan faltos de formación, y miran hacia otro lado cuando las meteduras de pata del Ejecutivo son más que evidentes.

            Esa gente sin criterio, que diviniza el poder terreno que han alcanzado los suyos, influye sobremanera en los demás cuando disfrutan de un cargo de responsabilidad en los medios de comunicación, en instituciones educativas o en centros médicos. Y por este motivo, porque hay que dorarles la píldora si uno desea publicar, ganar una oposición docente o ejercer la medicina, el poder ideológico de este Gobierno progresista se extiende cada vez más por toda la sociedad. Tanto es así que ya nos han hecho creer que criticar al Gobierno es criticar al Estado, a España y a los españoles. Todo el que no acepta sus mandatos es un antipatriota, un traidor que merece ser silenciado por la fuerza de sus leyes. Esas leyes que solo defienden derechos particulares y ocurrencias ideológicas guiadas por el sentimentalismo.

La otra crisis: Test a la comunidad educativa

        Los niños valencianos de Educación Infantil y de Primaria no van a volver a las aulas hasta el próximo curso. Los más mayores sólo irán a su colegio si los cita su tutor para hacerles entrega de material escolar o para darles unas pautas claras si, por el motivo que fuere, no han podido aprovechar el tiempo a lo largo de estos dos meses que están sin clase.

            ¿Y qué van a hacer las familias de esos niños hasta el mes de septiembre? ¿Cómo van a compaginar las actividades escolares de sus hijos con su trabajo profesional? ¿Quién se va a quedar al cuidado de los niños si han de salir de casa para ir a trabajar?

            La incertidumbre será total mientras no tengamos un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Porque en septiembre, aunque se tomen medidas físicas en cada uno de los centros, vamos a tener el mismo problema que ahora. Los docentes saben que el comportamiento del alumnado de Infantil es imprevisible y que con ellos va a ser imposible seguir unas estrictas normas sanitarias, empezando por esa distancia social que les resulta incomprensible. Y lo mismo se podría decir del alumnado de los dos primeros cursos de la etapa de Primaria. Su grado de madurez no alcanza para que sean conscientes de lo excepcional de la situación.

            Nos encontramos con intereses contrapuestos: las familias que no saben qué hacer con sus hijos en casa y los docentes que se ven incapaces de evitar los contagios en sus aulas. Por eso, si queremos que todos los centros educativos abran sus puertas en septiembre, que las familias puedan volver a sus labores profesionales y que los docentes no sufran un ataque de ansiedad cada vez que entren en una clase, no cabe otra que hacer test masivos y de forma regular a toda la comunidad educativa. Nuestras autoridades sanitarias han de garantizar que todas las personas que accedan a un centro escolar estén libres del coronavirus o certificar que ya han pasado la enfermedad. Solo de ese modo, las clases y demás actividades escolares se podrán desarrollar con cierto clima de tranquilidad, algo indispensable para que los centros escolares no se conviertan en unas simples guarderías donde aparcar a los niños durante unas horas al día.

La otra crisis: La locura del aborto

            La terrible pandemia que nos afecta ha necesitado que el personal sanitario y las instalaciones hospitalarias estén centrados en atender a todos los afectados por el virus y en prevenir el contagio de las personas afectadas por otras patologías crónicas. Por ello, se han suspendido todas las pruebas y consultas médicas que no eran urgentes, las farmacias de los hospitales hacen llegar la medicación al domicilio de sus pacientes, se han activado teléfonos de atención sanitaria…

            Francia ha adoptado medidas similares, aunque el ministro de Sanidad, el señor Olivier Véran, tiene una pavorosa preocupación añadida: el colapso sanitario ha reducido el número de abortos. Y ante esta apocalíptica realidad, ante este gran mal que podría suponer el aumento del consumo, la apertura de nuevas guarderías, el rejuvenecimiento de la población o el asentamiento futuro del sistema de pensiones, el Ministerio de Solidaridad y Salud francés ha reaccionado ideando un gran remedio: el establecimiento del aborto a domicilio. Si una mujer desea interrumpir para siempre su embarazo, no hará falta que se desplace a un hospital. Un equipo de personas con estudios sanitarios, que no merecen ser llamados médicos o enfermeros, se desplazarán a su casa para practicarle allí mismo el aborto.

            Ojalá el Gobierno español, si se diera el caso, vea en la disminución del número de abortos una auténtica bendición, un brote de esperanza que nos ayudará a superar el desastre provocado por esta pandemia. Ante tanto sufrimiento por el número de fallecidos y contagiados, la sonrisa de un bebé nos puede infundir en el alma el gozo que tanto necesitamos en estos momentos.

La otra crisis: Solidaridad funcionarial

      Los españoles ya estamos viendo la luz al final del larguísimo túnel de esta pandemia. Pero ahora nos vamos a topar de lleno con la cruda realidad: estamos sumidos en una terrible crisis económica que no afecta a todos por igual. Unos lo han perdido todo y no tienen ni para comer, y otros mantienen su puesto de trabajo e incluso, gracias al confinamiento que mantiene muchos comercios cerrados e imposibilita salir de compras, han visto crecer los ahorros en su cuenta bancaria.

            Si la crisis sanitaria, con miles de fallecidos y contagiados, no ha dejado indiferente a nadie, también la crisis económica debe interpelar a toda la población y más todavía a los que mantienen sus condiciones laborales intactas. Por eso cabría preguntarse qué puede hacer cada uno de nosotros para paliar las necesidades materiales de tantas personas. Eso sí, para muchos esa colaboración va a ser involuntaria e impuesta desde las altas esferas. Entonces la cuestión será cómo se reacciona ante esos recortes y si somos capaces de solidarizarnos con los que lo han perdido todo.

            Tras la crisis económica de la pasada década, el Gobierno de derechas de Rajoy tomó una serie de medidas restrictivas que obligaba a los funcionarios a apretarse el cinturón. La reacción de los maestros y profesores de los centros educativos públicos no se hizo esperar: mostraron cada semana su descontento a las puertas de sus colegios e institutos y eliminaron de su programación todas las salidas culturales y las excursiones previstas para su alumnado. ¿Y qué ocurrirá ahora cuando nuestro Gobierno de izquierdas no tenga más remedio que aplicar recortes salariales aún más duros a los funcionarios? Más de uno opina que, como gobiernan los defensores auténticos de los derechos sociales, serán muchos más comprensivos y no plantearán ninguna medida de protesta visible. Y es que no hay mal que por bien no venga. ¿No creen?

La otra crisis: Imposición del lenguaje inclusivo

          Quizá sea más una cuestión de humildad intelectual que de ignorancia, pues las personas que se autodenominan progresistas tienen la autoestima por las nubes. Por eso, entre sus filas, son cada vez más las que reniegan de la normativa lingüística de la Real Academia Española de la Lengua y utilizan de forma reiterada e insistente el lenguaje inclusivo, ese desdoble del género, femenino y masculino, que hace que sus oyentes sólo sean capaces de captar el significante y no el significado. Por eso, cuando esas personas quieren dejar clara una idea y que toda su audiencia sea sabedora, suelen utilizar sólo el género no marcado, que en nuestra lengua coincide con el género masculino.

            Las personas progresistas, como la vicepresidenta del Gobierno, la señora Carmen Calvo, están convencidas de que “parar el lenguaje inclusivo no está en las manos de nadie”. Su esperanza es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, colocar en la RAE a académicas y académicos de su cuerda que logren una mayoría suficiente para suprimir esa norma del uso del género neutro e imponer el lenguaje inclusivo a todas las españolas y a todos los españoles. De hecho, en la Comunidad Valenciana ya existe en todos los centros educativos una “comisión de igualdad”, encargada de revisar todos los textos oficiales para que estos utilicen siempre el lenguaje inclusivo. Además, en alguna universidad se exige a sus docentes que en sus clases magistrales se expresen con el desdoble de género.

            Y tras la imposición a la comunidad educativa, una vez se cambie la normativa, vendrá la coacción sobre los medios de comunicación, las celebraciones litúrgicas, las comunicaciones entre los organismos y la ciudadanía, las composiciones musicales, las obras artísticas, teatrales, cinematográficas y literarias, las conversaciones entre familiares y amigos…

            La única pega que encontrará esta oleada de género que nos está invadiendo vendrá de las otras veintidós academias que, junto a la española, forman la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿Claudicarán todas ellas ante la presión del lobby progresista? Esperemos que no, pues más de una, y más de uno, se pasará al inglés. ¿No creen?

La otra crisis: El protagonismo de la familia

Cheerful family doing arts and crafts together at the table at home in kitchen

            Los centros educativos permanecen cerrados y ya veremos si pueden reabrirse el próximo mes de septiembre. Por eso, pese a que muchos niños están recibiendo clases virtuales a través de diversas plataformas, la labor de las familias resulta imprescindible. Sin su dedicación, aliento, exigencia y entusiasmo, el rendimiento escolar de los niños sería insuficiente y, en muchos casos, inexistente.

            La ministra de Educación, la señora Celaá, cree que los hijos no pertenecen a sus padres. Pues claro que no. Pero ahora, gracias a esta pandemia, sí que ha quedado demostrado que el derecho primigenio a la educación de la prole la tienen sus padres. Porque ellos son los que, pase lo que pase y venga lo que venga, siempre estarán al cuidado de los niños, cosa imposible para ese Papá Estado de los gobiernos progresistas. El papel educativo y formativo de las familias se ha visto reforzado durante este estado de alarma sanitaria. Algunos dirán que no todas las familias se han preocupado por sus hijos. Eso es evidente. Pero no podemos hacer de la excepción una regla y despreocuparnos de ayudar y formar a esos padres para que asuman, y sepan llevar a cabo, sus responsabilidades para con sus hijos.

Este confinamiento ha servido para que toda la comunidad educativa, incluida la ministra Celaá, no dude nunca más del papel insustituible que tienen los padres en la educación de sus hijos. Sin su labor abnegada a lo largo de todos estos meses, ahora estaríamos hablando del inevitable y perenne fracaso de toda una generación de estudiantes.

La otra crisis: Una nueva ley educativa anticuada

            Nuestro Gobierno sigue mirando hacia otro lado, sin querer ver la realidad de esta crisis total, empeñado en sacar adelante un programa progresista incomprensible para todos aquellos que aún conservan el sentido común. ¿Cómo se le ocurre aprobar ahora una Ley de la Eutanasia que causa estupor a la sociedad española? ¿Cómo es posible que se plantee legislar sobre la muerte intencionada de enfermos y ancianos, cuando los españoles luchamos cada día por todo lo contrario?

            Y lo mismo pasa con esa nueva Ley de Educación que va a nacer caduca, fuera de contexto y sin posibilidad alguna de ponerla ya en práctica el próximo mes de septiembre. ¿Cómo es posible que estos días, cuando los colegios siguen cerrados y no se sabe qué pasará con el próximo curso, se vaya a aprobar la LOMLOE sin ningún consenso y con la intención de que entre en vigor este mismo verano?

            Un Ejecutivo que pone por delante su ideología antes que el bienestar de las personas, el sentido común y la verdad de las cosas, está incapacitado para seguir gobernando este país. Señor Sánchez, los españoles no nos merecemos un Gobierno sectario e incapaz que de toda situación trata de sacar rédito político.