Nuestro Gobierno progresista se ha acomodado muy pronto en la poltrona del poder y, pese a su irregular gestión de la pandemia, hasta las encuestas de intención de voto le son favorables. Y es que, antes de tomar una decisión intrascendente desde el punto de vista ideológico, trata de ver qué rédito político le va a proporcionar marcar un camino u otro y qué pretextos ha de esgrimir para justificarse si yerra. En cambio, cuando se trata de imponer su ideología de izquierda mediante normas y leyes, no se para a pensar nada, sino que trata de acelerar el proceso para que esté vigente cuanto antes y con la única justificación del “ordeno y mando porque sí”.
El regodeo mandatario de este Gobierno le ha hecho olvidar el pasado reciente de sus dirigentes. Ya no se acuerdan de los asedios a las sedes del Partido Popular, de sus asentamientos en pleno centro de Madrid, de sus proclamas exaltadas contra las supuestas mentiras de los gobernantes conservadores o su moción de censura a Rajoy tras hacerse pública una sentencia por un caso de corrupción.
Por eso ahora, cuando ya han transcurrido más de dos meses desde que Sánchez decretara el estado de alarma sanitaria, les ha pillado por sorpresa esas concentraciones ciudadanas que protestan contra su gestión de esta terrible crisis. Pensaban que sólo ellos podían tomar las calles y que nadie más lo haría mientras ostentaran el poder los únicos defensores posibles del pueblo llano.
La paciencia de muchos españoles se ha agotado tras más de sesenta días contemplando con impotencia las idas y venidas del Gobierno, sus decisiones arbitrarias y ajustadas a lo políticamente correcto, justificando una cosa y la contraria en cuestión de horas sin importarle quedar mal ante la opinión pública. Y ahí está la gran cacerolada que, cada vez en más ciudades, exige a Sánchez su dimisión y la convocatoria de elecciones. Una petición de dimisión que se basa sobretodo en la incompetencia e incapacidad de este Gobierno y menos en una mala fe que no se ha de presuponer por simple sentido común.

Algunas personas creen, sobretodo cuando son los de su cuerda los que ostentan el poder, que todo lo que el Gobierno dice y hace está bien, pues es infalible e incapaz de tomar una mala decisión, a sabiendas o no. Y por eso, para ser coherentes con su línea de pensamiento, tragan con leyes como la del aborto, la ideología de género, la eutanasia, el divorcio exprés, el matrimonio homosexual o la memoria histórica. Es más, se dejan embaucar por el discurso ideológico del Gobierno, que afirma que esas leyes eran necesarias porque defienden derechos fundamentales de la ciudadanía. Aceptan sin rechistar, también porque andan faltos de formación, y miran hacia otro lado cuando las meteduras de pata del Ejecutivo son más que evidentes.
Los niños valencianos de Educación Infantil y de Primaria no van a volver a las aulas hasta el próximo curso. Los más mayores sólo irán a su colegio si los cita su tutor para hacerles entrega de material escolar o para darles unas pautas claras si, por el motivo que fuere, no han podido aprovechar el tiempo a lo largo de estos dos meses que están sin clase.
La terrible pandemia que nos afecta ha necesitado que el personal sanitario y las instalaciones hospitalarias estén centrados en atender a todos los afectados por el virus y en prevenir el contagio de las personas afectadas por otras patologías crónicas. Por ello, se han suspendido todas las pruebas y consultas médicas que no eran urgentes, las farmacias de los hospitales hacen llegar la medicación al domicilio de sus pacientes, se han activado teléfonos de atención sanitaria…
Los españoles ya estamos viendo la luz al final del larguísimo túnel de esta pandemia. Pero ahora nos vamos a topar de lleno con la cruda realidad: estamos sumidos en una terrible crisis económica que no afecta a todos por igual. Unos lo han perdido todo y no tienen ni para comer, y otros mantienen su puesto de trabajo e incluso, gracias al confinamiento que mantiene muchos comercios cerrados e imposibilita salir de compras, han visto crecer los ahorros en su cuenta bancaria.
Quizá sea más una cuestión de humildad intelectual que de ignorancia, pues las personas que se autodenominan progresistas tienen la autoestima por las nubes. Por eso, entre sus filas, son cada vez más las que reniegan de la normativa lingüística de la Real Academia Española de la Lengua y utilizan de forma reiterada e insistente el lenguaje inclusivo, ese desdoble del género, femenino y masculino, que hace que sus oyentes sólo sean capaces de captar el significante y no el significado. Por eso, cuando esas personas quieren dejar clara una idea y que toda su audiencia sea sabedora, suelen utilizar sólo el género no marcado, que en nuestra lengua coincide con el género masculino.
Nuestro Gobierno sigue mirando hacia otro lado, sin querer ver la realidad de esta crisis total, empeñado en sacar adelante un programa progresista incomprensible para todos aquellos que aún conservan el sentido común. ¿Cómo se le ocurre aprobar ahora una Ley de la Eutanasia que causa estupor a la sociedad española? ¿Cómo es posible que se plantee legislar sobre la muerte intencionada de enfermos y ancianos, cuando los españoles luchamos cada día por todo lo contrario?