Algunas personas creen, sobretodo cuando son los de su cuerda los que ostentan el poder, que todo lo que el Gobierno dice y hace está bien, pues es infalible e incapaz de tomar una mala decisión, a sabiendas o no. Y por eso, para ser coherentes con su línea de pensamiento, tragan con leyes como la del aborto, la ideología de género, la eutanasia, el divorcio exprés, el matrimonio homosexual o la memoria histórica. Es más, se dejan embaucar por el discurso ideológico del Gobierno, que afirma que esas leyes eran necesarias porque defienden derechos fundamentales de la ciudadanía. Aceptan sin rechistar, también porque andan faltos de formación, y miran hacia otro lado cuando las meteduras de pata del Ejecutivo son más que evidentes.
Esa gente sin criterio, que diviniza el poder terreno que han alcanzado los suyos, influye sobremanera en los demás cuando disfrutan de un cargo de responsabilidad en los medios de comunicación, en instituciones educativas o en centros médicos. Y por este motivo, porque hay que dorarles la píldora si uno desea publicar, ganar una oposición docente o ejercer la medicina, el poder ideológico de este Gobierno progresista se extiende cada vez más por toda la sociedad. Tanto es así que ya nos han hecho creer que criticar al Gobierno es criticar al Estado, a España y a los españoles. Todo el que no acepta sus mandatos es un antipatriota, un traidor que merece ser silenciado por la fuerza de sus leyes. Esas leyes que solo defienden derechos particulares y ocurrencias ideológicas guiadas por el sentimentalismo.