Muchos son los que se han escandalizado al escuchar las declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas. Allí se atrevió a afirmar que el derecho de las familias para elegir el centro educativo no viene refrendado en la Constitución. Porque según ella, una cosa es la libertad de educación, la posibilidad de abrir un colegio o matricularse donde cada uno le venga en gana si tiene dinero para ello, y otra bien distinta es la libertad de elección utilizando unos recursos públicos que son limitados.
Pues resulta que la frustración de tantos ante las palabras de la señora Celaá se debe a la ignorancia o a la falta de información. Lo único que ha hecho es recordar un aspecto que la LOMLOE recoge. ¿Que qué es eso de la LOMLOE? Pues la ley educativa socialista que deroga la LOMCE del Partido Popular y modifica la LOE de Zapatero. Una ley que fue aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, 15 de febrero de 2019 y que aún no ha entrado en vigor, pues las Cortes se disolvieron enseguida al convocarse las elecciones generales en el mes de abril.
Esta ley, en su artículo 109, deja de considerar la demanda social como uno de los motivos para seguir con los conciertos educativos en los centros privados y establece el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se prioriza el llenar las aulas de los colegios públicos, para aprovechar sus recursos, y que los centros privados solo recibirán el concierto económico si sus aulas son precisas para acoger a todos aquellos alumnos que la pública no pueda asimilar. Así de claro.
Lo único que ha hecho la ministra Celaá es anunciar lo que va a venir y que ya quedó aprobado como ley: la desaparición de la libertad de elección de centro por la asfixia económica que van a sufrir todos los colegios privados concertados. Porque los progresistas, que se creen dueños y señores de lo público y dotados de una inteligencia superior, tienen claro que el que quiera una educación diferente a la que ellos ofertan a través en la enseñanza pública, la tendrá que pagar de su propio bolsillo. ¿Y qué pasa entonces con las familias sin recursos? ¿Dónde queda la libertad educativa para esas familias? ¿Será que quieren retomar la ya superada “lucha de clases”?
Eso sí, ahora que ninguna de esas familias que llevan a sus hijos a colegios concertados, y que han votado “progresista”, se quejen lo más mínimo. Y aún menos los profesores de la concertada que gracias a su voto siniestro se van a ir al paro. Cada uno tiene lo que se merece, ¿o va a ser que no?