Uno recuerda que fue en el año 1985 cuando el gobierno socialista de Felipe González despenalizó el aborto en tres supuestos. Según parece, existía una gran demanda social y eran cientos de miles las mujeres españolas que se desplazaban a otros países o arriesgaban su vida, la de su bebé se perdía sin remedio, si se sometían a un aborto clandestino. Después resultó que ese clamor popular, que justificó la aprobación del aborto en España, no se reflejó en las frías estadísticas. Ese mismo año y en el siguiente, poco más de quinientas mujeres decidieron poner punto final a su embarazo.
Como los supuestos de la ley de González eran un auténtico coladero, el número de abortos en España fue en aumento. Tanto es así que, en el año 2010, -cuando el número de abortos anual superaba con creces los cien mil-, el presidente Zapatero decidió convertir el aborto en un derecho y lo despenalizó del todo durante las 14 primeras semanas de embarazo.
Menos mal que el Partido Popular de Rajoy reaccionó con presteza y en su programa electoral, de cara a las elecciones generales de 2011, anunciaba que iba a derogar la ley del aborto de Zapatero y volver a considerar el aborto como un delito, excepto en aquellos tres supuestos de la ley de González.
Y así fue como, con la derogación de la ley del aborto como gran oferta programática, el señor Rajoy ganó con mayoría absoluta las elecciones de 2011. No tardó en encargar a su ministro Gallardón la elaboración de una nueva ley que, tiempo después, fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Ministros. La cuestión es que, tres días más tarde, el señor Rajoy retiraba esta propuesta de ley y el ministro Gallardón presentaba su dimisión. A partir de ese momento, año 2014, el Partido Popular comulgó con la ley de la liberalización del aborto de Zapatero con una sola discrepancia: las chicas de 16 y 17 años necesitarían el permiso de sus padres para poner interrumpir, sin vuelta atrás, su embarazo.
Y desde aquel fatídico año, el aborto no solo desapareció del programa electoral del Partido Popular, sino que también lo hizo del debate político y social.
Pero como la vida de casi dos millones de inocentes clama al cielo y a la conciencia de muchos, la liberalización del aborto vuelve a estar cuestionada a nivel político y, por lo tanto, a pie de calle. Porque la derogación del aborto no solo será la solución al problema del futuro pago de las pensiones, sino que supondrá una auténtica revolución moral. Veremos, como una tras otra, se irán superando todas las dificultades que en la actualidad nos agobian: desempleo, salarios injustos, violencia, fracaso escolar, nacionalismo excluyente… El tiempo lo dirá, si los españoles dan un paso adelante, claro está.

En España cada vez son más los pueblos abandonados a su suerte y condenados a desaparecer. La falta de trabajo es la razón que todos los jóvenes esgrimen para dejar sus raíces y emigrar a la ciudad. Pero más bien tendríamos que especificar que la verdadera causa es la falta de un puesto de trabajo… cómodo.
No hace muchos años, cuando el Partido Popular se regía por los pilares morales del humanismo cristiano, era normal que sus dirigentes y simpatizantes hablaran de la derogación del aborto, del derecho de todo niño a tener una mamá y un papá, de la regulación de las uniones sentimentales entre dos hombres o dos mujeres como parejas de hecho, de la legitimidad de la educación diferenciada, de la unidad de España y la ilegalización de partidos políticos con terroristas o delincuentes entre sus filas, de la primacía de los padres a decidir si sus hijos asisten o no a las charlas sobre educación sexual que se imparten en los colegios, de la posibilidad de atender a las personas homosexuales que se sienten infelices, del control de la inmigración ilegal, de la grandeza de aquel pacto de amnistía que nos brindó una nueva Constitución…
Cada año, miles de maestros que en su día ganaron una oposición se jubilan nada más cumplir los sesenta. Muchos de ellos están en el mejor momento de su vida laboral, con una experiencia dilatada, unos conocimientos asentados y, si la enfermedad les ha respetado, con una vitalidad que no tenían las personas de su misma edad en la década de los noventa. Hay que dejar paso a los jóvenes, suele ser la sentencia que dan cuando alguien les pregunta si ya tienen ganas de jubilarse o si desearían continuar hasta los sesenta y cinco años.
Otra vez ha quedado patente el talante violento y dictatorial de los independentistas catalanes en su intento por boicotear la presencia de la Familia Real en la entrega de los premios Princesa de Gerona.
Una tarde más la única persona que entró en la librería era un comercial que andaba desesperado por hacer alguna venta ese día. Al darse cuenta de que el librero tenía todo el tiempo del mundo, pues el establecimiento estaba vacío y nadie se paraba a contemplar el escaparate, aprovechó para contarle todas las bondades de su producto, las facilidades de pago y el excelente mantenimiento que ofrecían.
Si la aplicación de una ley genera una respuesta violenta, cabrá preguntarse si esa ley está basada en la verdad y en la búsqueda del bien común. De ser así, el acto violento que se genera al ser sancionada su transgresión estaría infundado y sería sancionable. ¿Y si se tratara de una ley injusta, basada en los intereses particulares de los que ostentan el poder? Pues tampoco estaría justificado el uso de la violencia, a no ser que peligrara la vida misma, ya que en nuestro país existen los mecanismos legales necesarios para derogar cualquier ley de forma pacífica y democrática.
Hoy en día, si uno quiere ser políticamente correcto, ha de hablar de igualdad sin importar a qué tema se refiera, ya sea laboral, familiar, social, político o educativo. Y así, con la palabra igualdad, a secas, sin preposición alguna, hemos de hilvanar todo discurso que salga de nuestra boca o del teclado de nuestro ordenador.
Parece mentira, pero los mismos progresistas que hace algunos años defendían esa máxima de Benjamin Franklin de que “es preferible que cien personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra”, asumen ahora la desaparición de la presunción de inocencia cuando es una mujer la que denuncia a un hombre. Además, se ha invertido la carga del aprueba y será este el que tendrá que demostrar su inocencia.