Nuestro Gobierno se siente omnipotente, pues nada ni nadie puede parar sus iniciativas ideológicas mal llamadas “progresistas”. Alguno pensaba que la gestión de la pandemia le iba a pasar factura, pero ahí está ese cálculo a la baja del número de víctimas mortales, un portavoz que acapara todas las críticas y un ministro de Sanidad que de filosofía sabe un montón, pues encuentra respuesta a cualquier cuestión que se le plantee.
Otros pensaban que muy pronto se convocarían unas nuevas elecciones generales, pues este Gobierno formado por socialistas y comunistas está lejos de contar con una mayoría estable que le permita aprobar y derogar presupuestos y leyes a su antojo. Esos ingenuos no pensaban que Pedro Sánchez estaba dispuesto a pactar con esos partidos políticos que solo desean independizarse de España. Esos partidos formados por unos políticos que están dispuestos a quebrantar el orden constitucional, aunque para acceder a su puesto en las Cortes prometieran, casi de mofa, su sometimiento al mismo.
Y así, gracias al apoyo de los que quieren la anarquía constitucional, el Gobierno de Sánchez sigue su ciego camino hacia el vacío existencial. ¿Y qué hace la oposición? Nada es lo que puede hacer, pues no cuenta con los votos suficientes para cambiar ni una coma de ley alguna. Y así andan, probando estrategias nuevas, resituándose en el espectro político o amenazando al Gobierno con innumerables demandas al Tribunal Supremo, al Constitucional y al de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Pero resulta que a este Gobierno no le para los pies nada ni nadie. Controla la fiscalía, a los jueces, la memoria “democrática” y hasta la vida y la muerte de niños y ancianos. Impondrá su ideología única en la educación y se ha autoproclamado el defensor de la única verdad: la suya. Desde ahora, algún miembro de este Gobierno decidirá lo que los medios de comunicación pueden o no hacer público. Y, claro está, toda crítica a su labor quedará censurada y sólo podremos escuchar y leer alabanzas y loas a su terrorífica gestión.
Aunque parezca increíble, todavía faltan tres largos años para que se convoquen, o no, las próximas elecciones generales. Y al ciudadano de a pie, confinado durante los próximos seis meses, no le queda otra que reflexionar para llegar a una conclusión: no siempre lo que decide la mayoría es lo mejor, lo verdadero. Y aún puede ir un poco más allá en su reflexión: el resultado en las próximas elecciones puede ser el mismo o aún peor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues preocuparse por ser personas excelentes y tratar de que los que estén a nuestro alrededor sigan el buen ejemplo. El camino es largo y el sufrimiento será intenso, pero a buen seguro que la verdad, esa que nos hace libres, volverá a brillar más pronto que tarde. ¡Claro que sí!

Pablo Iglesias sueña con una España republicana presidida por su persona de forma vitalicia y con derecho sucesorio. Una república con diecisiete estados independientes que le rendirían pleitesía por eterno agradecimiento.
Esta terrible pandemia, y el anterior y probable próximo confinamiento, está afectando también a algunos centros educativos concertados, sobre todo a aquellos que ofrecen módulos de formación profesional y que pueden perder la ayuda económica si no consiguen un mínimo número de matrículas. En esos casos, cuando la Administración no cubre los gastos de docencia de un curso, no cabe otra que privatizar, que el centro y los discentes asuman los costes, o suprimir ese módulo y enviar al paro a los profesores que lo impartían.
Los más pesimistas ya lo tienen claro: el próximo confinamiento está a la vuelta de la esquina. Y es que cada día aparecen nuevos brotes pese a la obligación del uso de la mascarilla, la desinfección constante de manos y el distanciamiento social. ¿Será posible que la expansión de este virus sólo se puede evitar si nos quedamos todos encerrados en nuestras casas?
Mis abuelos, hace ya bastantes años, pasaron unos días en Pamplona en plenas fiestas de San Fermín. La experiencia, según nos contaron, fue muy desagradable. Cuando de buena mañana salían a dar una vuelta para disfrutar del ambiente previo al encierro, tenían que ir muy atentos para no pisar a los que dormitaban tumbados en medio de la calle, rodeados de sus inmundicias y de un olor nauseabundo, una mezcla de alcohol, heces y orín.
Decenas de miles de personas han fallecido por culpa del coronavirus a lo largo de estos últimos meses. Y pese a ser una cifra inasumible, la mayoría de las familias españolas se ha librado de perder a alguno de sus miembros por esta maldita enfermedad. A todos nos ha llegado la noticia del fallecimiento de un conocido, del familiar lejano de un amigo o de ese personaje famoso, pero no nos ha tocado vivir y sufrir la muerte en soledad de un padre, de una abuela, de un hijo o de una hermana. Y quizá por eso no nos acabamos de tomar muy en serio esas medidas higiénicas y sociales tan necesarias para que no surjan nuevos rebrotes.
El partido Verde alemán pretende que sólo puedan trabajar en su sanidad pública aquellos médicos que estén dispuestos a realizar abortos. Más aún, quiere que en la carrera de Medicina exista una asignatura que capacite a los estudiantes para practicar futuros abortos. ¿Cómo es posible que atenten de una forma tan descarada contra la libertad de conciencia del personal sanitario? ¿Cómo les puede entrar en la cabeza el tratar de implantar una asignatura que niega una verdad científica tan evidente? Porque en el seno materno, desde el mismo momento de la concepción, crece un ser humano con un código genético único y con la necesidad de alcanzar una cierta madurez para poder sobrevivir, al cabo de nueve meses, fuera del cuerpo de su madre.
Los independentistas catalanes condenados por sedición ya disfrutan del tercer grado penitenciario. Unos dirán que se les ha aplicado un injusto trato de favor y otros que lo injusto era esa condena por saltarse “una ley española”. Lo que sí es cierto es la inmensa alegría que inundará el corazón de sus familiares y amigos y su falta de arrepentimiento. Los convictos ya han declarado que nada más puedan volverán a esas andadas independentistas que, al no estar amparadas por la ley, siguen siendo un delito.