La otra crisis: Exaltación irracional de lo público

            El Gobierno ha decidido que el curso escolar presencial ha terminado. Si todo va según lo previsto, será ya en el mes de septiembre cuando los centros educativos abran sus puertas para recibir a sus docentes y a sus discentes. Y este osado Gobierno pretende que, tras seis meses de parón obligatorio, la comunidad educativa retome su actividad bajo la regulación de una nueva Ley de Educación, la llamada LOMLOE. De ahí que sigan, sin importarles el confinamiento de toda la población, acortando plazos parlamentarios para aprobarla cuanto antes sin consenso alguno.

            ¿A qué es debida esa urgencia legislativa del Ejecutivo progresista? ¿Qué eso tan grave que aparece en la ley actual que es preciso derogar cuanto antes, sin importar el estado de desamparo que sufrimos los españoles? ¿Será porque la Religión es evaluable y tiene como alternativa una asignatura de valores sociales que hay que eliminar? ¿Será porque es imprescindible implantar otra asignatura con “sus valores”, obligatoria para todo el alumnado de Primaria y de Secundaria? ¿O estamos hablando de lo injustas que son para las escuelas públicas las evaluaciones externas previstas por la LOMCE? ¿O más bien les molesta que los centros privados concertados se beneficien de una “demanda social” amparada por la ley que es cada vez mayor?

            El pensamiento único que guía a las personas progresistas va mucho más allá de las cuestiones antes planteadas: hay que derogar la ley educativa del Partido Popular porque sus postulados son neoliberales, mercantilistas, capitalistas y enemigos de lo público. Los miembros del Gobierno y sus asesores ven en el texto de la LOMCE una amenaza seria y cierta hacia todo lo estatal. La capacidad de autogestión de los equipos directivos, las evaluaciones externas que fomentan la competitividad y la sumisión a intereses que van más allá de lo educativo y hasta el fomento del emprendimiento entre el alumnado. ¿Cómo es posible que una ley se atreva a fomentar y proponer entre sus discentes una iniciativa privada que es enemiga del Estado? Porque a este Gobierno progresista solo le interesa fomentar una cosa que siempre va a estar bajo su control: lo público. Todo aquello que huela a privado es corrupto, solo busca un beneficio económico ilícito, pues se obtiene explotando a la clase obrera. Entonces, ¿qué? ¿Nos hacemos todos funcionarios o más bien la idea es nacionalizar toda actividad privada para que sea Papá Estado el único que ordene y mande?

            Olvida este Gobierno que en las instituciones públicas trabajan también personas, que no ángeles, con la misma condición humana que tienen los empleados y los empleadores de la empresa privada. O sea, capaces de igual modo de lo mejor y de lo peor. ¿O acaso creen los expertos legisladores de esa nueva ley educativa que lo público está preservado de toda corrupción? No se puede ser tan ingenuo. No es posible que “los de arriba” aprueben unas leyes que no partan de la realidad, de la verdad. No es de recibo que, con la excusa de una supuesta búsqueda de la igualdad universal, nos priven de nuestro derecho a vivir en libertad.

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