La otra crisis: Subsidiaridad pervertida

            Ya nadie ignora las consecuencias totalitarias que devienen de aquellas palabras de la ministra de Educación, la señora Celaá, cuando afirmó que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Está claro que los hijos no son objetos, cosas que los padres poseen para manipularlas a su real antojo. Pero esa no es la idea que subyace en la aseveración de la ministra, sino que va más allá: despojar a las familias del derecho primigenio de educar a sus hijos. Un derecho natural que se fundamenta en que son los padres los que los han traído a la existencia y los mantienen en ella.

            Cuando el derecho a la educación recae en las familias, éstas son las que pueden elegir con legitimidad qué tipo de educación desean para su prole. Por eso, en esta realidad, es el Estado el que asume un papel subsidiario y ha de ayudar a las familias para que éstas puedan acceder al tipo de educación que han elegido. Pero si el derecho a educar a los niños no recae sobre sus padres, alguien tendrá que asumir esa responsabilidad. Y ese papel, gracias a la nueva ley de la ministra Celaá, se lo ha apropiado el Estado: se elimina de la ley el término de “demanda social”, el que colocaba a la Administración como subsidiaria de las demandas de las familias, y será el Estado el que asuma de primeras el derecho a la educación, quedando las familias y los colegios privados como subsidiarios. Éstos atenderán sólo al alumnado que no pueda acoger la escuela pública.

            Ante semejante panorama, digno de países con gobiernos totalitarios que desprecian la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surge la voz de personas sensatas que tratan de acercar las posturas de unos y de otros para que el sistema de conciertos educativos siga como hasta ahora. Porque la culpa del fracaso y del abandono escolar no deriva de la atención subsidiaria a esa “demanda social”. Tal es el deseo de acercar posturas por parte de las asociaciones de centros privados, que hasta están dispuestas a cambiar el término “subsidiario” por el de “complementario”. De ese modo, ya no estarán las familias o el Estado por encima o por debajo en el derecho a la educación de los niños, sino que ambos se complementarán en la búsqueda de lo que de verdad importa: una educación de calidad que beneficie tanto al alumnado de la escuela pública como al de la privada y, por ende, a la sociedad entera.

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