La otra crisis: soldados de honor

           Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, es una persona controvertida, imprevisible y empeñada en lograr el bien común para sus conciudadanos, empezando por sí mismo, claro está. Pese a todo, sorprendió al mundo entero cuando afirmó que iba a poner punto final a las guerras que están padeciendo los ucranianos, los rusos, los palestinos y los israelíes. Sus deseos no se han hecho realidad, pese a los visibles esfuerzos diplomáticos que está realizando con los mandatarios de los territorios implicados, y ha reaccionado con despecho, dando un ultimátum a Europa para que ponga los medios necesarios y solucione por sí misma los conflictos armados que le afectan directamente.

            Los dirigentes europeos han reaccionado de forma incomprensible, mostrando su incapacidad para seguir desempeñando sus funciones de gobierno. Y es que no se les ha ocurrido otra cosa que prometer una inversión de ochocientos mil millones de euros para iniciar una guerra preventiva y, ya de paso, repartir kits de supervivencia entre sus conciudadanos.

            Pedro Sánchez, que sigue como presidente del Gobierno gracias al apoyo puntual de partidos “pacifistas”, está entre la espada y la pared. Hasta el mismo Trump le está presionando para que aumente la inversión en defensa y Sánchez está condenado, si desea seguir en su cargo, a maquillar ese incremento de presupuesto militar para que sus socios comunistas de banquillo no se disgusten. De ahí que diga que España va a invertir en la modernización de equipos tecnológicos, en ciberseguridad, en sistemas de vigilancia o en escudos antimisiles.

            Señor presidente, no hace falta que eche a volar tanto su imaginación, pues su Gobierno tiene la clave para aumentar el gasto militar con el visto bueno de todo el arco parlamentario: tras aprobarse su ley por la unanimidad de todo el Congreso, el pasado 30 de octubre de 2024, apruebe un Real Decreto fantasioso y reconozca como militares, Soldados de Honor, a todos los pacientes de ELA de nuestro país. Así podrá dar luz verde para que se inviertan los 240 millones de euros que son necesarios para que se desarrolle de una vez esa ley y, de paso, se acercará a la cifra de gasto que Trump y Europa le exigen.

La otra crisis: un Día de la Paz Trans

            Todos los años, alrededor del 30 de enero, se celebra en los centros educativos el Día de la Paz. Una paz que nuestros dirigentes europeos ahora pretenden afianzar con una guerra preventiva contra Rusia o contra quien se precie a poner en duda la supremacía caduca de este viejo continente. Eso sí, como no se olvidan de nuestra fragilidad mundana, nos quieren dotar de kits de supervivencia para que podamos resistir unos pocos días tras los supuestos ataques bélicos de los nuevos enemigos rebuscados. Además, más pronto que tarde, se iniciará una campaña de propaganda institucional para que los jóvenes parados, que son legión, formen en fila a las puertas de los cuarteles y así poder recibir la formación militar debida y las órdenes oportunas.

            ¿Y qué pasará entonces con la celebración colegial del Día de la Paz el próximo 30 de enero? ¿Qué maestro se va a atrever a hablar a sus alumnos sobre los valores del pacifismo, si en esas fechas ya andamos envueltos en un conflicto armado provocado por no se sabe qué intereses ocultos? Algunos iluminados ya han dado con la solución: la redefinición de ese día como el Día de la Paz Trans. Y lo que fue una jornada donde se cantaba por la paz en el mundo y la hermandad entre todas las personas de buena voluntad, se transformará en un día donde se les instruirá en el uso del kit de supervivencia ante los cortes de suministros, en la búsqueda de los refugios antiaéreos en el caso de sufrir un bombardeo convencional y también en el rezo de alguna oración de súplica cuando lo que vaya a caer sobre el colegio sea un misil nuclear.

La otra crisis: cantos por la paz

            Ahora que este mundo está sumido en incontables conflictos armados y que en Europa resuenan de nuevo unos tambores de guerra inexplicables, convendría recordar aquella canción de José Luis Perales titulada Que canten los niños. ¿Cómo es posible que nuestros gobernantes traten de justificar el gasto de ochocientos mil millones de euros para un rearme preventivo ante una supuesta amenaza mundial por parte de Rusia? ¿Pero es que nos hemos vuelto locos o qué? ¿Cómo se atreven a poner en riego el presente y el futuro de nuestros hijos? ¿Tanta ineptitud poseen para sentirse incapaces de lograr un acuerdo de paz antes de mandar al matadero a sus ciudadanos? Como bien han dicho algunos, toda guerra finaliza con un acuerdo de paz. Pues que se invierta esta vez el proceso y empiecen por el acuerdo pacífico y que a la guerra vayan los políticos y sus familiares que sean incapaces de lograr ese pacto o estén en desacuerdo con el mismo.

            Los niños alzan su voz día tras día, mostrando su inocencia y su alegría de vivir, pero algunos políticos no quieren ni pueden escuchar. Pues lo dicho, no hace falta que nuestros gobernantes se gasten esos cientos de miles de millones de euros. Mejor es que carguen con una escopeta fallida de feria y se lo jueguen todo con un tiro al blanco con tapones de corcho. ¿No creen?

La otra crisis: polariza y vencerás

            Algunos opinan que Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, lo está haciendo todo mal y realmente no es así. Aunque les parezca increíble, ha sido capaz de encontrar y poner en práctica una fórmula mágica para perpetuarse en el tiempo: divide y vencerás. De este modo, diferenciando dos tipos de partidos en el ala conservadora, derecha y ultraderecha, y creando un muro que los separe del resto de la población española, ha conseguido que los ciudadanos que votan a la derecha se enfrenten entre ellos y que el resto de los españoles denominados progresistas los considere, a unos y a otros, como unos apestados que nunca jamás deberían volver a regentar el poder gubernamental.

            Y visto el éxito conseguido por Sánchez durante estos siete años, algunos presidentes autonómicos conservadores están dispuestos a obrar de la misma forma y utilizan esa táctica de la polarización para ver si a ellos también les resulta igual de efectiva. Ahí tenemos, por ejemplo, al gobierno valenciano, que se ha sacado de la manga una consulta lingüística para que las familias elijan la lengua vehicular en la que sus hijos serán educados a partir del próximo curso. Y en esas andan muchas familias, divididas entre las que eligen valenciano y las que eligen español, temerosas todas de que a sus hijos los separen de sus amigos de toda la vida o se queden sin la posibilidad de utilizar los bancos de libros si eligen una cosa u otra. Ahí tenemos también a los equipos directivos, a sus respectivos claustros y a las asociaciones de padres tratando de convencer a unos y a otros para que voten en un sentido o en el contrario.

            Visto lo visto, todo parece indicar que la fórmula mágica de Sánchez no va a funcionar en la Comunidad Valenciana. Más bien al contrario, pues la convocatoria de esta votación lingüística va a servir a los partidos de izquierda, ahora más unidos y concienciados que nunca tas la terrible Dana, como arma arrojadiza en las próximas elecciones autonómicas.

La otra crisis: lo urgente y lo importante

            La falta de medios materiales y también la ausencia de docentes, y de ganas de complicarse la vida, conforman la venda que impide ver lo que de verdad importa, para quedarse con lo que urge en el día a día en cualquier centro escolar. De ahí que, por ejemplo, no se realice un curso de prevención sobre el buen uso de los móviles para todo el alumnado o se deje de programar y de ejecutar un plan de formación para las familias de los discentes. Porque lo que urge son otras cosas, como conseguir que los alumnos disruptivos se tranquilicen y permitan que el maestro de turno pueda impartir sus clases con normalidad.

            Algo parecido ocurrió cuando se aprobó con relativa urgencia, y con la unanimidad de todo el Parlamento, una ley que ampara las necesidades de los enfermos de ELA y de sus familias. Y ahí se quedaron nuestros representantes políticos, en lo urgente, y siguen obviando lo importante: hay que aprobar la dotación económica que financie esa ley y así se pueda llevar a cabo.

            La ley que legaliza la eutanasia también se aprobó con urgencia, sin contar con la opinión de los expertos en cuidados paliativos y sin el consenso político del Parlamento, pero esta vez no se olvidaron de lo importante: dar luz verde a la financiación para que se pueda ejecutar con rapidez y eficacia a las personas que pidan morir antes de hora.

            Y ante esta falta de coherencia, ante esta dejadez inexplicable, uno se pregunta por qué ocurre esto y por qué nadie mueve un dedo para remediar esta terrible injusticia. Visto lo visto, no quedará otra que empezar a tener un comportamiento disruptivo.

La otra crisis: el interés del bien

            La polarización terminológica se ha propagado desde la clase política a la ciudadanía, afectando incluso a la Casa Real y a los discursos del Rey Felipe VI. Ya no sólo referida al uso del lenguaje inclusivo de forma abusiva o ignorado del todo, sino que también ha aparecido a la hora de designar a todo aquello que nos conviene. Unos, los que se autoproclaman “progresistas”, desdoblan el género hasta la extenuación, y los otros, a los que se les podría tildar de “academicistas”, se empeñan en todo lo contrario. Del mismo modo, unos hablarán del “interés general”, y los otros, del “bien común”.

            Aunque también es cierto que, en referencia al lenguaje inclusivo, cuando una persona progresista desea hablar con claridad para que todo el mundo entienda bien qué es lo que quiere decir, o si está enojada y trata de corregir una acción de forma inmediata, utilizará con énfasis lo que la Real Academia Española denomina el “género no marcado”, que en el caso del español coincide con el género masculino.

            Las posiciones ideológicas y políticas están claras a la hora de utilizar o no el lenguaje inclusivo, pero esto no ocurre cuando una persona desea hablar de lo que conviene o no a la ciudadanía. El término “interés general”, que es subjetivo porque los intereses son cambiantes y pueden dejar de lado a la verdad, es la expresión favorita para los miembros del Gobierno y también para los que forman parte del principal partido de la oposición. En cambio, la expresión “bien común”, un término objetivo porque el bien no es mutable y es ajeno a los intereses particulares o generales, fue utilizado reiteradamente por Felipe VI en su discurso de Navidad y también por María Luisa Gutiérrez, productora de la película “Infiltrada”, durante su razonamiento tras recibir el premio Goya a la mejor película.

            De ahí que se pueda deducir que, al igual que ocurre con el lenguaje inclusivo, cuando una persona habla de temas vitales y desea incidir en la necesidad de que la verdad salga a la luz y prevalezca sobre los intereses inconfesables de algunos, se referirá al término “bien común”. Porque la búsqueda del bien es una constante en la vida de todo ser humano, pues es el motor de su actuar y la esperanza que nunca le ha de faltar.

La otra crisis: no volvieron a casa por Navidad

            Nuestra clase política anda muy preocupada por el reparto de los menores inmigrantes que han ido llegando por miles a las Islas Canarias. Visto desde fuera, parece que sólo les preocupa qué porcentaje de esos menores les corresponde custodiar a unas comunidades autónomas o a otras. Alguno pensará que ese deseo de “colocación” es una muestra de su desvelo por buscar lo mejor para esos menores. Pero no se puede obviar que lo más beneficioso para un menor, donde está su verdadero bien, es vivir junto a su familia y bajo el amparo de sus padres. Por eso, la idea primigenia de toda política migratoria debería ser crear las condiciones necesarias para que estos menores pudieran regresar a un hogar digno junto a los suyos.

            Como segunda opción, si el retorno de los menores a su país no fuera posible por la precariedad económica en la que estos viven, por los conflictos armados o por otros motivos, correspondería a las autoridades de esas naciones entablar un diálogo con el Gobierno de España para propiciar que esos menores puedan crecer junto a sus familias en nuestro país.

            Y si esto último tampoco fuera posible, se debería buscar familias de acogida, preferiblemente de la misma religión, cultura e idioma, para que estos menores crezcan con unos vínculos seguros y amparados por una familia.

            La última opción debería ser repartir a estos niños y adolescentes, que más bien parece ser un “quitarse de encima”, por centros de acogida diseminados por todo el país, condenándonos a una orfandad prematura que en nada les beneficia y que sin duda les dificultará su integración social, cultural y profesional.

La otra crisis: la misma pasta

            Nuestro sistema educativo ha apostado tan fuerte por la igualdad entre los discentes que ésta prevalece en las aulas por encima de la calidad. Si hay que elegir entre igualdad o calidad, sin dudarlo por un instante, será la igualdad la que sobresalga, aunque esto suponga rebajar la exigencia académica y convertir las aulas en centros recreativos donde se realizan innumerables proyectos lúdicos y tecnológicos que entretienen hasta a los alumnos más disruptivos, pero que aportan más bien poco al crecimiento intelectual de los que sí están dispuestos a aprender alguna cosa.

            Por eso sorprende tanto, en estos tiempos en que la ideología progresista no se cansa de defender esa idílica igualdad, que alguna ministra insista una y otra vez en afirmar que “nosotros no somos como vosotros” y no haga nada por remediarlo. Algo habrá que hacer desde las más altas instancias si las personas que militan en otros partidos políticos de derechas y sus votantes no son iguales a todos aquellos que pertenecen y están en la órbita de los partidos del frente progresista.

            Alguno afirmará que nada se debería hacer, pues la realidad judicial se está imponiendo día tras día, mostrando a las claras que todos estamos hechos de la misma pasta. Ya que todas las personas, sin importar su ideología política, son capaces de lo mejor y de lo peor. Y si no, tiempo al tiempo.

La otra crisis: Aborto y precariedad laboral

            La peor noticia no es que en España se realizaron más de cien mil abortos en el año 2023, sino que han sido muy pocas las personas que se han visto interpeladas por esta cifra escandalosa, terrorífica y bochornosa. El aborto ha sido asumido por la población como si se tratara de un método anticonceptivo más, y son bien pocas las mujeres que se plantean dar en adopción a ese hijo que ya vive en sus entrañas, pese a que las listas de espera de familias que desearían acoger a ese niño son interminables.

            Un servidor, que se dedica a la docencia de forma precaria por falta de alumnos que deseen cursar la asignatura de Religión y que acaba de recibir el pago de una nómina de 500€, quiere denunciar que con la muerte de esos cien mil niños inocentes también se ha truncado el proyecto profesional de seis mil maestras de jardín de infancia, de cinco mil maestros de Infantil y de Primaria, y de otros cuatro mil profesores de Secundaria. Y así, un año tras otro. Pues desde el desgraciado 1985, año en el que se aprobó el aborto en España, son más de cien mil los docentes que se han visto privados de su puesto de trabajo o que han sido contratados con jornadas reducidas.

            El aborto es una desgracia, no un derecho. La vida sí que es un derecho que todo ser humano tiene desde el mismo momento de su concepción y hasta su muerte natural. Al igual que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y todavía más si su función es ayudar a las familias en la educación de sus hijos. De ahí que me atreva a decirle al señor Pedro Sánchez: “menos aborto y más dignidad”.

La otra crisis: la esperanza en el descarte

            Empezó un nuevo curso con la ilusión a flor de piel, con la expectación de conocer a sus nuevos alumnos y compañeros de aventura. Pero pronto llegó ese otoño que sume en la melancolía a las personas vulnerables que sienten cómo se tambalea su proyecto de vida. Entre ese colectivo de personas sensibles se encuentran los docentes de religión de los colegios e institutos públicos de la Comunidad Valenciana.

            Y es que ya se cuentan por cientos los maestros de religión católica que, pese a tener un contrato indefinido desde hace años, han visto reducida drásticamente su jornada laboral y la posibilidad de sacar adelante a su familia por culpa de esa disminución proporcional de sus ingresos. Y da igual que dispongan de doble titulación universitaria, un máster en dirección o incluso un doctorado en Educación, pues la normativa vigente les impide realizar cualquier tipo de sustitución o impartir asignaturas compatibles con los títulos que figuran en su currículo que les diera la posibilidad de ampliar su jornada laboral.

            Cada vez son menos las familias que deciden matricular a sus hijos en la asignatura de religión. Tanto es así que la matrícula tiende al cero sobre todo en aquellos centros educativos donde su equipo directivo es contrario a la misma y hasta algún tutor se atreve a entrevistarse con las familias que sí matricularon a sus hijos para animarlas a cambiar de opinión. ¿Qué pasaría si un maestro de religión hiciera algo parecido y llamase una por una a todas las familias que no han inscrito a sus hijos en religión para que recapacitaran y cambiaran su decisión primera? Lástima que no lo podamos averiguar porque ninguno se atreve a ello.

            Empezó un nuevo curso con las aulas de religión vacías y las horas repletas de apoyos ficticios que maquillan un poco la jornada laboral de algunos docentes. Algo tendremos que hacer.