Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, es una persona controvertida, imprevisible y empeñada en lograr el bien común para sus conciudadanos, empezando por sí mismo, claro está. Pese a todo, sorprendió al mundo entero cuando afirmó que iba a poner punto final a las guerras que están padeciendo los ucranianos, los rusos, los palestinos y los israelíes. Sus deseos no se han hecho realidad, pese a los visibles esfuerzos diplomáticos que está realizando con los mandatarios de los territorios implicados, y ha reaccionado con despecho, dando un ultimátum a Europa para que ponga los medios necesarios y solucione por sí misma los conflictos armados que le afectan directamente.
Los dirigentes europeos han reaccionado de forma incomprensible, mostrando su incapacidad para seguir desempeñando sus funciones de gobierno. Y es que no se les ha ocurrido otra cosa que prometer una inversión de ochocientos mil millones de euros para iniciar una guerra preventiva y, ya de paso, repartir kits de supervivencia entre sus conciudadanos.
Pedro Sánchez, que sigue como presidente del Gobierno gracias al apoyo puntual de partidos “pacifistas”, está entre la espada y la pared. Hasta el mismo Trump le está presionando para que aumente la inversión en defensa y Sánchez está condenado, si desea seguir en su cargo, a maquillar ese incremento de presupuesto militar para que sus socios comunistas de banquillo no se disgusten. De ahí que diga que España va a invertir en la modernización de equipos tecnológicos, en ciberseguridad, en sistemas de vigilancia o en escudos antimisiles.
Señor presidente, no hace falta que eche a volar tanto su imaginación, pues su Gobierno tiene la clave para aumentar el gasto militar con el visto bueno de todo el arco parlamentario: tras aprobarse su ley por la unanimidad de todo el Congreso, el pasado 30 de octubre de 2024, apruebe un Real Decreto fantasioso y reconozca como militares, Soldados de Honor, a todos los pacientes de ELA de nuestro país. Así podrá dar luz verde para que se inviertan los 240 millones de euros que son necesarios para que se desarrolle de una vez esa ley y, de paso, se acercará a la cifra de gasto que Trump y Europa le exigen.
