La otra crisis: La vacuna económica

            Un comité de expertos y sabios se ha reunido para planificar el próximo curso escolar y, tras mucho deliberar, han llegado a la siguiente conclusión: todo va a seguir igual, incluidos los grupos burbuja. Bueno, todo menos la distancia de seguridad, que pasará del metro y medio actual al metro y veinte centímetros. Las mesas dentro de las aulas se acercarán un palmo más unas a otras. ¡Qué maravilla más maravillosa!

            Más de uno se preguntará si alguien de ese grupo de expertos ha pisado una sola escuela durante el presente curso escolar. La respuesta es irrelevante, pues esa medida estrella para el próximo curso sólo tiene una explicación: las restricciones económicas. A los docentes y a los discentes les da la risa cuando oyen eso de reducir treinta centímetros la distancia entre pupitres, pero nuestros políticos, muy serios ellos, sí que han calculado el número de desdobles de aula que ya no van a hacer falta gracias a esta simple medida métrica y el ahorro que esto va a suponer para las mermadas arcas públicas.

            Las mascarillas también harán acto de presencia en los centros escolares el próximo curso y eso que en algunas comunidades autónomas suponen un gasto extraordinario al dispensarlas de forma gratuita a todos los docentes. Y otra vez nos preguntamos si alguno de estos sabios ha visitado un colegio a lo largo de este curso que ya termina. Resulta que el desgaste psicológico es constante, sobretodo para esos maestros de los primeros cursos de Primaria que han de estar cada minuto del día encima de sus alumnos para que se pongan bien la dichosa mascarilla. ¿Para qué se han vacunado los docentes si todo va a seguir igual? ¿Cómo es posible que la única diferencia entre un curso sin vacunación y otro con la vacuna puesta sea esos treinta centímetros de distancia entre pupitres? ¿Para esto tanta insistencia en eso de que es preciso vacunarse porque se salvan vidas?

            Alguno dirá que menos mal que se mantienen los grupos burbuja. Sí, aunque aquí también manda la economía. Y si no que se lo digan a esos pequeños centros escolares que, por indicaciones del inspector de turno, han despedido a unos cuantos monitores de comedor porque no daban los números. Y así, por reducir los gastos, esos grupos burbuja se han disuelto dentro de los comedores escolares y en las actividades extraescolares. Pero que no cunda el pánico… ¡los docentes y los monitores están ya vacunados!

La otra crisis: Lenguaje exclusivo

           Parece ser que en los colegios franceses van a restringir el uso del lenguaje inclusivo, el que hace referencia en todo momento a hombres y mujeres, para facilitar la expresión escrita y oral a su alumnado. Se trata sobretodo de eliminar esas barras y puntos que se suelen utilizar para que quede constancia de que nos estamos refiriendo a ambos géneros y que tanto dificultan la lectura y la escritura. Aún recuerdo aquella reunión docente para modificar un documento interno y la lectura de uno de sus artículos: “Los/las alumnos/as cuyos padres/madres o tutores/as legales pidan una entrevista con los/las maestros/as de sus hijos/as (…)”. Cuando terminé de leerlo nos miramos todos y sobrevino un incómodo silencio. Ninguno de los presentes se había enterado de qué iba el artículo en cuestión y así ocurrió con casi todo el documento. Fue un mero trámite donde no se modificó ni una sola coma del texto original. Y si esto les pasa a personas adultas con formación universitaria, mucho más a los niños que están aprendiendo a leer y a escribir.

            La Real Academia Española nos indica que el masculino puede utilizarse como género no marcado e incluir de esta forma al género femenino. También nos habla de la “economía del lenguaje” y de la necesidad de evitar interferencias a la hora de leer y de escribir. A esta necesidad se refieren muchos escritores en la introducción de sus libros para justificar el no desdoble del género en sus obras. También los políticos, por muy progresistas que sean, se adhieren a esta norma de la RAE cuando quieren transmitir con claridad ante su audiencia una idea que consideran importante.

            Tampoco podemos obviar que el lenguaje inclusivo sólo desdobla al conjunto de alumnos que ocupan una clase: pasamos de un “buenos días” generalizado a un “buenos días, chicos” y un “buenos días, chicas”. Pero ahí siguen los niños, ninguneados dentro de la masa de alumnos, y ahí siguen las niñas, innominadas dentro del conjunto de alumnas. Por eso, dejemos a un lado el lenguaje inclusivo y pasemos a utilizar el lenguaje exclusivo, pues todos nuestros alumnos se merecen un trato personalizado y que el maestro se dirija a cada uno de ellos por su nombre y mirándolos a los ojos. Así, de ese modo, lograremos crear el vínculo de afecto que activará la motivación que necesitan para dar lo mejor de sí mismos.

La otra crisis: Educación no mixta

            Algemesí es una ciudad singular, cuna de las llamadas “torres humanas”, a las que allí denominan “muixerangues” y en Cataluña “castellers”, que son un reclamo único en las fiestas en honor a la “Mare de Déu de la Salut”. Esta fiesta fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2011.

            Pues resulta que en Algemesí existen dos agrupaciones “muixerangueres”: una “conservadora”, que pertenece al Patronato de la Fiesta de la “Mare de Déu”, y otra “progresista”, que decidió en su día ir por libre y participar en todo tipo de eventos y no sólo en las procesiones en honor a la Patrona del pueblo. En esta última, denominada “Nova Muixeranga d’Algemesí”, se acaba de crear una comisión “sólo de mujeres”, pues quieren disponer de un espacio donde no se vean influenciadas por los puntos de vista masculinos. Y están en todo su derecho a hacerlo, aunque también deberían estar dispuestas a que se tilde a esta comisión, al igual que hacen con algunos centros educativos, de una agrupación “segregadora”.

            Dicen que “más vale prevenir que curar” y por eso las mujeres que pertenecen a esta comisión se han adelantado a los acontecimientos y la han denominado como “no mixta”. Han huido de la denominación que usan los colegios que, según algunos, segregan a su alumnado y se autodefinen como centros educativos de educación diferenciada. Ni se les ha pasado por la cabeza que su comisión “sólo de mujeres” sea una comisión diferenciada y, muchísimo menos, que es una comisión que segrega, que margina, a los hombres. Están en todo su derecho, al igual que los padres lo tienen para elegir una “educación no mixta” para sus hijos.

La otra crisis: El castellano como reclamo

            Hasta hace algunos años, los centros educativos de la Comunidad Valenciana con dos o más aulas por nivel podían tener una línea de educación en valenciano y otra en castellano. Así, de ese modo, se adaptaban un poco más a la diversidad lingüística y cultural de su alumnado. Y es que, aunque el valenciano es la lengua materna en muchas localidades de esta comunidad, la mayoría de las familias migrantes que viven en nuestras ciudades se decantan por aprender antes el castellano que el valenciano.

            Pues resulta que un buen día la Consejería de Educación decidió cambiar el plan lingüístico e instó a los centros educativos a que eligieran una única lengua vehicular para todos los escolares. El resultado fue que la inmensa mayoría de centros públicos eligieron el valenciano, a excepción de los colegios que están situados en poblaciones donde la lengua materna es el castellano. Más aún, pues también muchos centros privados concertados se decantaron por el valenciano para acomodarse mejor a la realidad lingüística de la mayoría de su alumnado y recibir, ya de paso, unas subvenciones extras que no vienen nada mal en estos tiempos de crisis.

            Llega el mes de mayo y con él el periodo de matriculación. No hace falta ser muy avispado para saber que la oferta educativa es mayor que la demanda proveniente de las familias con hijos en edad escolar. Durante estos días, los Equipos Directivos, los Claustros de profesores y las AMPA no cejan en su empeño de promocionar por todos los medios disponibles su modelo educativo, sus actividades extraescolares, sus instalaciones deportivas o unos servicios adicionales sin igual que capten la atención de las familias y logren un mínimo de matrículas que aseguren la continuidad de todas sus unidades escolares.

            Pero resulta que hay colegios que no pueden ofrecer a las familias nada fuera de lo común, pues cuentan con unas instalaciones deficientes o están situados en barriadas con un bajo nivel cultural y económico donde no se le da importancia ninguna a un modelo educativo vanguardista. ¿Qué hacer en estos casos para conseguir un mínimo número de matrículas que les asegure el permanecer abiertos? Pues quizás ha llegado el momento de cambiar de estrategia, adaptarse a la realidad lingüística de la mayoría de su alumnado y optar por el castellano como lengua vehicular. Y así, un modesto colegio público de una ciudad podría convertirse en el único centro de la población donde los hijos de las familias castellano hablantes que lo deseen puedan cursar sus estudios con un mayor rendimiento y provecho.

La otra crisis: Una muerte natural asegurada

            Nuestro Gobierno progresista y sus socios nacionalistas e independentistas han aprobado en pleno estado de alarma una ley de la eutanasia que la sociedad española ni demandaba ni esperaba. A la hora de elaborar esta ley no se ha tenido en cuenta el parecer de ninguna asociación médica ni tampoco el informe negativo del Comité de bioética que asesora a las instituciones públicas.

            Gracias a Pedro Sánchez y a sus secuaces la vida de una persona se valorará según su productividad y su proyección en el tiempo. Y que no digan que a nadie se le va a obligar a hacer uso de la eutanasia, pues el mero hecho de que ésta esté aprobada hace que la población asuma que hay vidas que no merecen ser vividas. Ahí está, por ejemplo, el parecer de una niña de once años, que espetó a sus compañeros de clase el siguiente razonamiento: “¿Por qué tienen que vacunar contra el virus a las personas mayores y no a los niños? ¡Ellos ya han vivido suficiente y nosotros tenemos toda la vida por delante!”.

            Y la cosa no queda ahí, pues la ley prevé que los suicidios asistidos y las muertes provocadas por el personal sanitario constarán en los informes médicos como “muertes por causas naturales”. Y uno se pregunta, porque la pela es la pela, qué van a hacer las aseguradoras con semejante falacia. ¿Aceptarán que los herederos de sus asegurados cobren el seguro de vida cuando recurran a la eutanasia porque se tratará de una “muerte por causas naturales”? ¿Exigirán el pago de una prima superior a aquellas personas que estén dispuestas a poner punto final a su vida si la incapacidad o el sufrimiento se cruzan en su camino? Ante semejante despropósito legislativo cabe esperar un recurso o una impugnación de parte de cualquier persona o asociación con un poco de sentido común. ¿No creen?

La otra crisis: Una infancia sufriente

Irene Montero, ministra de Igualdad, como madre previsora que es, ya entrevé el sufrimiento que les espera a sus hijos cuando se matriculen en un centro escolar si gobierna la derecha en la Comunidad de Madrid y no se aprueba una Ley de Igualdad progresista. Ahí se ve que hace muchos años que no pisa una escuela, pues la causa del sufrimiento de su alumnado no suele ser la negación de una terapia de conversión de género. Aquí se demuestra también su ignorancia legislativa, pues a nivel comunitario hay leyes de Igualdad, también bajo gobiernos del Partido Popular, que priorizan los deseos de los hijos sobre el parecer de sus padres. Y hasta pueden perder la patria potestad si se niegan a iniciar esa terapia de conversión que su hijo pide, aunque éste no haya cumplido ni los siete años. Así que la falta de libertad la tienen los progenitores y no los niños que, en su inmadurez e ignorancia, o en la de algunos políticos, piensan que la causa de su infelicidad está en su confusión sexual.

            Cuando los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias vayan al colegio, si es que no optan por educarlos en casa con profesores particulares, sus padres y abuelos caerán en la cuenta de qué asuntos son los que hacen sufrir a sus pequeños: el acoso escolar, la falta de generosidad o el aislamiento causado por algún compañero, los castigos injustos, las normas que impiden hacer lo que a uno le viene en gana, una enfermedad que les imposibilite jugar con los demás… Aunque es bien cierto que mucho antes de esa supuesta escolarización, y quizás ya ahora, habrán experimentado qué es lo que de verdad más hace sufrir a un niño: la falta de muestras de cariño entre su papá y su mamá, que son las personas que el pequeño más quiere en este mundo.

La otra crisis: El eclipse de los centros de Educación Especial

            La nueva Ley de Educación, la llamada Lomloe, apuesta por la plena integración en las aulas de Centros ordinarios de todos aquellos discentes con alguna diversidad funcional física o psíquica. Y es que nuestro Gobierno considera que los Centros de Educación Especial son una especie de gueto donde se discrimina a las personas que no se ajustan a los cánones que se consideran normales.

            Pero va y resulta que donde de verdad se aplica esa supuesta discriminación, esa selección eugenésica que debería causarnos espanto, es tras un diagnóstico prenatal desfavorable. Esa persona que tendrá todo el derecho del mundo a ser integrada en Centros ordinarios cuando alcance la edad de escolarización, no tiene derecho a existir si su diversidad funcional es detectada en el seno materno. De hecho, por ejemplo, y aunque la película “Campeones” nos emocione hasta la lágrima, el nacimiento de un niño con Síndrome de Down es algo excepcional hoy en día.

            Y la cosa no queda ahí, pues dentro de unas cuantas semanas entrará en vigor esa ley que permite aplicar la eutanasia a todos aquellos que aleguen una enfermedad crónica o un sufrimiento insoportable. En otros países, donde la eutanasia está vigente desde hace algunos años, la ley ha degenerado para que también puedan hacer uso de ella los bebés, los niños y las personas discapacitadas de cualquier rango de edad. Eso quiere decir que aquí en España, de seguir el mismo camino, se podrá acabar con la vida de las personas con diversidad funcional que se libraron en su día, por el motivo que fuere, de ser abortadas.

            España ha apostado fuerte por la cultura de la muerte y por eso será una realidad, más pronto que tarde, ese franco deseo que tiene la Lomloe por cerrar los Centros de Educación Especial. Aunque, claro está, el motivo principal de este cierre no será la plena integración de los discentes con diversidad funcional en los Centros ordinarios.

La otra crisis: Una promoción incoherente y estéril

El periodo de matrícula en los centros educativos dará comienzo en unas pocas semanas. Aquí en la Comunidad Valenciana ya se ha publicado qué aulas de Infantil y de Primaria se suprimirán si no se alcanza un mínimo número de alumnos inscritos. Es por eso por lo que algunos claustros y asociaciones familiares han iniciado en las redes sociales una campaña de promoción “a la desesperada”, pues cada vez son menos los niños en edad escolar. Para colmo, el índice de natalidad está disminuyendo aún más por culpa de la crisis social y económica que está provocando la pandemia.

            En algunos colegios públicos se han puesto manos a la obra en esto de la promoción. Ya no hay actividad que no se fotografíe y se publicite en todo tipo de red social y con esa petición explícita que anima a compartir la noticia y dejar algún comentario que ayude a su mayor difusión. Pero ese afán se está topando con la cruda realidad: hay más oferta que demanda y la motivación de su profesorado, aún siendo mucha, es menor que la que se da en los claustros de los centros privados concertados. Y es que los maestros funcionarios de la pública sólo se juegan el disfrutar de un destino cerca de su casa y los maestros de la privada se están jugando su puesto de trabajo y el sustento de su familia.

            Quizá por eso los maestros de la privada han dado un paso más en eso de la promoción y predican con el ejemplo: matriculan a sus hijos en los centros donde imparten clase. En cambio, se da el caso en algunos colegios públicos, necesitados como agua de mayo de nuevas matrículas, en que ni uno solo de los hijos de sus docentes estudia allí. Con esa actitud, ¿cómo van a convencer a otras familias del barrio para que cambien de opinión y matriculen ahí a sus hijos y no en aquel colegio concertado cercano? Lo más probable es que alguna de esas familias, echando mano del refranero, les salga con un “no quieras para los demás lo que no quieras para ti”. ¿No creen?

La otra crisis: Luto progresista

Si uno analiza la ideología denominada “progresista”, puede llegar a la conclusión de que su programa solo pretende una cosa: la propagación de la cultura de la muerte.

            Ahí tenemos el divorcio exprés, esa separación de una mujer y de un hombre sin necesidad de que haya causa alguna y con la posibilidad de que se produzca de forma unilateral. Y al sufrimiento de los hijos implicados en esa ruptura se le suma la predecible decisión de ese hombre y de esa mujer de no tener más hijos con su futura pareja.

            La ley del aborto española, que consagra como un derecho fundamental la posibilidad de acabar con la vida del no nacido, es la constatación de la sinrazón de una ideología que, para imponerse en la sociedad, pisotea la dignidad de las personas.

            La ideología de género, donde el sentimiento y el deseo nublan la razón y las evidencias científicas, está condenando a la infertilidad perenne, a la infelicidad y a la amargura constante, a todos esos niños que están recibiendo tratamientos hormonales desde su más tierna infancia. Y todo ello sin que sus padres puedan hacer nada por impedirlo, pues se arriesgan a perder su custodia si no se pliegan a esta ideología de la esterilidad.

            Y ahora, al igual que lo hiciera el terrible régimen nazi, acaban de aprobar la ley de la eutanasia, ésa que abrirá las puertas de la muerte a todos esos ancianos y enfermos terminales que se sientan como una carga para el pretendido “estado del bienestar”. Es del todo macabro que el objetivo implícito de la eutanasia sea acabar con el elevado coste de los tratamientos médicos y de las pensiones. También borrará de un plumazo el supuesto agobio y preocupación filial de algunos hijos. Y así, en los centros médicos donde antaño se luchó sin descanso por salvarles la vida, se les inoculará a nuestros ancianos no ya esa vacuna que recibieron en primicia, sino una sustancia mortal que les producirá, según establece esta nueva ley de la eutanasia, una “muerte natural”.

            Por eso, y por algunas cosas más, sería conveniente que toda esta gente que se autodenomina “progresista”, fieles seguidores de la cultura de la muerte, vistieran siempre enlutados. De ese modo, hasta los más despistados serán sabedores de a qué se exponen si les dan su voto en las próximas elecciones generales. ¿No les parece?

La otra crisis: Un falso derecho a decidir

            Aún resuenan en el Parlamento los aplausos entusiastas de los diputados que aprobaron la Ley de la eutanasia hace unos pocos días. Parece ser que han descubierto que el derecho a decidir está por encima de todo y de todos. Por eso resulta inexplicable que hayan establecido que el personal sanitario que plantee su objeción de conciencia, que decida no aplicar la eutanasia a sus pacientes, aparecerá registrado en una “lista negra” de objetores y a la espera de saber qué consecuencias tendrá para su futuro desarrollo profesional en la carrera médica.

            Y es que nuestro Parlamento, de mayoría progresista, tiene más que claro que todos los españoles tenemos derecho a decidir… sólo lo que ellos decidan que decidamos. Por eso uno puede decidir vacunarse, siempre y cuando se encuentre encuadrado dentro del grupo de candidatos que las autoridades sanitarias han establecido. Y también al revés, uno puede decidir no vacunarse… y atenerse a las consecuencias laborales y sociales.

            Los españoles, gracias a nuestro Gobierno, también podremos decidir si poner punto final a nuestra vida o aguantar con lo que haya. Eso sí, siempre y cuando estemos al borde de la muerte, con sufrimientos insoportables o con una depresión que no nos deje ver más allá del abismo. Aunque, claro está, no nos estará permitido decidir si nos ponemos o no el casco de la moto o el cinturón de seguridad del coche, si nuestros hijos van a ese o a otro colegio o si reciben o no esa charla de contenido extracurricular que, por ejemplo, les va a poner al día de cómo usar los métodos anticonceptivos. Porque este Gobierno ha encumbrado con propaganda falsaria el “derecho a decidir”, pero es él el que dictamina los contenidos y los límites de ese siniestro derecho a decidir.