La otra crisis: Obsesión de género

          Este Gobierno de extremo progreso es un especialista en jugar con medias verdades para conseguir el beneplácito de la opinión pública. Dijo que en su nuevo proyecto de ley el área de religión sería de elección voluntaria por parte de las familias, cuando ya lo viene siendo desde hace cuarenta años. Ahora nos viene con la exaltación de las actividades complementarias escolares, como si fueran el único momento donde los discentes reciben educación en el respeto, la igualdad, la libertad, la solidaridad… Unas sesiones que suelen ser impartidas por personal no docente y ajeno al centro escolar, con unos objetivos y contenidos que no aparecen descritos en la Programación General Anual y, por lo tanto, desconocidos para las familias, los docentes y el alumnado.

            Este Gobierno progresista, al que tanto le gusta el diálogo con los independentistas, amenaza con llevar a los tribunales de justicia a todo aquel que ose oponerse a recibir algunas de esas actividades complementarias. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso pretenden hacernos creer que el contenido de todas esas prácticas complementarias goza con el beneplácito de la verdad absoluta? ¿Acaso pretenden hacernos creer que los docentes, cuando imparten sus asignaturas, no tratan de educar a sus alumnos en el respeto, el amor a la libertad o en la igualdad de derechos que todas las personas tienen por el simple hecho de serlo? ¿A qué se debe esa obsesión por que todos sin excepción realicen esas actividades complementarias? ¿No será porque en ellas se imparten sin control parental toda esa ideología de género que los docentes con recto sentido común se niegan a mostrar en sus clases?

            La anormal reacción de nuestro Gobierno, y de los medios de comunicación afines, ante la noticia de la aplicación del “pin parental” en Murcia, deja en evidencia la conveniencia de que las familias sean informadas de los objetivos, los contenidos, la metodología y las prácticas de todas las actividades complementarias que se vayan a realizar en el centro educativo de sus hijos. Si tan maravillosas son para la formación integral del alumnado, seguro que no tendrán ningún inconveniente en hacer pública y manifiesta toda esa información. ¿O va a ser que no?

La otra crisis: Altanería de Estado

           Este Gobierno progresista se cree de verdad que tiene el derecho primigenio para educar a los menores de este país. Y ese ilegítimo derecho nace de una soberbia desorbitada, pues piensa que puede realizar esa labor educativa mejor que las propias familias. En vez de programar un plan de formación familiar que dote de herramientas eficaces a los padres, ha decidido inundar las aulas de actividades complementarias y académicas que abarquen una educación integral (e ideológica) que, a buen seguro, se quedará coja sin la colaboración de los progenitores.

            Este Gobierno pretende cargar sobre la conciencia de los docentes con una responsabilidad inconmensurable: la de educar a su alumnado en todos los aspectos de la vida humana. Y por eso deberán ser expertos en educación vial, bucal, alimentaria, higiénica, deportiva, sensorial, afectiva, familiar, cósmica, digital, virtual, ética, ecológica, cultural, literaria, musical, teatral, matemática, social, natural, química, física, en igualdad, en diversidad de género, en libertad (sexual)…

            El Gobierno sabe que no habrá ninguna queja por parte del profesorado, pues a cambio de todo esto les va a eximir de una gran responsabilidad: la formación religiosa de sus discentes. Esta sí que va a desaparecer de la escuela. Serán los padres los que lleven a cabo esta labor en su propia casa, y solo dentro de ella, por supuesto. ¡Faltaría más!

La otra crisis: Paternidad progresista

           Nuestra ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá, lo tiene más que claro: “Los hijos no pertenecen a los padres”. Por eso, será este Gobierno progresista el que ejercerá la patria potestad por mandato legislativo, y también judicial, y velará con un “amor de Estado” por que los derechos de los menores no sean menoscabados por sus padres; esos seres interesados que solo buscan su propio bien y jamás el de los hijos que han parido.

            Olvidan los miembros de este Gobierno, quizá por poco instruidos o por ser desconocedores de lo que pasa en la vida real, que a todo derecho se le ha de vincular un deber. Y así, si la ministra progresista se arroga el derecho de educar a nuestros hijos, también deberá asumir todas las responsabilidades económicas, laborales y demás que vienen asociadas a la crianza de la prole. O todo o nada. ¿No lo cree justo, señora Celaá? ¡Cómo añoran algunos progresistas de nuevo cuño el régimen comunista de la antigua URSS!

La otra crisis: Desfachatez progresista

           Resulta indignante el descaro que muestran algunos miembros de este nuevo Gobierno progresista ante las interpelaciones incómodas de los periodistas. Ahí tenemos al vicepresidente Pablo Iglesias que, ante la pregunta de Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, de qué le parecía que su pareja también formara parte de este Gobierno, respondía que ya estaba bien de discriminar a las mujeres por el hecho de serlo o por ser parientes de determinados hombres. ¿Será posible semejante majadería? Pues no, señor Iglesias. La crítica sería la misma si usted hubiera colocado en este Gobierno a cualquier miembro, que no miembra, de su familia. Sí, y si su pareja, en vez de ser Irene Montero, fuera un noble y capaz varón, también hubiera sido recriminado por enchufismo dictatorial.

            Resulta insultante la desfachatez mostrada por el presidente Sánchez cuando se le echa encara el nombramiento de la exministra de Justicia, la señora Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado y éste responde que no duda de su capacidad y currículo para acceder a este cargo. Pues claro que no, señor Sánchez. Pero la cuestión es otra: ¿Dónde queda la imparcialidad de esta nueva fiscal si ha formado parte del Gobierno que la ha colocado en el cargo? ¿O resultará, como ya le sucediera a Sánchez, que a partir de este momento la señora Delgado es una nueva persona que nada tiene que ver, quizá solo por el nombre y los apellidos, con la que fuera ministra de Justicia? ¿Será posible semejante desvarío progresista?

La otra crisis: Sin progresismo no hay recompensa

            Algunos ciudadanos están perplejos por la falta de espíritu crítico existente entre los diputados socialistas ante las continuas y graves contradicciones de su líder Pedro Sánchez. Y todo es por su falta de libertad, pues el que se mueva no saldrá en la foto. Y todo porque algunos dirigentes políticos no saben hacer otra cosa, su currículo no da para más, y quedarse fuera del Parlamento puede suponer engrosar las listas del paro hasta el día de su jubilación.

            Algunos ciudadanos están perplejos ante el cambio de talante de los medios de comunicación “conservadores”. De forma continua y acelerada dejaron de decir “violencia doméstica” para pasarse a la forma progresista de “violencia machista” o “violencia de género”. Del mismo modo, han adoptado el lenguaje inclusivo de las notas de prensa que les envía el gobierno progresista de turno. Y todo porque temen perder los contratos publicitarios de las instituciones públicas. Y es que se están jugando el pan de su casa… y la libertad de prensa.

            Este nuevo Gobierno progresista ha conseguido que la perplejidad también haya llegado al campo educativo. Y es que hay colegios de educación diferenciada que ya utilizan en sus comunicaciones internas y externas el lenguaje inclusivo. Más aún, alguno ha eliminado de su ideario el párrafo donde se decía que la educación era solo para chicos o para chicas. Y todo por el temor a parecer retrógrados y perder el concierto educativo que les sostiene. Y es que se están jugando el poder ofrecer una educación de calidad a todos y a todas… ¿o va a ser justo lo contrario?

La otra crisis: Fariseísmo abortivo

           Irene Montero, nueva ministra de Igualdad y actual pareja del vicepresidente Iglesias, ha decidido reformar la actual ley del aborto para permitir de nuevo que las chicas de dieciséis y diecisiete años puedan abortar sin contar con el consentimiento de sus progenitores. Y claro, algunos seguidores del expresidente Rajoy se han rasgado las vestiduras ante semejante barbaridad. ¡Menudo escándalo más que progresista!

            Los que ahora critican esta iniciativa de la señorita Montero, olvidan cuál fue el motivo de la dimisión del ministro Gallardón cuando el Gobierno de Rajoy contaba con la mayoría absoluta. Rajoy decidió que la ley de Zapatero, la que considera el aborto como un derecho y no como un delito despenalizado en tres supuestos, debía perdurar por siempre. Y se negó a que la nueva ley prevista por Gallardón, la que negaba ese vil derecho y que fue aprobada por unanimidad por su Consejo de Ministros, iniciara su periplo parlamentario. Rajoy renunció a cumplir con una de sus promesas electorales, Gallardón dimitió por coherencia y dignidad, y se sacaron de debajo de la manga esa ridícula reforma del consentimiento paternal para las menores de edad.

            Algunos se escandalizan ahora, cuando el verdadero escándalo lo fraguó la cobardía de un gobierno popular que no se atrevió a derogar ni una sola de las leyes progresistas de Zapatero. ¡Qué vergüenza!

La otra crisis: El mercantilismo de Correos

          Es admirable la cultura religiosa que tienen en la oficina de correos de mi ciudad. A diferencia de muchos, saben que el tiempo litúrgico de Navidad finaliza el domingo siguiente a la celebración de la Epifanía, con el Bautismo de Jesús, que este año cae el domingo, 12 de enero. Por eso, no les ha pesado lo más mínimo entregar las felicitaciones navideñas de sus humildes clientes, enviadas a mediados de diciembre, durante los días 9 y 10 de enero. Y es que… ¡aún era Navidad!

            Eso sí, los paquetes que Papá Noel y sus Majestades mandaron a través de Amazon llegaron puntuales al máximo y sin queja ninguna. Ahí se ve qué mueve hoy en día a Correos y cuáles son sus prioridades. Y es que, aunque sea Navidad, “la pela es la pela”.

La otra crisis: Religión y falsedad

            Los dos partidos progresistas que forman el nuevo Gobierno de España han decidido que la asignatura de religión sea de elección voluntaria por parte del alumnado, no tenga alternativa y no compute para el boletín de notas. Y con solo esta propuesta ya queda más que patente su incapacidad para gobernar este país.

            Resulta que existen unos acuerdos “inter Apostolicam Sedem et Nationem Hispanam”, firmados en el año 1979, donde en el Artículo II del segundo acuerdo se afirma lo siguiente: “Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”. ¿Será verdad que ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias son sabedores de esta realidad educativa pretérita? ¿O más bien pretenden aprovecharse de la buena fe de las personas desconocedoras de esta verdad, para que vean comprensible la degradación que va a sufrir esta asignatura?

            La asignatura de religión es voluntaria desde hace cuarenta años, y no por el explícito deseo de la coalición progresista que nos pretende gobernar, y se incumplirán los acuerdos de carácter internacional si se la trata de forma discriminatoria con respecto al resto de asignaturas, eliminando una alternativa que también tiene valor académico.

            Queda clara la pretensión de este nuevo gobierno: transformar la asignatura de religión en una especie de actividad extraescolar que acabe desapareciendo por inanición. Pero la solución está en nuestras manos, en la de los profesores de religión que han de lucirse aún más si cabe y en la de las familias que, aunque suponga un plus de esfuerzo, han de seguir matriculando a sus hijos en esta asignatura. Es mucho lo que está en juego, de ahí el empeño ciego de todos aquellos que no creen ni en la verdad ni en la libertad.

La otra crisis: ¿Generosidad sin justicia?

            Si la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, la generosidad será ir aún más allá y colmar con creces lo que en justicia nos es merecido. Por eso, cuando el nuevo Gobierno de España afirma que va a aumentar hasta un 5% del PIB el presupuesto dedicado a la Educación, nos quiere vender una generosidad que no es tal. En este caso solo podemos hablar de propaganda y del mantenimiento de una ideología progresista que solo trata de beneficiar a la escuela pública.

Este nuevo Gobierno atenta contra la justicia, contra el derecho que toda familia tiene para elegir en libertad la educación que desea para sus hijos, ya sea pública o privada. Si al final solo prevalece un tipo de educación, la escuela pública y laicista, desaparece la libertad. Para que esta exista, las familias sin recursos también han de poder elegir.

            Este nuevo Gobierno nos quiere vender una generosidad sin justicia, una falacia dictatorial que se asemeja a aquel otro totalitarismo que adormecía a sus súbditos con “circo y pan”.

La otra crisis: Un boicot político surrealista

            El día 3 de diciembre se constituyen las Cortes y también se formará la Mesa del Congreso. Y Vox, la tercera fuerza política en estas últimas elecciones generales, se va a quedar fuera de esta Mesa porque así lo ha decidido Pedro Sánchez, sus socios de extrema izquierda y también los partidos separatistas.

            Esto parece el mundo al revés, pues los partidos políticos que desean y jalean la derogación de nuestra Constitución, el cambio del sistema parlamentario y la proclamación de una república y la desmembración de España en diferentes estados nacionales son los que llevan la voz cantante en el Congreso y los que van a decidir que Vox, un partido que aboga por el cumplimiento de las leyes, por la unidad de España y la aceptación del marco constitucional, quede excluido del órgano rector de la Cámara Baja. Ver para creer.

            Y no nos engañemos, pues si esto mismo lo hubieran hecho Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, impidiendo la presencia de Podemos, no faltarían ya los altercados callejeros, las amenazas sindicales y hasta el anuncio de una huelga general indefinida. Porque la extrema izquierda solo concibe una cosa: regentar el poder, ya sea por las buenas, con la fuerza de los votos, o por las malas, con “la fuerza del pueblo”. Y ahí tenemos, por desgracia, el ejemplo de algunos países sudamericanos, donde la derecha ganó las elecciones y la izquierda ha decidido “asaltar” el poder al precio que sea, con el uso de la violencia y cueste el tiempo que cueste.