Nuestro Gobierno sigue con su particular locura legislativa, aprobando reales decretos y demás leyes ideológicas por la vía de urgencia, como si pensase que su final está cerca, a la vuelta de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Y ahí tenemos ahora una Ley de familias que, entre otras cosas, ampliará el tiempo de permiso de maternidad y la cobertura del subsidio a todas las madres, sean o no trabajadoras por cuenta ajena. Su objetivo no es incentivar la natalidad, sino ampliar derechos a esos españoles que aún tienen la ocurrencia de tener descendencia. Y es que la ministra Irene Montero sabe, como madre de familia numerosa que es, lo provechosas que son esas semanas de permiso remunerado para crear vínculos afectivos con el hijo recién nacido y lo bien que vienen esos cien euros mensuales para comprar pañales y leche en polvo para el biberón.
Algo parecido ocurrirá dentro de algunos años, cuando la eutanasia sea una triste y consolidada realidad. El ministerio del ramo se apiadará de todos aquellos que aún cuiden de sus familiares enfermos y ancianos con una reducción de su jornada laboral y una subvención en la compra de productos farmacéuticos. Para nada su intención será la de disminuir la sangría de muertes prematuras, sino la de hacer la vida un poco más agradable a los sufridos españoles que aún se hagan cargo de los suyos.
Y es que si un gobierno pretende de verdad fomentar la natalidad sólo ha de tomar una decisión: derogar la Ley del aborto y salvaguardar a las genuinas víctimas. Todo lo demás es puro artificio, hipocresía egocéntrica que ahonda en este fallido “Estado del bienestar” que está justificando auténticas aberraciones legislativas.
Y es que, en un futuro cercano nada utópico, cuando un gobierno pretenda poner freno a la masacre de enfermos y ancianos sólo tendrá que tomar una decisión: derogar la Ley de la eutanasia. Todo lo demás será pura demagogia, pues el resto de las medidas andarán desenfocadas al olvidarse de las víctimas reales.