En mi ciudad, como en muchas otras, el 2020 pasará a la historia por ser el año con el menor número de nacimientos. Tanto es así que, la oferta de plazas escolares del primer curso del segundo ciclo de Infantil para el próximo curso, el 2023/24, doblará a la demanda de matrícula por parte de las familias.
Alguno pensará que, de ese modo, desaparecerán las listas de espera que tienen algunos centros educativos privados concertados. Pero quizá ocurra todo lo contrario, pues por la baja natalidad y el único sustento poblacional de la inmigración, los centros públicos se están convirtiendo en auténticos guetos conformados por aquellas familias poco predispuestas a que sus hijos sean educados en el ideario católico de los colegios privados.
Visto este panorama, poco favorable para los colegios públicos, uno se pregunta por qué la señora Irene Montero, ministra de Igualdad, está tan preocupada por liberalizar el aborto y agravar, de ese modo, la desigualdad entre esos colegios públicos y los privados concertados. ¿Quién puede entender que entre las competencias del Ministerio de Igualdad se encuentre la ampliación del aborto? ¿Qué “igualdad” se logra o con qué se “iguala” cuando una mujer aborta a su hijo no nacido? ¿Acaso pretende hacernos creer la señora Montero que su “igualdad” está en que toda mujer podrá acabar con la vida de su hijo cuando lo desee y de forma gratuita?
A ver si nos aclaramos, señora ministra. Si usted desea de verdad promocionar la igualdad entre las mujeres, y entre los colegios públicos y privados, ha de legislar para que todas las mujeres embarazadas puedan llevar a cabo un mismo y loable fin: traer al mundo a sus hijos.