Es un candidato ideal para que dentro de un tiempo, en un futuro más o menos lejano, se le aplique la eutanasia aunque no se cuente con su consentimiento explícito. Y es que padece una enfermedad crónica que merma de forma progresiva sus capacidades físicas y, por ende, también las psíquicas. Una enfermedad que resultaría mortal si no fuera tratada con una medicación de un elevado coste y que todos los españoles le pagan con sus impuestos.
Y todo porque la pendiente de la eutanasia, una vez aprobada, se irá inclinando para abarcar un sinfín de supuestos y liberalizar la edad de los candidatos a esa muerte denominada como digna y que no es más que un exterminio legalizado, al igual que ha ocurrido con el aborto en nuestro país.
Esta ley, tiempo al tiempo, señalará a todas aquellas personas que resulten una carga económica o asistencial para el resto de la sociedad y les abocará a que pidan la eutanasia por pura filantropía. Más aún, ante la próxima quiebra del sistema de pensiones, cuando la generación del baby boom llegué a la edad del júbilo, el gobierno progresista de turno podría decretar que el cobro de una pensión quedara limitado a un año natural. Transcurrido ese tiempo, se le daría dos opciones: sobrevivir con sus propios medios económicos o aplicarse de forma “voluntaria” la eutanasia.
Alguno dirá que los casos de eutanasia son más bien escasos: 180 muertos en este primer año de su aplicación. Eso mismo ocurrió cuando se aprobó la ley del aborto. Por ejemplo, en el año 1986 fueron 411 los niños abortados, y ahora la cifra se acerca a los cien mil anuales.
Tiempo al tiempo y ya veremos si el próximo gobierno conservador no se empeña en “conservar” también todas esas leyes ideológicas y sectarias aprobadas por el Gobierno de Sánchez, tal y como ya hiciera el señor Rajoy tras la catastrófica presidencia de Zapatero.