La nueva ley de Educación, la llamada Lomloe, da prioridad a la educación pública sobre la privada y elimina el concepto de “demanda social” que atendía a la libertad de elección de los padres. A partir de ahora, si se aplica a rajatabla la ley, solo se concertarán las unidades escolares que hagan falta tras completar la ratio en las clases de los centros públicos. Y todo porque la oferta de plazas escolares supera con creces a la demanda y el cierre definitivo por falta de alumnado se cierne sobre muchos colegios públicos. Una demanda que cada vez es menor por culpa de la baja natalidad, pues estamos sumidos en un invierno demográfico que ya parece perenne.
Otra gran preocupación, que debería quitar el sueño a nuestros gobernantes desde la época de Zapatero, es saber cómo se van a pagar las pensiones de la generación del “baby boom”. Y todo porque llegará el día en que habrá más pensionistas que cotizantes. Y esto es así por culpa del ya mencionado invierno demográfico.
¿Y qué está haciendo nuestro Gobierno progresista para que tras este largo invierno llegue por fin la primavera? Pues apostar por la defensa de la vida de perros y gatos y demás animales domésticos y ampliar los plazos para abortar a los seres humanos sin tener que alegar motivo alguno.
Este pasado año se realizaron en España más de ochenta mil abortos. Por culpa de esta ley inmoral, y solo con los datos de 2020 en la mano, van a quedar vacías más de cuatro mil aulas y más de cinco mil maestros no van a empezar a cotizar a la Seguridad Social. Por eso, la primera medida que debería adoptar este Gobierno, si de verdad le importa proteger la educación pública y el pago de las pensiones, sería la de derogar la ley del aborto. Todo lo demás son palabras huecas, falacias ideológicas y obras estériles.